La Fiscalía de Sevilla ve indicios de delito en la ayuda de 2,5 millones que obtuvo una empresa creada por el presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, el juez Francisco Serrano, por lo que ha acordado remitir las diligencias de investigación abiertas en noviembre pasado a la Fiscalía Superior de Andalucía, según ha informado este lunes el Ministerio Público.

La investigación se inició en octubre pasado a raíz de la denuncia presenta por Facua ante el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF, dependiente de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla, en la que se comunicaba la existencia de un delito contra la Hacienda Pública mediante un fraude en la solicitud de subvenciones públicas. Al término de la investigación se ha sumado una segunda denuncia del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

La investigación realizada ha permitido confirmar que una sociedad limitada recibió fondos públicos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a través del Programa Reindus por importe de 2.489.000 euros, para lo cual la empresa debía aportar un capital social en consonancia con el proyecto a desarrollar y, principalmente, con los fondos solicitados al Ministerio, y a estos efectos la sociedad se constituyó realizándose por los socios aportaciones no dinerarias consistentes en maquinaria diversa que se afirmaba como de su respectiva propiedad, cuando ello "indiciariamente no se ajustaba a la verdad", ha asegurado la Fiscalía.

En el desarrollo de la actividad sufragada parcialmente con fondos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, no consta la realización del Proyecto comprometido de fabricación de pellets en la localidad de Niebla y no se ha llevado a cabo el reintegro de la deuda.

La investigación realizada se refiere tanto al juez Serrano Castro como a otros socios y colaboradores, y dada la condición de aforado de Serrano como diputado del Parlamento de Andalucía, la "valoración de la suficiencia de estos indicios correspondería a la Fiscalía Superior, si bien la Fiscalía de Sevilla entiende que la conducta de esas terceras personas debe ser conjuntamente analizada para evitar la existencia de decisiones judiciales contradictorias".

El líder de Vox había solicitado comparecer voluntariamente a prestar declaración ante la Fiscalía Provincial de Sevilla sobre los hechos investigados, lo que ha llevado a cabo, concluye la Fiscalía Superior.