Empresas de telefonía

El presidente de Vodafone, citado en un juzgado de Sevilla por denuncia falsa

  • El denunciante reclama a Vodafone 8,9 millones de euros 

  • Aporta una sentencia firme que no consideró probadas las irregularidades denunciadas por Vodafone  

El presidente de Vodafone, Francisco Román. El presidente de Vodafone, Francisco Román.

El presidente de Vodafone, Francisco Román. / juan carlos muñoz

Francisco Román, presidente de Vodafone España, y el resto de la cúpula directiva a nivel nacional están citados el 15 de enero en un juzgado de Sevilla como consecuencia de la querella criminal interpuesta contra ellos por un empresario sevillano, que les acusa de delitos de apropiación indebida, denuncia falsa y falsificación de documentos.

El empresario sevillano había trabajado con un contrato de agencia para Vodafone durante 14 años, tenía siete puntos de venta en Sevilla con casi 70 trabajadores y una facturación anual de más de 9 millones de euros. Había conseguido ser “uno de los principales agentes de Vodafone a nivel nacional” y hasta meses antes la propia multinacional le había reconocido en varias ocasiones la “excelencia” de su empresa Adytel, según la querella a la que ha tenido acceso este periódico.

A finales de 2009, Adytel empezó a negociar su venta a otra empresa agente de Vodafone, bajo supervisión del operador de telefonía, pero rechazó los términos que le ofrecían y entonces Vodafone “resolvió sorpresivamente el contrato de agencia que habían tenido”.

El abogado querellante, Javier Vidal, sostiene que cuando Vodafone se enteró de la demanda civil que la empresa sevillana había presentado en reclamación de 5,5 millones de euros, optó por presentar una denuncia penal falsa alegando irregularidades económicas.

La querella ha sido admitida a trámite por el juzgado de instrucción 14, que ha citado a la cúpula de Vodafone el 15 de enero para darle traslado de la querella. Posteriormente serán citados a declarar, precisa el juez, que en su auto les instruye de los derechos contenidos en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre ellos el de designar abogado y ejercer su derecho de defensa.

La denuncia penal por irregularidades terminó con una sentencia absolutoria de la Sección Séptima de la Audiencia que ha sido declarada firme en noviembre al no haber recurrido Vodafone. 

El abogado de Adytel  afirma que la sentencia de la Audiencia demuestra que Vodafone aportó al juicio “pruebas falsas, tanto documentales como testificales”. Interpuso una “denuncia con carácter dilatorio y oportunista" cuyo único objeto era “tratar a toda coste de ahorrarse" la indemnización que le solicitaban en el proceso civil.

La indemnización reclamada se sitúa ahora en 8,9 millones de euros por los daños y perjuicios sufridos por la empresa sevillana como consecuencia del concurso de acreedores a que se vio abocada, expulsión del mercado y pérdida de sus tiendas y clientes.

Entre otros, la Audiencia afirmó que “no es hipótesis muy razonable ni creíble” que si las supuestas irregularidades se cometían desde enero de 2009, “la alarma no saltara hasta agosto o septiembre” en una empresa “de la envergadura y experiencia de Vodafone”.

La prueba de cargo fue “confeccionada unilateralmente por Vodafone sin posibilidad de contraste” y la prueba personal “pudiendo haber sido perfectamente documentada, no lo ha sido” ni “se ha practicado ninguna prueba directa” sobre la “desidia” denunciada por Vodafone, según la Audiencia.

Ahora, la querella sostiene que esa sentencia fue tan “completa y demoledora” que Vodafone optó por no  recurrirla y ha sido declarada “firme e incontrovertida”.

El auto del juez de instrucción 14 indica que los hechos relatados pueden ser constitutivos de delito de falso testimonio, falsedad documental y apropiación indebida y señala como querellados a Francisco Román como presidente de Vodafone España, a Antonio Da Costa Coimbra como consejero delegado, a Miguel Orue como director general de Finanzas, a Elena Otero-Novas como directora del departamento Legal, y a los responsables de ventas Marcos Rodríguez y Diego Torrico. 

El auto judicial es de fecha 18 de diciembre y la empresa Vodafone, preguntada por este periódico, indicó que aún no lo ha recibido y, en consecuencia, no puede comentar nada al respecto.

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