La instrucción de las macrocausas

El colapso de la Audiencia retrasa otro juicio de Invercaria como mínimo hasta dentro de un año

  • Se trata de la primera pieza de la macrocausa que se comenzó a investigar hace 9 años, en 2012, por las ayudas concedidas para el proyecto fallido de Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), que costó más de un millón

El ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo durante la presentación del proyecto fallido FIVA. El ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo durante la presentación del proyecto fallido FIVA.

El ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo durante la presentación del proyecto fallido FIVA. / P. A.

La Audiencia de Sevilla no puede gestionar las macrocausas en unos tiempos aceptables. El colapso que arrastran las secciones de lo Penal está provocando el retraso en el enjuiciamiento de estos macroprocesos. El último caso conocido es el del juicio relativo a la primera pieza de la macrocausa de Invercaria, en la que se investigan las ayudas por importe de más de un millón de euros invertidos en el proyecto fallido de las Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA).

Esta pieza de Invercaria, en la que están procesados dos ex presidentes de Invercaria (Tomás Pérez-Sauquillo y  Laura Gómiz), fue la primera que comenzó a investigarse hace 9 nuevas, en el año 2012, y fue enviada a juicio por el instructor en septiembre de 2017. 

Su enjuiciamiento ha correspondido a la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, que preside el magistrado Carlos Lledó, y que acaba de lamentar en un auto que la vista oral no se podrá celebrar en principio hasta dentro de un año, es decir, como muy pronto en 2022, porque la Sala tiene "completa la agenda [de señalamientos] a más de un año vista".

El tribunal recuerda que causas de este tipo exigen "la reserva de no pocos días para su celebración" -en este caso se han previsto inicialmente 50 sesiones-, así como una "cierta infraestructura y disponibilidad de salas de vista de alta capacidad". Y todo ello, precisa, en una situación como la actual "crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con todo lo que ello conlleva, al punto de que actualmente el país sigue en estado de alarma y que ha provocado y sigue provocando la suspensión de numerosos juicios ya señalados, que han de ser reubicados", señalan los magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia.

Todos estos efectos negativos se agravan en proceso como el presente, en el que además no concurre ninguna de las circunstancias que, conforme al artículo 785.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, le otorgan un "carácter preferente" -como que se tratara por ejemplo de una causa con preso-, teniendo además que el tribunal tiene asignada la especialidad de violencia de género.

El "riesgo" del coronavirus

El tribunal no ha querido convocar siquiera la habitual reunión en los juicios de las macrocausas con todas la partes previa al señalamiento de la vista oral debido a la pandemia del coronavirus, dado que además dicha reunión no está prevista en la ley, debido al "riesgo que generaría para los asistentes, previsiblemente, durante varias horas, en los limitados espacios de que dispone esta Audiencia Provincial, por lo que parece más razonable establecer aquí las pautas básicas y permitir que las partes puedan adicionar o aclarar las previsiones que, a su juicio, puedan no ser del todo correctas o ajustadas a los tiempos que precisan".

La Audiencia prevé que la vista oral se desarrolle en unas 50 sesiones, a razón de tres o cuatro sesiones semanales (de forma alterna) y de unas cuatro horas por cada sesión efectiva, dado que "mayor tiempo puede mermar la capacidad de atención y concentración de los asistentes, amén de no ser recomendable, al menos en este momento, por razones sanitarias".

Sólo un juicio celebrado 

De la macrocausa de Invercaria, a pesar del tiempo transcurrido desde que comenzó la investigación, sólo se ha celebrado hasta ahora un juicio, aunque la Audiencia de Sevilla celebrará entre el 26 de abril y el 19 de mayo el juicio contra la diseñadora cordobesa Juana Martín y tres ex directivos de Invercaria –el ex presidente Tomás Pérez-Sauquillo, Cristóbal Cantos y Antonio Nieto–, en relación con las ayudas de 850.000 euros que recibió la empresa de la modista y que no habrían sido devueltos.

Éste es el segundo juicio que tiene lugar por las irregularidades vinculadas a las ayudas concedidas por la sociedad andaluza de capital riesgo, tras la primera vista oral que acabó en marzo de 2020 con la condena de tres años y medio de cárcel del ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, juzgado entonces por un préstamo participativo de 100.000 euros concedido a la empresa Aceitunas Tatis.

La Audiencia ha fijado un tercer juicio de Invercaria para el próximo 13 de septiembre de este año, cuando se enjuiciará en la Sección Cuarta la pieza denominada de "personal" de la sociedad pública de capital riesgo andaluza. Esta es la misma sección a la que ha correspondido enjuiciar la pieza de FIVA.

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