Seis personas se sentarán en teoría este lunes en el banquillo de los acusados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla como presuntos componentes de una red de contrabando de tabaco que operaba desde Alcalá de Guadaíra y cuyo desmantelamiento, en el verano de 2017, fue definido por las autoridades como la cuarta mayor operación de la historia contra ese tipo de delito en España. Las penas que pide la Fiscalía son consecuentes con las ingentes cantidades de mercancía que se les intervino. Para el “cabecilla” de la supuesta “organización criminal”, casi once años de cárcel; para su pareja, casi ocho; y para los otros investigados, seis y medio. También reclama que paguen una multa de 69,5 millones de euros.

Según relata la acusación pública en su escrito provisional, la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Sevilla supo de la existencia de un “grupo organizado” dedicado a la elaboración y venta “ilegal” de tabaco “en todas sus fases”. La banda recibía la mercancía tanto desde España como desde el extranjero (Polonia, Zimbawe, Mozambique, Brasil, Malawi...), la almacenaba en dos naves de los polígonos Cuchipanda y Piedra Hincada y la convertía en “picaduras de diversas dimensiones” como paso previo a su venta a terceros. El supuesto cabecilla, Antonio B.C., se valía de dos empresas para “dar cobertura y apariencia de legalidad” a esta actividad. Una de ellas disponía de tres establecimientos de venta al público en Triana, el Polígono Norte y Rochelambert.

Los agentes de Aduanas registraron las dos naves de Alcalá y la vivienda particular del principal acusado entre el 18 de julio y el 8 de noviembre de 2017 y comprobaron que el grupo almacenaba más de 53,4 toneladas de hojas de tabaco en distintas modalidades que “era susceptible de ser fumado mediante una sencilla operación que podía ser directamente realizada por el consumidor final”. También descubrieron que antes de esas aprehensiones ya se habían comercializado 86,7 toneladas. El valor de toda esa mercancía en el mercado era superior a los 23 millones de euros (23.167.980,80 para ser exactos). Y hay otra cifra astronómica, esta relativa a lo que los investigados dejaron de ingresar a la Agencia Tributaria al adquirir y vender el tabaco sin pagar los impuestos arancelarios ni tributar sus rendimientos a Hacienda: 18.640.732,83 euros.

Además del tabaco, las autoridades también intervinieron 13.620 kilos de cobre que “procedían de distintas sustracciones” efectuadas entre diciembre de 2016 y mayo de 2017. Todas habían sido denunciadas por sus legítimos propietarios. A la Fiscalía no le consta que los acusados participasen en esos robos pero sí considera que dos de ellos, el líder y su pareja, “eran conocedores de su ilícita procedencia”. Los peritos judiciales tasaron todo ese cobre en 61.188 euros que sus dueños quieren recuperar.

De las seis personas procesadas, la mayor petición de pena es para Antonio B.C.: diez años y siete meses de cárcel. La Fiscalía defiende que “era el cabecilla” y, como tal, “ejercía funciones de dirección, coordinación de la red y distribución de trabajo y funciones entre sus subordinados”. Por eso pide cuatro años y medio por un delito de organización criminal, tres años y medio por un delito de contrabando de tabaco, un año y medio por un delito contra la salud pública y trece meses por un delito de receptación. Al principal acusado lo sigue su propia pareja, Elena V.B., con una solicitud total de siete años y siete meses de prisión. Y para el resto de la presunta organización criminal, seis años y medio.

Estos cuatro últimos encausados son Francisco Javier Z.G., que era “el encargado de las funciones de contabilidad y gestión de la documentación” de las dos empresas tapadera; Prudencio B.D., que era “la persona de confianza” del líder y controlaba las naves industriales; y Mercedes C.S. y Francisco S.R., que preparaban los “pedidos” en los citados almacenes.

Además de las penas de cárcel y de la inhabilitación para dedicarse al negocio del tabaco durante siete años, el Ministerio Público también reclama que todos los acusados y las dos empresas abonen una multa de 69.503.942,40 euros. Y si no lo hacen, que pasen otros 100 días en un centro penitenciario.