Caso de los ERE

Grupo Joly pide declarar de forma voluntaria ante el juez de los ERE

  • Con esta iniciativa, la empresa pretende prestar la “máxima colaboración” con la Justicia

El juez Vilaplana

El juez Vilaplana / Raúl Caro/EFE

Directivos del Grupo Joly han solicitado al juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana, que investiga el caso de los ERE mientras dura la baja de María Núñez Bolaños, prestar declaración voluntaria para colaborar con la investigación judicial abierta por la ayuda que la Junta concedió a los 36 ex trabajadores afectados por el ERE de 2004, que los propios empleados gestionaron a través de la Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz.
El presidente del Grupo Joly, José Joly Martínez de Salazar, ha presentado un escrito en el juzgado en el que ha decidido personarse en las actuaciones abiertas a los efectos de "solicitar día y hora para la toma de declaración voluntaria", y todo ello con la finalidad de "prestar la máxima colaboración con el órgano judicial y ello a pesar de no haber sido llamado previamente al proceso en condición procesal de clase alguna", según recoge el escrito que firma el abogado Juan Carlos Alférez, que representa al Grupo Joly.
La decisión de personarse en la causa, explica el abogado, se produce al haber tenido conocimiento de la existencia de esta investigación, que "afecta a determinadas ayudas sociolaborales individuales concedidas por la Administración de la Junta de Andalucía a ex trabajadores de determinadas empresas del grupo editorial" del que José Joly es editor.
Al tratarse de una investigación judicial, la declaración del presidente de la compañía no puede llevarse a la práctica en otra condición que la de investigado, a los efectos de garantizar sus derechos constitucionales.
En el escrito presentado el pasado 12 de noviembre, el letrado solicita además al juez José Ignacio Vilaplana que acuerde las declaraciones testificales de otros dos ex directivos que formaban parte de la compañía en el momento de los hechos investigados, en el año 2004.
Una vez solicitada la declaración voluntaria, lo lógico es que el juez de refuerzo acceda a la misma y fije en breve un plazo para la declaración de los ex directivos de la compañía. Con anterioridad a esta actuación, la empresa tuvo la oportunidad de acreditar ante la Audiencia de Sevilla que no recibió ayudas de los ERE y para ello aportó una abundante documentación que confirma que las empresas del Grupo Joly "jamás solicitaron ni obtuvieron ninguna ayuda" y que los ex trabajadores "habrán de ser considerados siempre terceros de buena fe ajenos por completo a cualquier ilícito penal".

La empresa acreditó la concurrencia de las causas legales para llevar a cabo el ERE

Grupo Joly acreditó con la aportación de esos documentos que llevó a cabo todas las actuaciones legalmente exigidas para poder proceder a la extinción de los contratos de trabajo, dada la concurrencia de las causas legales establecidas, hecho que ocurrió, y que no fue condicionado ni a la obtención de ayuda pública alguna, ni a cualquier otra financiación de los despidos. Así, se demostró que el grupo editor acordó con los 36 ex trabajadores diversas cuantías indemnizatorias por la extinción de sus contratos.

En concreto, la empresa acordó el pago de una indemnización total por importe de 1.560.000 euros, una cantidad fue abonada íntegramente por el Grupo Joly, sin que la Junta de Andalucía o cualquier otro organismo público financiara o subvencionara el pago de las indemnizaciones a los ex trabajadores, cuyo despido se iba a producir con independencia del acuerdo a que los ex empleados llegaron con la Junta de Andalucía para establecer un plan de prejubilaciones ajeno a la compañía.

La representación jurídica del Grupo Joly señaló asimismo que no existía "el menor elemento indiciario documental" respecto a que las mismas no fuesen dirigidas a los ex trabajadores. Y esas ayudas nunca pasaron por la contabilidad de la empresa, porque fueron concedidas y satisfechas cuando ya no existía relación laboral alguna entre Grupo Joly y sus antiguos empleados que constituyen el objeto actual de la investigación judicial.

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