Un informe de averiguación patrimonial realizado por la Subdirección General de Localización y Recuperación de Bienes del Ministerio de Justicia confirma que ni la empresa Magrudis ni sus responsables disponen de bienes o fondos suficientes para indemnizar a todos los perjudicados por el brote de listeriosis, que ha provocado cuatro muertes, siete abortos y más de 200 lesionados tras haber consumido la carne mechada contaminada con esta bacteria.

El análisis, que ha sido entregado al juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, que investiga el brote, pone de manifiesto que ni el dueño de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, ni su mujer, ni sus dos hijos, dispone de ningún inmueble a su nombre. Tan sólo la mujer del dueño, Encarnación Rodríguez, también investigada en la causa, tiene a su nombre una furgoneta Renault Exprés, mientras que su hijo Sandro José tiene otro coche, en este caso, un BMW 520D.

En la investigación, sí se ha hallado una cuenta bancaria de Magrudis con un saldo de 10.698,51 euros, y a nombre de esta empresa no figura ningún bien inmueble, pero sí cuatro vehículos: una furgoneta Renault Trafic, y tres turismos, un Nissan Juke, un Seat Ibiza y un Volkswagen Polo. 

En la causa de Magrudis hay actualmente diez investigados -el dueño de Magrudis, su mujer, sus dos hijos, su cuñada, un comercial, su asesor financiero, el arquitecto del proyecto, y los propietarios de Comercial Martínez León-, quienes en su mayoría han sido objeto de esta averiguación patrimonial. El informe concluye que se han localizado por el momento 15 bienes inmuebles y 17 bienes muebles, de los cuales los hermanos Antonio y Domingo Martínez León son los que "poseen la mayoría de los bienes inmuebles hallados hasta la fecha".

Los investigadores concluyen que si bien los imputados "no poseen un gran volumen de negocio, se han localizado, no obstante, algunas cuentas bancarias y productos contratados por aseguradoras" y, en este sentido, la analista comunica a la juez que quiere hacer un "análisis exhaustivo de los movimientos bancarios de las personas físicas y jurídicas" relacionadas con las empresas investigadas, así como de los datos que aporte la Agencia Tributaria.

Por ello, han pedido a la juez que se amplíe las pesquisas a la localización de activos de Comercial Martínez León y de la empresa Paladar Jurídico Dehesa, dado que estas sociedades pueden "poseer bienes de posible titularidad real vinculados con los investigados" Antonio y Domingo Martínez León, además de que se podría descubrir "la existencia de otros activos que directa o indirectamente puedan ser vinculables a los mismos".

Entre las propuestas de los investigadores destacan la de continuar con la "averiguación patrimonial"  y en concreto sobre los productos financieros relacionados con los investigados y "analizar y enviar la información relevante que se reciba por parte de la agencia Tributaria de los investigados".

Tras este informe, la juez Pilar Ordóñez ha dictado una providencia, con fecha 16 de enero, en la que da traslado de este informe a la Fiscalía y a las partes personadas para que se pronuncien sobre si "interesan la adopción de alguna medida cautelar".

Facua reclama una fianza de 1,5 millones de euros

En este sentido, la asociación de consumidores Facua, que ejerce la acusación particular, ha reclamado a la juez que se imponga a los investigados una fianza de 1,5 millones de euros, una cantidad que estima provisionalmente y a la espera de la evolución de la instrucción, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales.

Facua considera que esta fianza debe ser impuesta de forma solidaria a todas las personas que figuran actualmente como investigados en la causa. Para satisfacer esta cantidad, la asociación de consumidores solicita a la juez que se decrete el embargo de los bienes señalados en el informe realizado por la dirección general de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA). Esta acusación particular había solicitado con anterioridad que se fijara una fianza de un millón de euros, pero la instructora no se pronunció en su momento.

La averiguación patrimonial realizada pone de manifiesto algo que ya era evidente, que Magrudis ni sus dueños podrán asumir el coste de las indemnizaciones que en su día se fijen por el brote de listeriosis. De momento, el seguro de la empresa cubre la responsabilidad por daños de hasta 300.000 euros, cantidad que ya ha sido depositada en el juzgado por la compañía aseguradora y que ni siquiera cubre el coste de la asistencia sanitaria dispensada a los afectados. En un reciente auto, la juez señalaba que hasta ahora se estima que los gastos derivados de esta asistencia ascienden a 767.001,99 euros, de los cuales 608.822 euros se corresponden con los pacientes tratados en el Hospital Virgen del Rocío y los otros 158.179,99 euros por las prestadas en el Hospital Virgen Macarena.