La Fiscalía de Sevilla ha presentado escrito de acusación ante la Audiencia Provincial contra los seis integrantes de una organización criminal que operaba en Sevilla y Bilbao por un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral a mujeres nicaragüenses a las que se les captaba para trabajos de empleada de hogar. La Sección de Extranjería de la Fiscalía solicita 12 años de prisión para dos de los miembros de la red, que se encuentran en prisión provisional, y 8 años y 6 meses para los otros cuatro.

El escrito de acusación señala que los hechos investigados constituyen un delito continuado de tráfico ilícito de migrantes en su modalidad de ayuda a la entrada y permanencia, un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral agravado por pertenencia a organización criminal y un delito contra los derechos de los trabajadores. La organización estaba integrada por tres personas de origen nicaragüense, otra peruana y dos españolas.

También solicita en concepto de responsabilidad civil que los acusados indemnicen a cada de las siete víctimas por el daño moral causado entre 8.000 y 15.000 euros, además de la prohibición de contactar o acercarse a las mismas por un periodo de 10 años.

Según la Fiscalía, los hecho se produjeron entre octubre de 2018 y noviembre de 2019, fecha en la que los acusados fueron detenidos en una operación realizada por el Grupo III de la UCRIF de Sevilla. Las siete víctimas de esta organización de trata de seres humanos son testigos protegidos y la acusación pública solicita que de no ser posible su presencia o localización para que declaren en el juicio oral, se proceda al visionado de la grabación de sus declaraciones practicada como prueba preconstituida ante el Juzgado de Instrucción.

La organización criminal captaba a las mujeres en su país de origen, Nicaragua, y también a otras que ya estaban en España con la intención de explotarlas laboralmente, bajo la falsa promesa de un trabajo digno y bien remunerado en el servicio doméstico, asumiendo los gastos de su viaje a España y simulando su entrada en calidad de turistas por el aeropuerto de Bilbao para trasladarlas después a Sevilla.

Una vez en España, se les comunicaba que habían contraído una deuda muy superior al importe real por el desplazamiento que oscilaba entre los 3.500 euros y los 7.000 euros y que debían de abonar trabajando en los empleos que les buscaban en el servicio doméstico y en el cuidado de personas mayores. Como garantía de la deuda debían entregar escrituras de propiedades que ellas o sus familiares más cercanos posesión en su país.

Las alojaban en condiciones de hacinamiento en dos pisos del barrio de las Tres Mil Viviendas y se las obligaba a pagar alquileres desorbitados aunque solo pernoctaran en ellos un día a la semana, según recoge el escrito de acusación. También tenían que abonar los pagos por ayudarlas a insertar anuncios de empleo en páginas web gratuitas o por trasladarlas a los domicilios donde les habían conseguido trabajo. Eran ellos quienes negociaban el salario y las condiciones del trabajo con los empleadores y se quedaban con un porcentaje de su sueldo y, en algunos caos, con la totalidad.

Los acusados imponían estas condiciones a las víctimas abusando de su precaria situación económica y las amenazaban, en caso de no aceptarlas, con denunciar ante las autoridades su situación irregular en nuestro país para que fueran expulsadas a Nicaragua, señala el escrito fiscal.