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El Ayuntamiento de Sevilla se personará como acusación particular en el caso Magrudis

  • La juez instructora es ahora quien debe decidir si admite la personación puesto que varios afectados han reclamado que el Ayuntamiento sea responsable civil subsidirio

Un patrullero de la Guardia Civil en las naves de Magrudis. Un patrullero de la Guardia Civil en las naves de Magrudis.

Un patrullero de la Guardia Civil en las naves de Magrudis. / José Ángel García

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la personación del Ayuntamiento de Sevilla como acusación particular en el procedimiento abierto para investigar el brote de listeriosis del pasado verano asociado al consumo de productos de la empresa Magrudis. Los informes jurídicos recabados por el Ayuntamiento añadido a la documentación de los distintos servicios en torno a los costes directos en los que ha incurrido la administración durante el proceso y que ascienden a 140.000 euros.

El Ayuntamiento ya presentó el pasado 30 de agosto una denuncia ante la Fiscalía por un posible delito contra la salud pública de la empresa Magrudis. No obstante, de acuerdo con los criterios jurídicos existentes en el Ayuntamiento, la posible personación quedó condicionada a la existencia de costes directos y por tanto de un perjuicio económico para la administración local asociado a la investigación judicial abierta. Una vez que estos costes han sido calculados, se ha procedido a la aprobación de la personación del Ayuntamiento como acusación particular.

En cualquier caso, ahora hay que esperar que la juez admita dicha personacion porque hay varios afectados que han pedido que el ayuntamiento sea responsable civil subsidiario. En una providencia que tiene fecha del pasado lunes, la magistrada Pilar Ordóñez, que ya anunció recientemente en un auto que investigaría la actuación municipal, ha librado oficio al Ayuntamiento de Sevilla, en concreto, a la delegación de Consumo, para que informe al juzgado sobre "si se incoó algún expediente sancionador" a Magrudis tras la inspección realizada el 24 de noviembre de 2016 "tras detectar que, aunque existe un sistema de autocontrol, falta cumplimentar las diferentes hojas de registro".

Según el ayuntamiento, el perjuicio económico que reclama se corresponde con los costes directos en los que ha incurrido el Ayuntamiento por las horas extraordinarias del laboratorio municipal, las horas extraordinarias del servicio de Consumo, el servicio de vigilancia de la nave, la contratación de una herramienta digital, la prueba de calibración realizada al horno, el traslado de la carne para su incineración, los análisis realizados en el laboratorio municipal y el alquiler de vehículos para el traslado de las muestras. En total, se realiza una estimación inicial de 140.000 euros.

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