Colegios de Abogados

Andalucía encabeza la lista de expedientes electrónicos de justicia gratuita

  • Los Colegios de Abogados españoles han tramitado un 37% menos de expedientes de justicia gratuita en el primer semmestre de 2020

Concentración de abogados en Sevilla en defensa de la Justicia Gratuita Concentración de abogados en Sevilla en defensa de la Justicia Gratuita

Concentración de abogados en Sevilla en defensa de la Justicia Gratuita

Los Colegios de Abogados han tramitado 225.036 expedientes electrónicos de justicia gratuita desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2020, lo que supone un 37% menos que el año anterior debido al estado de alarma, aunque Andalucía es la que encabeza la lista con casi 49.000.

Según ha recordado este lunes el Consejo General de la Abogacía Española, el expediente electrónico de justicia gratuita, desarrollado por la Infraestructura Tecnológica de la Abogacía, recopila de forma segura y automática los documentos requeridos para justificar la solicitud de este derecho.

Además aporta transparencia en la gestión, elimina los errores del expediente administrativo y reduce el coste económico y los plazos de tramitación.

Sin embargo, pese a agilizar los procesos y evitar los desplazamientos, el número de usuarios que utilizaron el sistema en estos primeros seis meses de 2020 se ha reducido por culpa de la covid-19, pasando de los 357.614 expedientes tramitados en 2019 a los 225.036 actuales.

En cuanto a los datos por comunidades autónomas, aunque en todas se han reducido con respecto al año anterior, Andalucía encabeza la lista con casi 49.000 expedientes tramitados, seguida de la Comunidad Valenciana con más de 35.000 y Madrid con 34.472.

Además de las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla, las comunidades donde menos ciudadanos recurrieron a este servicio han sido Navarra con 1.557 y La Rioja con 1.574.

Este sistema ya conecta a más de 80 Colegios de Abogados de forma telemática y sencilla con instituciones como la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y su Tesorería General, la Dirección General del Catastro o el Instituto Nacional de Empleo, así como con organismos de comunidades autónomas con competencias en Justicia.

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