Vox expulsa definitivamente a Javier Ortega Smith del partido por desobediencia

El Comité de Garantías de Vox ha acordado la expulsión definitiva de Javier Ortega Smith del partido este jueves, tras considerar que cometió una infracción muy grave al negarse a cumplir la orden del Comité Ejecutivo Nacional que le relevaba de la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid. La decisión supone la pérdida de su condición de afiliado, aunque el exsecretario general aún puede presentar dos recursos según el régimen interno de la formación.

Ortega Smith, cofundador de Vox con el número 6 de afiliado, fue expedientado por desobediencia tras frustrar su relevo en favor de la concejala Arantxa Cabello, una decisión que había sido acordada por unanimidad por el Comité Ejecutivo Nacional. El pasado 24 de febrero, el político acudió al Pleno en calidad de portavoz coincidiendo con Cabello y llegando incluso a desautorizar y reprender sus actuaciones, según denuncian fuentes del partido.

La organización ha criticado duramente las actuaciones de Ortega Smith, quien realizó declaraciones y descalificaciones hacia la formación, su dirección y sus integrantes. Desde Vox recuerdan que "un fundador digno de tal nombre se somete a las normas más que nadie" y han señalado que no van a tolerar faltas de respeto a sus afiliados ni a sus cargos tanto dentro del partido como en las instituciones.

Situación en el Ayuntamiento de Madrid

A pesar de la expulsión, Ortega Smith se mantiene como portavoz del grupo en el Ayuntamiento de Madrid mientras no concluya el procedimiento interno. Según informan fuentes de la organización política, el exdirigente tiene derecho a presentar dos recursos más según el régimen interno del partido. Será cuando finalice este proceso cuando se abriría el acceso a la portavocía de Arantxa Cabello.

La concejala Cabello ya reconoció en el último Pleno la "fractura" que vive su grupo municipal y calculaba que "en un mes" sería la portavoz en sustitución de Ortega Smith. Para hacer efectiva la sustitución se necesita una votación con mayoría en el grupo municipal, algo que actualmente no tiene Cabello. "Cuando haya una resolución definitiva, los que no han acatado la orden del CEN tendrán que pasar a no adscritos", subrayaba la concejala.

Si Ortega Smith agota los recursos internos y decide recurrir a la justicia ordinaria, como ya ha anunciado, el Ayuntamiento de Madrid tendría que analizar la situación en la que queda junto a los otros dos concejales en la misma situación, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, con la vista puesta en el grupo de concejales no adscritos.

Permanencia en el grupo parlamentario del Congreso

La expulsión del partido no supone la expulsión automática del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, puesto que la afiliación no constituye un requisito imprescindible para pertenecer a él. Fuentes de la formación han explicado que esta decisión del Comité de Garantías no tiene ningún efecto en el grupo parlamentario.

Está por ver si el grupo entra en este debate o si Ortega Smith decide dejar su acta como diputado o marcharse al grupo mixto. Otras fuentes de Vox han señalado que su marcha del grupo no sería relevante para la actividad ordinaria del partido en el Congreso, dado que en ningún caso alcanzan la representación mínima ni para plantear recursos ante el Tribunal Constitucional ni para impulsar en solitario mociones de censura.

Expediente disciplinario a José Ángel Antelo

Por otra parte, el Comité de Garantías ha abierto un expediente disciplinario contra José Ángel Antelo, diputado en la Asamblea de Murcia, por los "hechos protagonizados y las manifestaciones" desde el pasado 26 de febrero, cuando cinco de los seis miembros del Comité Ejecutivo Provincial de Vox en la Región de Murcia dimitieron en bloque para forzar su expulsión, aduciendo una "grave crisis de cohesión interna".

El mismo órgano ha decidido, de manera cautelar, suspender de militancia e inhabilitar a Antelo para ejercer "cualquier cargo" dentro de la formación, alegando la "especial gravedad de los hechos". Fuentes de Vox han acusado al diputado de realizar "filtraciones interesadas" con el objetivo de blindar su permanencia en el cargo como presidente de Vox en Murcia.

En alusión a las declaraciones de Antelo, quien denunció una falsificación de su firma digital en el escrito del partido dirigido a la Mesa de la Cámara para apartarlo de la Portavocía, las fuentes han apuntado que estas acusaciones tenían la evidente intención de menoscabar el prestigio del partido y ocultar la legítima voluntad de los representantes de Vox. Asimismo, han aseverado que los diputados firmaron "de puño y letra" el cese de Antelo mientras que emplearon la firma electrónica del grupo parlamentario para su registro telemático, en línea con lo exigido por la Asamblea.