El ex gerente de la Fundación De Sevilla, Miguel López Adán, explicó tras cerca de dos horas de declaración ante el trribunal que lo juzga por un supuesto delito de fraude de subvención, que él ejecutaba las decisiones tomadas por el patronato de esta institución que durante su etapa de gestión de la Fundación DeSevilla su función era ejecutar las decisiones del patronato. Asimismo, negó "absolutamente" que tuviera intención de utilizar el dinero de subvenciones para pagar deudas anteriores de la institución.

De hecho, una auditoría externa cuantificó el desequilibrio patrimonial de DeSevilla en 228.000 euros el año 2008 y de 870.000 en 2009. La Fundación presentaba a 31 de diciembre de 2010 un patrimonio negativo por 1.510.617 euros, lo que motivó que se solicitara al Ayuntamiento una aportación extraordinaria de 1.624.319 euros que acabó aprobando el Pleno.

López Adán fue gerente de la Fundación DeSevilla de agosto de 2007 a julio de 2011 y fue nombrado a propuesta de el entonces concejal de Economía.

El Ministerio Público acusa a López Adán de fraude de subvenciones en relación con el expediente 98/08, que formaba parte del convenio para la realización de 13 proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo. La Fundación recibió 742.500 euros el 16 de diciembre de 2009 y el 20 de abril de 2010,  "había gastado todo el dinero junto a otros ingresos procedentes de empresas municipales que formaban parte de su patronato".

Según explicó el acusado, el proceso de aprobación de las subvenciones exigía que tuviera una causa justificativa para que el Ayuntamiento la hiciera efectiva. En el caso de la 98/08 se pagó dos años después porque existía una subvención anterior que no estaba justificada. Es decir, había alguna falta en las facturas presentadas: bien estaban en otro idioma, no eran los documentos originales, etc. Según explicó el acusado a preguntas de su abogada, los proyectos vinculados a esta subvención no salieron adelante "por retraso en la tramitación y en el pago" por parte del Ayuntamiento de Sevilla, que "no pagaba, pero obligaba a cumplir el plazo de ejecución dado en los proyectos vinculados a la ayuda".

"Esta falta de justificación era habitual en las subvenciones solicitadas por la fundación", según declaró el interventor municipall. El testigo explicó que una de las soluicones para desbloquear el pago de la subvención fue la presentación de un aval de 60.000 euros que el Ayuntamiento, finalmente, tuvo que hacer efectivo.El consistorio anticipaba el 75 % de cada partida y pagaba el 25 % cuando el proyecto "estaba justificado".

La incineradora de La Habana

Este retraso en el cobro de la subvencion hizo que se ejecutaran seis de los 13 proyectos propuestos en un principio. "Erans son los únicos que se podían realizar en el plazo, que terminaba en marzo". Uno de los proyectos que estaban incluidos en la 98/08 era un horno crematorio para La Habana, que no entró en la subvención porque se agotaban los plazos "y era una cuestión de salud en la capital cubana, por lo que a través de Carlos Vázquez (ex concejal del Ayuntamiento y entonces vicepresidente primero de la Fundación) se realizó la compra de la incineradora, que fue pagada por terceros". López Adán fue tajante: "Ni se pagó ni se iba a pagar por la Fundación".

A instancias del fiscal, se le presentó al acusado una factura dirigida a la Fundación DeSevilla por la compra de la incineradora. El acusado afirmó que de la Fundación "no ha salido un céntimo destinado a la incineradora" y explicó al tribunal que esa factura "se retiró" porque estaba dirigida a la institución y ésta no había comprado el horno crematorio.

Otro delos proyectos ejecutados ellos fue la compra de nueve ordenadores con destino a Cuba para formación de trabajadores. A pesar del informe negativo de la Fundación de la Universidad de Sevilla, el proyecto se realizó y 10 miembros de CC. OO. viajaron hasta Cuba con los ordenadores para poner en marcha estos cursos.

El fiscal también aludió al informe de la Guardia Civil donde, entre otras cosas, se señala un gasto de 250.000 euros en nóminas, ante lo cual López Adán aludió a que a fecha de enero de 2008 se debían cuatro meses de sueldo al personal.

Durante el interrogatorio del fiscal, explicó que la contabilidad de la Fundación antes de su incorporación como gerente estaba a cargo de una empresa externa pero, tras una auditoría realizada por la empresa Deloitte, decidieron contratar a una contable.

El fiscal preguntó además sobre la existencia de un sistema de control y registro de los proyectos que llevaba a cabo la Fundación, puesto que según la liquidadora de la institución "no había ninguno", algo que negó el acusado. Sobre el borrado de los archivos del ordenador de López Adán, este explicó que utilizó la aplicación CCleaner en el modo "que viene por defecto" y aseguró que no renombró los archivos para que no pudieran ser encontrados, como indicó el fiscal.

Otra de las "irregularidades" que señaló el fiscal es que en la documentación de la causa no se ha encontrado ningún expediente en el que se muestren las diferentes ofertas -según ley deben ser al menos tres- para los contratos menores realizados por la fundación.

Renuncia a la subvención

En marzo de 2010, a pesar a justificar "la mitad" de la subvención de la partida investigada, la Fundación renunció a la subvención "al completo" para facilitar "el reequilibrio patrimonial, puesto que entonces tenia  un déficit de 872.000 euros.

Por último declaró como testigo Antonio Rodrigo Torrijos, que fue exculpado por el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, que también sacó de la causa al ex concejal de Economía y Empleo Carlos Vázquez. Ambos han comparecido como testigos.