Carlos Estévez, en su día máximo responsable de Minas de Riotinto (MRT), regresó ayer a la Audiencia de Sevilla para ser juzgado una vez más por su gestión al frente de la empresa. La vista oral, que debería haberse desarrollado en dos sesiones el lunes y el miércoles, se suspendió debido a la huelga en que persisten los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), como era de prever aunque no se confirmó hasta minutos antes del juicio, pero más noticia que la frustrada celebración fue la presencia del acusado en la sede judicial.

Estévez se personó en el Prado de San Sebastián junto a los otros cuatro acusados. La Fiscalía pide un año y siete meses de cárcel para cada uno por un presunto delito de estafa procesal y otro de falsedad en documento mercantil. En el caso del otrora consejero delegado de MRT, se presentó en la Audiencia tras ser condenado en firme en 2019 a quince meses de prisión por apropiación y falsificación. Casi tres años y medio han transcurrido y no ha entrado en ningún centro penitenciario, a pesar de los requerimientos del tribunal que lo enjuició, la Sección Primera. Y eso ha hecho que esta Sala haya resuelto ponerlo en busca y captura, aunque el mandato todavía no se le ha notificado porque precisamente falta la firma de la letrada judicial.

A la salida de la Audiencia, el abogado de Estévez insistía en que a ese auto de la Sección Primera le había seguido otro que anulaba la orden previa porque su cliente ya había abonado los más de 320.000 euros con que debía indemnizar a Shorthorn Limited, la empresa suiza que a principios de este siglo invirtió más de 8,5 millones de euros para reflotar la actividad en la mina. Según el letrado, ese pago se produjo en agosto de 2022 y la orden había sido un error del tribunal.

El abogado afirma que Estévez ya pagó la indemnización a la compañía suiza Shorthorn Limited

Fuentes judiciales confirman que en efecto abonó el resarcimiento económico pero no los intereses o las costas de las acusaciones particulares, de ahí que el tribunal desestimara su recurso de súplica contra la orden de ingresar voluntariamente en prisión y mandara a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a ponerlo en busca y captura. Ese auto ya está redactado y firmado por los tres jueces pero aún no ha sido notificado debido al paro de los LAJ. Que la letrada de la Sección Primera lo selle es el paso imprescindible para que la resolución sea firme. Al no ser causa urgente o con preso, a priori la antigua secretaria judicial la firmará cuando deje de estar en huelga.

La condena origen de este intrincado caso está recogida en una sentencia del 7 de febrero de 2018 que el Tribunal Supremo ratificó el 6 de noviembre de 2019. El juicio que ahora queda pendiente de un nuevo señalamiento en la Sección Tercera parte de los mismos hechos. Como consejero delegado de MRT, que ya estaba en suspensión de pagos, Estévez contactó con Shorthorn y le ofreció la explotación de la mina. Para adquirir los activos se crearon Mantenimiento General del Sur (Mantesur) e IEG, ambas administradas por un grupo que lideraba Estévez. Shorthorn invirtió unos 8,5 millones de euros y Mantesur recibió algo más de 2,2 millones. De ese dinero, 320.127,56 euros se facturaron a diecinueve empresas que “o no existían o que, aun existiendo, nunca contrataron con Mantesur”. Esa es la indemnización pagada.

En el caso específico de la causa que debería haberse enjuiciado ayer, la Fiscalía recuerda en su escrito provisional que como Shorthorn no se fio de la gestión de Estévez, cambió a los administradores y ordenó una auditoría que reveló “irregularidades” en el uso del dinero que había invertido hasta entonces. Eso provocó la denuncia que derivó en la condena de 2018 y “sucesivos procedimientos judiciales” penales y mercantiles.

En noviembre de 2008, prosigue la fiscal, los acusados “urdieron un plan” orquestado por Estévez y el representante de Construcciones Zeitung y presentaron una demanda de concurso de acreedores contra Mantesur. Aportaron dos contratos. Uno era de arrendamiento, “supuestamente” firmado el 1 de marzo de 2005 por Zeitung y Mantesur, por el que se habría generado una deuda de 2.250.000 euros a favor de la constructora, aunque “no obedecía a la realidad” y sólo tenía como objetivo presentar “una deuda ficticia” para así formular la demanda. El segundo contrato, del 7 de febrero de 2006, también fue aparentemente sellado entre Rumbo-5 Cero y Estévez, pero también era ficticio y una tercera persona “simuló” la firma del dueño de Rumbo-5 Cero, según el fiscal.

De todas formas, la demanda de concurso fue desestimada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 y la propia Audiencia porque la supuesta deuda no se acreditó y los jueces resaltaron sus “dudas e incertidumbres” sobre el contrato de arrendamiento.