Aunque en principio la mujer encontrada muerta en su casa en julio de 2020 tras un incendio en la zona de la Avendia de la Cruz Roja de Sevilla parecía haber fallecido a causa del fuego, la investigación policial y el uso de su tarjeta de crédito por parte de un hombre hizo que la Policía Nacional abriera una investigación que culminó con la detención de J. A.G., a quien el próximo 13 de septiembre enjuiciará un jurado popular en la Audiencia Provincial de Sevilla.  La Fiscalía reclama un total de 30 años de cárcel para el acusado por robar y asesinar a R. G. L. tras asfixiarla con una toalla. Además, supuestamente prendió fuego al colchón donde estaba el cadáver. "a fin de eliminar cualquier vestigio biológico que pudiera asociarlo al lugar", hechos por los que la Fiscalía reclama un total de 30 años de cárcel.

En su escrito de acusación, facilitado por la oficina de comunicación del TSJA, el Ministerio Público solicita para J. A. G. 23 años de prisión por un delito de asesinato; cinco años de cárcel por un delito de robo con violencia con la agravante de reincidencia; dos años de prisión por un delito de daños mediante incendio, y el pago de una multa de 360 euros por un delito leve continuado de estafa, así como que indemnice con 60.000 euros a la hija de la víctima en concepto de daño moral y con 10.536,60 euros al propietario de la vivienda por los daños materiales causados.

Según la Fiscalía, el 20 de julio de 2020, el acusado consiguió hablar con la fallecida a través de una página de contactos donde ella se anunciaba, concertando ambos una cita para mantener relaciones sexuales a las 18:00 de esa tarde. La mujer, por motivos de seguridad, le indicó sólo que la vivienda se situaba en la zona de la Avenida de la Cruz Roja de Sevilla. El Ministerio Público afirma que fue hasta allí "con el designio, puesto que carecía de metálico para abonar el servicio sexual, de enriquecerse apoderándose de cuantos efectos de valor pudieran hallarse en la vivienda en que fuera atendido".

Murió asfixiada con una toalla

El Ministerio Público precisa que, cuando ambos se vieron en el punto en el que habían quedado, la mujer facilitó al investigado el nombre de la calle, aunque no el número, que se lo remitió por whatsapp a las 17:57. Una vez dentro, el acusado fue invitado por la fallecida a ducharse en el baño contiguo al dormitorio principal donde iba a tener lugar la relación, para lo que le facilitó una toalla.

Según expone el fiscal, el investigado, tras ducharse, accedió a dicho dormitorio, echándose entonces la mujer sobre la cama a fin de practicar el acto sexual, de modo que el encausado aprovechó "la situación de indefensión que aquella presentaba y el supuesto propósito de la visita para, colocándose encima de ella y anudándole al cuello una toalla, proceder a presionar el mismo con objeto de darle muerte hasta producírsela por asfixia mecánica, empleando para ello tal fuerza física que llegó a fracturarle la primera costilla de ambos lados".

El relato del Ministerio Público afirma que el acusado se hizo con los dos teléfonos móviles de la mujer y con una cartera que contenía su documentación personal y su tarjeta de crédito, tras lo que, "a fin de eliminar cualquier vestigio biológico que pudiera asociarlo al lugar", recogió una toalla que había empleado y, usando un medio no determinado, prendió fuego al colchón donde yacía el cadáver, abandonando a continuación la vivienda.

La Fiscalía asevera que el acusado actuó "con absoluto desprecio del riesgo" que su acción "pudiera entrañar para la vida o integridad física de las personas, al tratarse de una zona densamente poblada, si bien no consta que lo produjera de hecho", siendo los vecinos los que avisaron sobre las 19:32 de ese mismo día al Servicio de Extinción de Incendios, que halló a la víctima sobre la cama con quemaduras de tercer grado.

En el periodo comprendido entre que abandonó la vivienda y hasta que fue detenido por la Policía a las 21:40 del día siguiente al crimen, el investigado, "guiado asimismo de un ánimo de ilícito beneficio, se sirvió" de la tarjeta de crédito de la víctima, "fingiendo ser su legítimo titular", utilizándola en 16 ocasiones tanto para comprar como para pagar consumiciones en diferentes bares, gastando un total de 195,29 euros, según el Ministerio Público.