Que las macrocausas están colapsando la Audiencia de Sevilla es algo evidente. Tras tortuosas y dilatadas instrucciones que se han prolongado durante lustros en los juzgados de Instrucción, la Audiencia de Sevilla lleva varios años iniciando la celebración de estos macroprocesos. El próximo martes se inicia el segundo juicio de la macrocausa de Invercaria, en relación con las ayudas de 850.000 euros concedidas a la diseñadora cordobesa Juana Martín y que no fueron devueltos.

La instrucción de la macrocausa de Invercaria se inició en el año 2012, un año después del caso de los ERE –del que por ahora sólo se han enjuiciado dos asuntos y uno de ellos ni siquiera tiene sentencia–, aunque la investigación a Juana Martín comenzó en 2014, con lo que esta causa llega a juicio más de siete años después de que se iniciaran las pesquisas judiciales.

En este caso, además de Juana Martín, se sentarán en el banquillo de los acusados tres ex directivos de la sociedad andaluza de capital riesgo: el ex presidente Tomás Pérez-Sauquillo –que ya fue condenado en marzo de 2020 a tres años y medio de cárcel por las ayudas a la empresa Aceitunas Tatis–, así como el ex director financiero Antonio Nieto y el ex director de Promoción Cristóbal Cantos, quien paradójicamente fue el denunciante del caso.

El juicio a la diseñadora cordobesa estará presidido por el magistrado de la Sección Primera Juan Antonio Calle Peña, que en su día enjuició la pieza política de los ERE y condenó a 19 ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Anticorrupción reclama una condena de ocho años de prisión para Juana Martín

En esta nueva pieza de Invercaria, la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de ocho años de prisión para Juana Martín por un delito de malversación, mientras que pide otros ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación para el Tomás Pérez-Sauquillo; y seis años y seis meses de prisión y 18 años de inhabilitación para Cristóbal Cantos y Antonio Nieto, por delitos de malversación y prevaricación.

En el auto de procesamiento, el instructor de la causa, Juan Gutiérrez Casillas, señaló que el 16 de enero de 2006 se formalizó ante notario un préstamo participativo de Invercaria a la sociedad mercantil Juana Martín Diseño de 120.000 euros, con una amortización que se iniciaba el 16 de enero de 2010 con cancelaciones semestrales de 12.000 euros.

El 28 de junio de 2006, el consejo de administración de Invercaria aprobó la propuesta para invertir en Juan Martín con un importe máximo de 900.000 euros, un acuerdo que “no fue sometido a ratificación del consejo rector del socio único de la sociedad, la agencia pública andaluza Idea”. Esa propuesta de inversión recogía el otorgamiento de una licencia “en exclusiva” sobre la marca de Juana Martín Manzano así como la capitalización del préstamo participativo por importe de 120.00 euros concertado con Juana Martín Andalucía.

El crédito a favor de Juana Martín tenía prevista su amortización en enero de 2010, con cancelaciones semestrales de 12.000 euros, pero al no contar con cuentas anuales depositadas en el registro mercantil desde 2009 “se desconoce si dicho préstamo está siendo atendido por Juana Martín Diseño”.

El instructor señaló igualmente que el presidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, el director de Promoción, Cristóbal Cantos, y el director financiero Antonio Nieto, como cargos directivos y miembros del consejo de administración de Juana Martín Andalucía, “con conocimiento” de estas actuaciones, participaron de forma directa o indirecta en varias pólizas de préstamos a Juana Martín.

El 1 de septiembre de 2011, Invercaria aportó en la operación de fusión con la sociedad de capital riesgo Inverjaén (luego Inverseed), su participación y préstamos concedidos a Juana Martín Andalucía, por un valor de 442.000 euros, resultado de la inversión por 850.00 euros minoradas en las provisiones contables dotadas a la fecha”.

Declaró en el juzgado en el año 2014

La diseñadora cordobesa Juana Martín declaró como imputada en abril de 2014 en el juzgado, donde aseguró que fue el entonces consejero de Innovación de la Junta Francisco Vallejo quien se “interesó” para que la sociedad pública de capital riesgo invirtiera en su empresa.

La modista corroboró en su comparecencia las manifestaciones realizadas con anterioridad por Tomás Pérez-Sauquillo, quien dijo que la idea de invertir en su empresa partió de Vallejo y de la entonces consejera de Cultura Rosa Torres. “La relación con Invercaria fue por iniciativa inicial del entonces consejero de Innovación tras un desfile en la Pasarela Cibeles en septiembre de 2005”, aseguró Juana Martín, que añadió que Vallejo “se interesó en varias ocasiones” por su empresa y después tuvo otro contacto con el “secretario” del consejero y con el presidente de Invercaria.

La modista reconoció que recibió un préstamo inicial de 120.000 euros en enero de 2006 que, según dijo, destinó a la compra de tejidos, maquinaria y gastos derivados de desfiles en varias pasarelas y todo ello relacionado con el diseño y confección de moda prêt a porter. También admitió que le comunicaron que se había aprobado una inversión de 900.000 euros y que se le concedió otro préstamo por importe de 50.000 euros, aunque negó que este último fuese concedido con carácter personal sino que fue a iniciativa de Invercaria.

Juana Martín dijo al juez que se pensó en externalizar la producción textil para hacerla “más barata o de menos coste” y para ello buscaron fábricas en Marruecos, llegando a realizar un viaje en Casablanca donde montaron un taller pero era “inviable llevar a efecto la producción comercialmente por las dimensiones que pedían para que saliese rentable”. La diseñadora afirmó que plantearon la fábrica de Marruecos porque “en Andalucía no existían talleres adecuados para el proyecto, eran talleres pequeñitos y por eso se pensó en la externalización”.

Sobre la valoración de la marca, la imputada sostuvo que Invercaria valoró su curriculum, las pasarelas en las que había desfilado y su “prestigio público reflejado en prensa”, aunque no recuerda si recabaron o no facturas o documentación contable de su actividad a los efectos de realizar esa valoración.

El juicio, que arranca con la presentación de las cuestiones previas por parte de las defensas de los acusados, está previsto que se prolongue en principio hasta el próximo 19 de mayo.