La segunda sesión del juicio contra el ex gerente de la Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación de Sevilla (DeSevilla) Miguel López Adán, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de cuatro años y medio de cárcel por un delito de fraude de subvenciones, se centró en la compra de un horno incinerador para La Habana (Cuba), que formaba parte de uno de los 13 proyectos del expediente 98/08, por el que la fundación recibió 742.5000 euros que no fueron devueltos al Ayuntamiento a pesar de que la entidad renunció a la subvención. Uno de los testigos ha relatado en el juicio cómo el ex delegado de Economía Carlos Vázquez adelantó en un sobre con 60.000 euros el pago de dicho horno y también ha narrado al juez cómo los trabajadores de las delegaciones gobernadas entonces por IU tenían que abonar un "impuesto revolucionario", en alusión al pago obligatorio de una parte de sus salarios.

Todos estos asuntos han sido abordados en el interrogatorio de la que fuera directora de la delegación de Relaciones Institucionales Ana Vigneron, quien ha comentado en su declaración en el juzgado de lo Penal número 11 de Sevilla que en marzo o abril de 2008 recibió una llamada de un asesor del grupo municipal de IU que le hizo una consulta jurídica sobre cómo podían adelantar el pago ante la demora que se estaba produciendo en la recepción de la subvención por parte de la Fundación DeSevilla.

La testigo contestó que se podría formalizar un préstamo por parte de Carlos Vázquez como patrono de la fundación y en el mes de mayo, Ana Vigneron se trasladó junto con el propio Vázquez y Miguel López Adán hasta un despacho de abogados de San Sebastián. Allí, un abogado le mostró una factura para la compra de la incineradora por "59 euros" -debido a un error en la colocación de la coma- y tras subsanar dicho error, Carlos Vázquez "sacó los 60.000 euros de su americana" para efectuar el pago. "Todavía me pregunto para que fui a San Sebastián, sigo sin entender el problema jurídico que yo tenía que asesorar. He pensado que Miguel Lopez Adán y yo íbamos de comparsa", ha manifestado la testigo.

Ana Vigneron, a preguntas del fiscal Fernando Soto, también se ha referido al "impuesto revolucionario" que los trabajadores de las delegaciones gobernadas entonces por IU tenían que abonar. Según ha dicho, esos pagos tenían que abonarlos "pertenecieran o no al partido" e iban una cuenta que, según cree, era de titularidad del partido comunista. Ese pago, que en los primeros meses era de unos 500 euros y después pasó a 300 o 400 "estaba en los estatutos de IU" y era conocido coloquialmente entre los trabajadores como el "impuesto revolucionario".

En la sesión de hoy también ha prestado declaración Manuel Blanco Montenegro, que fue nombrado gerente de la Fundación DeSevilla a la llegada de Juan Ignacio Zoido (PP) a la alcaldía hispalense. Este testigo,  que desde marzo pasado es subdirector de Recursos Humanos en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), fue una de las personas claves en las denuncias que desde Mercasevilla se realizaron contra cargos socialistas en lo que fue el inicio del caso de los ERE.

En el juicio, Manuel Blanco ha asegurado que estuvo poco más de un mes como gerente de DeSevilla y a su llegada a la sede de la fundación se encontró sólo con cuatro personas, todas ellas "directivos", entre ellos el ex director de área de Vía Pública y del grupo municipal socialista Domingo Enrique Castaño. El testigo ha afirmado que la sede de la fundación era un lugar "oscuro" y ha contado cómo la arrendadora del inmueble le comentó que habían quitado de la misma una "estatua de Lenin y la bandera republicana".

El fiscal le ha preguntado al testigo si la Fundación DeSevilla era una "herramienta al servicio de IU y de su ideología", como declaró Manuel Blanco ante la Guardia Civil, extremo que el testigo ha ratificado. La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que Miguel López Adán realizó una utilización de la fundación para "actos partidistas y fines particulares" de IU.

Había "relevantes deficiencias de control interno" en las cuentas

Por otra parte, un trabajador de Deloitte que intervino en las auditorías de los años 2009 y 2010 ha explicado que no pudo emitir una opinión en estas auditorías porque había "relevantes deficiencias de control interno" en las cuentas de la fundación, que no tenía una "contabilidad analítica" y que a fecha del 31 de diciembre de 2010 presentaba un patrimonio negativo por importe de 1.510.617 euros, lo que motivó que se solicitar al Ayuntamiento una aportación extraordinaria de 1,6 millones.

La acusación preguntó al testigo si ese desequilibrio en las cuentas era fruto de la falta de justificación de las subvenciones concedidas, a lo que el auditor respondió que no sabe si se debe a esa cuestión, aunque ha añadido que "seguro que era relevante el impacto" de esa falta de justificación. 

En la auditoría de 2010 continuaron esas debilidades detectadas en las cuentas, si bien el testigo ha dicho que se fueron corrigiendo algunas de las deficiencias. El 31 de mayo de 2011, el auditor elaboró un "informe especial de procedimiento acordado" para verificar el desequilibrio producido entre enero de 2007 y diciembre de 2010, para el cual sí se realizó una contabilidad analítica, ha señalado el testigo que ha reconocido que como había una "gestoría externa" que se encargaba de las cuentas esto incrementaba más el problema de control interno.

A preguntas de la defensa, el auditor ha señalado que por la forma de operar que tenía la fundación, el ex gerente Miguel López Adán no tenía autonomía para la toma de decisiones, sino que actuaba siguiendo las instrucciones de los patronos.

Plantilla sobredimensionada y "cobraban muy bien"

En la sesión de este miércoles también han declarado las dos funcionarias que intervinieron en la liquidación de la fundación DeSevilla, quienes han narrado que había "mucho descontrol y bastante caos" en la gestión contable de la entidad. Según las funcionarias, la plantilla de la Fundación estaba sobredimensionada y sus trabajadores tenían muy buenos sueldos. "Era llamativo que había muchas nóminas, muchos despidos y juicios laborales", han explicado en alusión al ERE que se hizo en la fundación, a lo que han añadido que la plantilla estaba sobredimensionada "en nóminas, volumen y cantidad: se cobraba mucho dinero, cobraban muy bien en la fundación", han advertido.

Por su parte, la jefa del servicio de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Sevilla ha señalado que hubo una "decisión política" para transferir 990.000 euros a la fundación DeSevilla para que ésta se encargara de gestionar determinados proyectos, dado que en su departamento se realizaba una valoración previa sobre los mismos, al objeto de determinar si eran subvencionables o no.