La juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha declarado la investigación del mayor brote de listeriosis detectado en España como una causa "compleja" y, por tanto, ha decidido ampliar a 18 meses la investigación iniciada en agosto de 2019, cuando se decretó la alerta sanitaria al registrarse los primeros casos de contagio.

La magistrada ha dictado un auto, fechada el pasado 12 de febrero, en el que avala la petición realizada por la Fiscalía de Sevilla para declarar la complejidad de una causa que se abrió el 24 de agosto de 2019. El Ministerio Público pidió a la instructora que ampliara el plazo de la investigación en atención a las "especiales características de los hechos punibles objeto de investigación, la participación de presuntos responsables, el examen de documentación e igualmente el elevado número de procedimientos pendientes de tramitar ante el juzgado, que suponen que la presente causa revista una complejidad sobrevenida conforme al artículo 324.1" de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La magistrada considera que en el caso del brote de listeriosis que provocó la muerte de cuatro personas, siete abortos y más de 200 afectados, se cumplen dos de los requisitos para declarar la complejidad. Según la juez, en la investigación de Magrudis se exige la realización pericias o de colaboraciones que implican el examen de "abundante documentación o complicados análisis", de un lado; y es necesario además revisar la "gestión de personas jurídico-privadas o públicas", de otro, según los requisitos establecidos en el mencionado artículo 324.2.

De otro lado, la instructora está estudiando la posibilidad de establecer medidas cautelares para asegurar la posible responsabilidad civil que pueda derivarse del brote de listeriosis, después de la averiguación patrimonial realizada haya confirmado que ni los propietarios de Magrudis ni la propia empresa disponen de fondos suficientes para hacer frente a las posibles indemnizaciones. De hecho, el seguro de responsabilidad civil suscrito por Magrudis sólo cubre hasta 300.000 euros, cantidad que ya ha sido depositada en el juzgado por la compañía aseguradora.

La fiscal pidió ampliar el plazo por las “especiales características” de los hechos que se investigan

La juez tiene que decidir ahora sobre la fianza que debe imponerse a las diez personas que figuran actualmente como investigadas en esta causa, y que oscilan entre el millón y medio de euros que ha solicitado la acusación particular que ejerce la asociación de consumidores Facua hasta los 3,4 millones que reclama la Junta de Andalucía.

De los 3,4 millones que reclama la Junta, 2.176.313,12 se corresponden con las asistencias sanitarias a los afectados prestadas en los hospitales públicos, mientras que el 1,2 millones restante obedece al gasto ocasionado para la atención a mujeres embarazadas asintomáticas. Durante la alerta sanitaria, la Consejería de Salud suministró antibióticos a 949 embarazadas, aunque ninguna de ellas presentaba síntomas de la bacteria.

Sumados ambos conceptos, la Junta reclama provisionalmente un total de 3.428.663,02 euros, por lo que ha solicitado a la juez que imponga esta fianza a las personas que figuran actualmente como investigadas y, en su defecto, que se practiquen los embargos a estas personas hasta cubrir el importe señalado, según el escrito presentado por la letrada de la Junta de Andalucía.

La juez debe además pronunciarse sobre la imposición de fianzas a los diez investigados

Por su parte, la Fiscalía de Sevilla ha pedido a la juez que se acuerde el comiso y se proceda a la venta anticipada de la maquinaria y los vehículos propiedad de los dueños de Magrudis "que puedan deteriorarse o perder valor en caso de mero depósito". Así, ha pedido la venta de un BMW 520 propiedad del hijo del dueño, así como todos los turismos propiedad de Magrudis y los de la empresa El Patio, así como los que puedan aparecer si continúan las gestiones para la averiguación de bienes propiedad de los investigados.