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Arranca el juicio a 37 policías locales por el amaño de las oposiciones

  • El superintendente que presidía el tribunal se enfrente a 13 años de inhabilitación y a 4 años los agentes que lograron las plazas

Un motorista de la Policía Local, en una imagen de archivo. Un motorista de la Policía Local, en una imagen de archivo.

Un motorista de la Policía Local, en una imagen de archivo. / Juan Carlos Vázquez

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Cinco años después de la denuncia de un grupo de opositores a la Policía Local arranca el juicio por el supuesto amaño en las oposiciones, un proceso que socavó aún más la imagen de un cuerpo afectado por una serie de denuncias de irregularidades, muchas de las cuales se han archivado o han terminado en sentencias absolutorias.

El juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla inicia este martes el juicio contra 45 personas, de las cuales 37 son policías locales, por las presuntas irregularidades en las oposiciones. La vista oral se abre con las cuestiones previas y no será hasta el 2 de octubre cuando comience la declaración del primero de los imputados, el superintendente de la Policía Local Juan José García, que presidía el tribunal.La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de 13 años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros por delitos continuados de prevaricación y revelación de secretos para Juan José García por el fraude de las oposiciones.

Para los agentes que superaron las oposiciones gracias a la supuesta filtración de los exámenes, el Ministerio Público exige el pago de una multa de 100.000 euros, con un año de responsabilidad personal en caso de impago, y cuatro años de inhabilitación.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía pide además que se declaren nulas de pleno derecho las oposiciones para los procesados, dado que las resoluciones dictadas por el tribunal dimanan de delitos de prevaricación y de delito de descubrimiento y revelación de secretos, y reclama asimismo que de las “consecuencias económicas y de toda índole administrativa que acarree dicha declaración de nulidad responderán todos ellos conjunta y solidariamente, junto con el Ayuntamiento de Sevilla”, que según la Fiscalía debe ser declarado responsable civil subsidiario.

El Ministerio Público solicita la misma pena de multa de 5.400 euros y de 13 años de inhabilitación para otros miembros del tribunal y un funcionario del Ayuntamiento –que no intervino en la filtración de la plantilla pero “tuvo suficientes elementos para sospecharla, pero no formuló objeción alguna”– que han sido procesados.

La Fiscalía explica que entre las personas que aprobaron se encontraban el hermano de la “compañera sentimental” del superintendente y un sobrino suyo, pese a lo cual la Fiscalía considera que “no se abstuvo de participar” en el proceso de las oposiciones, en el que actuó como presidente del tribunal calificador. Según la Fiscalía, la misma causa de abstención concurría en un vocal suplente, que es miembro de la junta de personal del ayuntamiento de Sevilla y había compartido “muchos años” de labores sindicales con el presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España en Sevilla (Sppme), Manuel Bustelo, cuyo hijo figura entre los opositores y también es juzgado en este proceso.

Dice la Fiscalía que Juan José García y varios miembros del tribunal, incluido el vocal suplente, “filtraron, de modo intencionado y selectivo, la plantilla de corrección del caso práctico” a 19 aspirantes al cuerpo de la Policía Local para un proceso de 47 plazas convocado en abril de 2011 y otro de 51 plazas que había sido convocado en 2008.

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