Las dos mujeres que denunciaron a Julio Iglesias serán testigos protegidos de la Fiscalía

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha otorgado a las dos mujeres que han denunciado al artista Julio Iglesias por presuntos abusos sexuales la condición de testigo protegido, según la información facilitada por Women’s Link Legal. La decisión, de acuerdo con la organización, llega tras una reclamación de medidas para salvaguardar a las denunciantes por el temor a que el cantante “pueda localizarlas y, quizá, tratar de disuadirlas” de las acciones iniciadas.

El anuncio lo ha realizado la directora ejecutiva de Women’s Link Legal, Jovana Ríos Cisnero, quien también ha confirmado que las denunciantes siguen siendo empleadas del cantante. La entidad sostiene que el desequilibrio entre el denunciado y las denunciantes, por su “capacidad económica” e “influencia”, fundamenta la solicitud de protección, tal y como recoge la propia Ríos Cisnero.

La Fiscalía, por otra parte, ha decidido tomar declaración a las denunciantes, aunque aún no hay fecha prevista. Desde la organización señalan que podrían emplearse medios telemáticos, si bien subrayan que son extremos de la investigación que deben mantenerse “con una cierta reserva”.

La condición de testigo protegido se sitúa, según Women’s Link Legal, en el centro de su estrategia de acompañamiento, al considerar que las víctimas necesitan garantías mientras avanzan los pasos procesales. En ese marco, la Fiscalía ha optado por citar a declarar a las denunciantes, con la posibilidad —apuntada por la entidad— de hacerlo por vía telemática. Women’s Link insiste en que los detalles sobre cómo y cuándo se producirá esa declaración forman parte de una investigación que debe manejarse con prudencia. La organización afirma que, precisamente por razones de seguridad, algunos aspectos no se están divulgando públicamente.

Ríos Cisnero ha sostenido que “es necesario tener en cuenta” que el denunciado ostenta un “poder diametralmente distinto” al de las denunciantes, algo que atribuye a su capacidad económica y a su influencia, y que, según su argumento, refuerza la necesidad de medidas de protección. Women’s Link Legal afirma que está acompañando legalmente a las denunciantes y que actúa como representante legal en el territorio donde se ha interpuesto la denuncia. Además, la entidad ha avanzado que han sido contactadas “por otras mujeres que alegan haber sido trabajadoras del denunciado”, sin aportar más detalles por “aspectos de seguridad”. La organización no concreta si esas personas han formalizado denuncias o en qué fase se encuentran, y se limita a trasladar que existe ese contacto, bajo las cautelas mencionadas.

Según ha explicado Ríos, los hechos se han puesto en conocimiento de la Fiscalía en España y no en República Dominicana porque la legislación española permite investigar y perseguir determinados delitos cometidos fuera del territorio nacional por el principio de extraterritorialidad. Ríos ha señalado que esa aplicación se vincula a violaciones de derechos humanos previstas en tratados internacionales ratificados por España, citando expresamente el Convenio de Varsovia (Consejo de Europa) de lucha contra la trata y el Convenio de Estambul (Consejo de Europa) de lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica.

Por su parte, la responsable jurídica de la entidad, Gema Fernández, ha indicado que, a partir de ahora, la Fiscalía dispone de seis meses para judicializar la causa. Si se archivan las diligencias, las denunciantes podrán querellarse como acusación particular.

La responsable de investigación de Amnistía Internacional, Virginia Álvarez, ha afirmado que a nivel internacional realizan investigaciones que demuestran que lo que supuestamente les ha ocurrido a Rebeca y Laura “es parte de un patrón” observado en otros países. Álvarez ha defendido que, en los sectores analizados por la organización, la explotación no puede considerarse un hecho aislado, sino estructuras laborales basadas en la idea de que el tiempo, el cuerpo y el trabajo de las mujeres es barato y sustituible. También ha advertido de que “cuanto más precario es el estatus migratorio”, mayor es el riesgo de explotación, y ha reclamado a los Estados marcos normativos para proteger a víctimas de violencia sexual y de explotación.

Además, ha valorado la “valentía” de las denunciantes y ha expresado su confianza en que se logren “cambios estructurales” que alcancen a más víctimas y supervivientes. En el supuesto de que la Fiscalía decida no continuar, ha apuntado que podría valorarse la interposición de una denuncia por parte de las propias víctimas, estudiando el juzgado “más apropiado”, y ha mencionado la vía de organismos internacionales de derechos humanos como un camino que “quizá también pueda ser explorado”.