La defensa del concejal de Gobernación y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha pedido a la juez de Instrucción número 13 de Sevilla que "ponga fin al espectáculo" que pretende la acusación de Vox en la investigación abierta por los incidentes durante un almuerzo familiar el día de Reyes, dado que considera que esta formación política está "movida exclusivamente por motivos políticos, absolutamente deleznables".

El abogado José Manuel García-Quílez, que representa al concejal socialista, ha presentado un escrito en el juzgado solicitando el archivo de la investigación abierta, al estimar que la acusación particular está utilizando el proceso sólo para conseguir "réditos políticos, en lugar de exigir responsabilidades penales" y en este sentido ha recordado la que ha tildado de "clarificadora e ingenua intervención" que el presidente de Vox en Sevilla, Javier Cortés Lucena, realizó ante las cámaras de televisión cuando presentaron su denuncia inicial y en las que afirmo que "si se produce el cese de esta persona -en alusión a Cabrera-, en las próximas horas nosotros nos retiraríamos como acusación".

De esta forma, la defensa entiende que no puede ser más evidente que la "única intención que persigue el partido político denunciante no es la investigación de hechos presuntamente delictivos, ni la depuración de responsabilidades penales, sino exclusivamente el cese como concejal" de Juan Carlos Cabrera.

Sin embargo, prosigue la defensa en su escrito, "por encima de los admirables esfuerzos del partido político denunciante por intentar aparentar otra cosa", lo realmente objetivo en esta causa es que el delegado "no promovió ni sugirió ninguna actuación policial", ni tampoco profirió insulto alguno ni al encargado del establecimiento ni a sus camareros, como el propio encargado, Roberto Murados, aseguró en su declaración como testigo este lunes.

El letrado del delegado insta a la juez a que "sin más demora" decrete el sobreseimiento y archivo de la causa, dado que los hechos que motivan la causa "no pueden tener más recorrido, por muchso esfuerzos que la acusación popular emplee en lo contrario".  Y todo ello al haber quedado "acreditado que Cabrera no dio instrucciones algunas para la llegada de las fuerzas policiales al establecimiento en cuestión; ni profirió insulto alguno en el corto espacio en el que, junto con su familia, permaneció el pasado 6 de enero" en el restaurante Princi.pico.

El delegado es "completamente ajeno a cualquier actuación policial", por lo que "no se sostiene imputación alguna respecto de los delitos de coacciones, desorden público o prevaricación, que tan injustificada como alegremente imputa la acusación particular" en la que querella que ha presentado recientemente. Y en cuanto a los insultos, estos han sido negados por el encargado "cada vez que se le ha preguntado al respecto, la última vez en su declaración testifical"

La defensa recuerda que cuando se produjo el incidente ante la negativa del local a ofrecerle una mesa para diez comensales, Cabrera se identificó como "concejal de seguridad para dar a entender que, por ello, era conocedor de la legislación Covid-19 sobre la materia objeto de discusión", lo que provocó un debate entre los acompañantes de Cabrera y los trabajadores del restaurante, que terminó con el abandono del local por parte de Cabrera y su familia. Sobre las 15:15 horas se personaron en el local seis agentes de la Policía Local, más dos agentes de la Línea Verde, quienes levantaron acta sobre las incidencias administrativas advertidas en las instalaciones".

El informe policial clarifica lo ocurrido

Recuerda asimismo que el jefe de la Policía Local, José Medina Arteaga, ha "clarificado suficientemente" la intervención de los agentes, que se inició ante una llamada al servicio de emergencias 112 a las 14:44 en la que una persona -no el delegado- informaba de la ausencia de medidas de seguridad y de un exceso de aforo en el establecimiento en cuestión.

Con carácter previo, según el mando policial, Cabrera una vez que se había marchado del local, le comentó telefónicamente la negativa del establecimiento a disponer de una sola mesa para diez comensales, confirmándole Medina Arteaga que según la normativa Covid-19 "sí habría sido posible dicha disposición". 

Con posterioridad el jefe de la Policía Local contactó con otro mando y decidieron "enviar un patrullero y a un subinspector al establecimiento para comprobar lo ocurrido, remarcando que la referida decisión no fue promovida por el señor Cabrera, si fue ni siquiera sugerida por él".