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Consejo de Ministros

ElConsejo de Estado dirimirá la limitación de los aforamientos

  • El Gobierno inicia el proceso de la reforma constitucional y garantiza la "inviolabilidad del Rey"

  • Alud de críticas de PP, Podemos y Ciudadanos

Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros. Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros.

Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros. / EFE

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El Consejo de Ministros ha decidido este viernes encomendar al Consejo de Estado la propuesta de reforma de los artículos de la Constitución (71.3 y 102.1) que establecen el aforamiento de los diputados, senadores y miembros del Gobierno.

La ministra portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha afirmado que el objetivo de esta reforma es "reducir el aforamiento político al estricto ejercicio de las funciones del cargo público", y ha añadido que la intervención del Consejo de Estado asegura la calidad democrática de la reforma.

El Gobierno ha dado inicio al proceso de reforma constitucional para eliminar los aforamientos con un encargo al organismo consultivo para que elabore una propuesta a este respecto, que se centrará exclusivamente en los miembros del Ejecutivo y los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones. La reforma, anunciada por Pedro Sánchez, no abordará, por tanto, la cuestión de la inviolabilidad del Rey, según acordó el Consejo de Ministros.

Celaá explicó que el objetivo es "reducir el aforamiento político al estricto ejercicio de las funciones del cargo público" y que la intervención del Consejo de Estado asegura la calidad normativa de la reforma y favorece "el logro del consenso" para aprobarla.

El Gobierno aún tendrá que aprobar el proyecto de la reforma constitucional tras recibir el informe del Consejo de Estado y será entonces cuando lo remita al Congreso para que pueda ser aprobada en un plazo de 60 días, según calcula, "si hay voluntad de acuerdo" por parte de las fuerzas políticas.

Los artículos que se modificarán son el 71.3, en el que se establece que "en las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo", y el 102.1, que recoge que "la responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso" ante la misma Sala. Por lo que respecta a los delitos de corrupción que se puedan cometer durante el ejercicio del cargo, Celaá afirmó que "sí, obviamente" se deben sacar este tipo de delitos del aforamiento y que esa es "la voluntad política" que tiene el Ejecutivo.

En todo caso, la reforma constitucional marcará la supresión del aforamiento pero será la ley después la que "aborde las cuestiones procesales" vinculadas a la nueva redacción de la Constitución, subrayó la portavoz.

Para Celaá, las distintos grupos parlamentarios no deberían tener "a priori" ningún veto a esta medida, ya que existe una "gran demanda social" para eliminar los aforamientos y se ha producido también un acuerdo político "genérico" en el Parlamento para restringir esta figura. A su juicio, se trata de que el aforamiento deje de ser "un privilegio" y sirva exclusivamente para garantizar el ejercicio de la labor constitucional de los parlamentarios y miembros del Ejecutivo.

La reacción de los partidos fue en general crítica con este proceso, empezando por Ciudadanos, que advirtió de que los delitos de corrupción no deben formar parte del aforamiento y recordó que la moción que se aprobó el martes en el Congreso fue para eliminar ese "privilegio" ante cualquier delito. "Eso es lo que se votó, y cualquier otra iniciativa que tome el Gobierno será un fraude a esa votación", dijo el secretario general de Cs, José Manuel Villegas.

Para el PP, la propuesta de reforma de Sánchez es sólo una "cortina de humo", reiteró su secretario general, Teodoro García Egea. Los populares ya han manifestado esta semana que la reforma constitucional debería abordar otras cuestiones más prioritarias, como derogar la disposición transitoria cuarta sobre la incorporación de Navarra al País Vasco.

Pero Celaá dejó claro que la reforma es sólo para modificar el régimen de aforamientos de parlamentarios y miembros del Gobierno, sin incluir otras cuestiones. Podemos también consideró que si se inicia una reforma de la Constitución debe ser "en serio" para abordar otros asuntos como las políticas sociales, según afirmó el diputado Íñigo Errejón.

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