Juzgado de Guardia

Prisiones aplica el protocolo contra suicidios a La Manada

  • El guardia civil Antonio Manuel Guerrero ha sido destinado al módulo específico para miembros de las Fuerzas de Seguridad

Instituciones Penitenciarias ha aplicado el protocolo antisuicidio a los cinco integrantes de la Manada. Cuatro de ellos han sido asignados a un módulo ordinario de la prisión de Sevilla I y el guardia civil Antonio Manuel Guerrero al específico para miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Hasta el lunes estuvieron en el módulo de ingresos, a la espera de los informes preceptivos para que se les asigne módulo.

José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Ángel Boza y Alfonso Jesús Cabezuelo, este último militar expulsado de las Fuerzas Armadas, se encuentran cada uno de ellos en una celda de un módulo donde predominan los internos de edad avanzada y con destinos, es decir, que salen de la prisión para realizar trabajos.

Los cuatro tienen un preso sombra de acuerdo al protocolo antisuicidio, al igual que Guerrero, que perderá su condición de guardia civil –actualmente está suspendido de funciones– una vez que se notifique la sentencia del Supremo. En su caso, Prisiones le ha asignado una celda en el módulo de internos pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Los miembros del grupo de violadores tienen asignado un ‘preso sombra’

Instituciones Penitenciarias tiene un plazo de dos meses como máximo para la clasificación de grado de los internos y la asignación definitiva de centro. En la decisión se tiene en cuenta la petición de los internos y el informe que emita el equipo de técnicos que compone la Junta de Tratamiento. Hasta entonces no hay previstos cambios.

El Tribunal Supremo revocó el viernes la sentencia de la Manada y elevó las condenas para los cinco acusados a 15 años de prisión por un delito continuado de violación con las agravantes específicas de trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas. Tras el fallo, se emitió una orden de arresto e ingreso en prisión que materializó la Policía Nacional.

Al guardia civil, el tribunal le condenó a dos años más de cárcel, un total de 17, como responsable del delito de robo con intimidación del teléfono móvil de la joven madrileña. Asimismo, la Sala incrementó el importe de la responsabilidad civil a la que tiene derecho la víctima a la cantidad de 100.000 euros.

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