Un mes después de que miles de profesionales se manifestasen en Madrid contra la Mutualidad de la Abogacía, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca) se ha reunido con representantes del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado para abordar la actual problemática de los letrados mutualistas y plantear las reivindicaciones en relación con el sistema de previsión social y las condiciones de jubilación del colectivo. Los senadores socialistas mostraron su apoyo a esas demandas y se comprometieron a trasladarlas al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Los representantes de la Abogacía andaluza fueron recibidos por el portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, y los senadores socialistas María Ángeles Luna y José María Oleaga, ambos integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta. El Cadeca, encabezado por su presidente Federico Fernández, les expuso la situación de estos colegiados y les trasladó la preocupación del Consejo y los once colegios de Andalucía que lo integran por este asunto, que es prioritario para la profesión.

En este sentido, el Cadeca insistió en la necesidad de poner en marcha medidas que garanticen una cobertura social "digna" para los abogados mutualistas, equiparable a la que perciben los letrados adscritos al sistema público. Entre esas medidas citaron la implementación de una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), el ajuste por las aportaciones ya realizadas, el establecimiento de pensiones mínimas o la mejora del tratamiento fiscal. Asimismo, el Consejo compelió a los representantes públicos a que agilicen el proceso a través de una regulación de las posibles soluciones mediante decreto.

Tras oír a los representantes del Cadeca, los senadores socialistas les expresaron su respaldo y se comprometieron a trasladar sus reivindicaciones al Ministerio de Hacienda y Función Pública, que es dirigido por la andaluza María Jesús Montero.

Este encuentro se enmarca dentro de una serie de reuniones institucionales que el Consejo va a acometer con representantes de los mutualistas afectados, la propia Mutualidad y administraciones públicas con el objetivo de "favorecer que los diferentes órganos del Gobierno consideren esta problemática como una prioridad, habida cuenta lo delicado de la situación y el alto número de colegiados afectados", según indica el Cadeca en un comunicado, cuya meta final es "dar una solución beneficiosa" a esta controversia.