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La Audiencia confirma el banquillo de la causa del chantaje a Varela

  • El tribunal exculpa definitivamente del caso a Luis Paniagua (PP) y Agustín Morón (PSOE)

El ex edil del PP en Dos Hermanas, Luis Paniagua, exculpado definitivamente del caso del chantaje.

El ex edil del PP en Dos Hermanas, Luis Paniagua, exculpado definitivamente del caso del chantaje. / josé ángel garcía

La Audiencia de Sevilla ha confirmado el banquillo del juicio por el intento de chantaje al candidato de Ciudadanos en Dos Hermanas Manuel Varela para que renunciara a presentarse en las elecciones de 2015, en el que se sentarán tres acusados: el ex portavoz municipal del PP Manuel Alcocer González, el periodista José Luis Olivares y el ex trabajador del Ayuntamiento Francisco Javier Romero.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha dictado un auto en el que ratifica el procesamiento de estos tres investigados, acordado en mayo de 2017 por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Dos Hermanas, y en el que, de la misma forma, exculpa definitivamente al ex edil del PP y ex presidente de Nuevas Generaciones Luis Paniagua –actualmente concejal popular en el Ayuntamiento de Bormujos– y el portavoz municipal del PSOE en la localidad nazarena Agustín Morón.

El denunciante del chantaje, Manuel Varela, explicó ayer a este periódico que se trata de unos hechos con un “móvil exclusivamente político”, por lo que mostró su sorpresa por el sobreseimiento contra los responsables políticos, y añadió que está estudiando plantear un incidente de nulidad de las actuaciones por la “indefensión” que, a su juicio, le ha producido la denegación de las nuevas diligencias de prueba solicitas, pero sobre todo por la “desimputación de todos los cargos públicos”. Varela precisó que incluso podría plantearse la posibilidad de presentar directamente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

En el auto, la Sección Primera de la Audiencia desestima la petición de la Fiscalía para que se archivara la causa también contra el ex portavoz municipal del PP Manuel Alcocer González. El Ministerio Público señalaba que frente al indicio de que el lugar donde supuestamente se graba el vídeo es el despacho de este investigado, destaca que se “encontraba retirado de la política” y “no participó abiertamente al menos en la campaña de descrédito a Varela, ni se le conocía especial animosidad hacia la víctima”, además de que “tampoco obtenía ningún beneficio particular por cuanto ya no forma parte de la vida pública”.

Sin embargo, frente a estas alegaciones del Ministerio Público, la Audiencia reitera los “indicios” recogidos en el auto recurrido del juzgado de Dos Hermanas y que la Sala considera “suficientes” para la continuación de la causa contra el ex portavoz del PP. Lo mismo indica respecto al ex trabajador del Ayuntamiento Francisco Javier Romero, al haber intervenido en la “adquisición de la tarjeta desde la que se hicieron las llamadas; estando supuestamente acreditada su intervención en la adquisición de la tarjeta”, por lo que las declaraciones exculpatorias del investigado “deberán efectuarse en el eventual juicio que se celebre, pero en este momento procesal existen indicios de su participación”, reitera el tribunal.

De otro lado, el auto de la Audiencia que ha resuelto los recursos presentados por las diferentes partes personadas confirma que el juicio por el intento de chantaje a Varela se celebrará ante un jurado popular por los delitos contra la intimidad y de amenazas condicionales, de los artículos 197.1 y 169.1 del Código Penal, respectivamente. La magistrada de la Audiencia Pilar Llorente, ponente de los recursos, explica que la relación funcional entre ambos delitos es clara pues la “cesión de la grabación para su posterior utilización se configura como claramente instrumental del delito de amenazas” y es la “exhibición del vídeo lo que determina la credibilidad de la amenaza”, por lo que la cesión del vídeo facilita la comisión de las amenazas condicionales.

Y como existe esa relación funcional entre los dos delitos, y uno de ellos es competencia del tribunal del jurado –amenazas condicionales–, el tribunal estima que existe conexión “debiendo enjuiciarse conjuntamente” ambos delitos para “no romper la continencia de la causa”, concluye la Audiencia Provincial.

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