Vox insiste en que el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, debe declarar como investigado ante la juez por el incidente durante un almuerzo familiar el día de Reyes. La formación política que ejerce la acusación popular ha presentado este lunes un escrito en el juzgado de instrucción número 13 de Sevilla, en el que vuelve a solicitar la declaración de Cabrera -que ya pidió en febrero pasado- ante las "las evidentes contradicciones” que se reflejaron en el informe presentado por el jefe de la Policía Local, José Medina Arteaga, así como los informes emitidos por un subinspector que aseguró que el dispositivo policial que acudió al restaurante se puso en marcha tras recibir una llamada a las 14:30 horas para un requerimiento por parte de un intendente debido a que “al parecer el Delegado había tenido una incidencia en dicho establecimiento" y no por una llamada al 112.

En el escrito, Vox solicita al juzgado que libre oficio a la Policía para que aporte un informe sobre las "actuaciones realizadas por la Policía Local en los tres meses anteriores" a este incidente, que tuvo lugar el pasado 6 de enero, en casos similares al suceso, todo ello con la finalidad de "comprobar la proporcionalidad real del despliegue realizado al restaurante Princi.Pico".

También pide que la Policía Nacional informe sobre los efectivos de este cuerpo que participaron en el aviso y, en tercer lugar, que se tome declaración como testigos al jefe de la Policía Local y a dos agentes, así como al delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, como investigado, para que "se aclaren todas las contradicciones existentes entre sus manifestaciones iniciales y lo descrito en el informe emitido" por el jefe del cuerpo.

A tenor de dicho informe, VOX considera “falsa” la aseveración de Medina Arteaga en su declaración acerca de “que el suceso se genera por la recepción de una activación por parte de Emergencias 112 Andalucía”. Recuerda el escrito del grupo político que la llamada al 112 se produce a las 14:44 horas, denunciando la alertante de la presencia de “1.000 clientes” en el establecimiento, por lo que para la acusación popular “queda claro que realizó una alerta falsa e injuriosa con ánimo de dañar y perjudicar al establecimiento”.

Añade que Medina Arteaga ha desvelado una conversación telefónica con Juan Carlos Cabrera a las “14:30 horas”, en la que éste le relata el incidente personal en el restaurante y, en este sentido, Vox dice que Cabrera,  en el escrito que dirigió al juzgado a través de su representación procesal "negó categóricamente que esta conversación se hubiera producido”. Y a su vez, refuerza como el jefe de la Policía Local reconoce que “con motivo de esta conversación, le pidió que esperase en el lugar mientras comunicaba lo ocurrido al responsable del turno para recibirle la denuncia voluntaria por esta negativa y que comprobase que el citado establecimiento poseía hojas de reclamaciones”.

El "abuso de poder" de Cabrera

Estas afirmaciones ratifican para este partido que fue por la llamada de Cabrera y no por el aviso al 112 cuando el jefe de la Policía Local contacta con un intendente y "se envía a un patrullero y un subinspector al lugar para comprobar lo ocurrido”. Se encuentra aquí una “clara relación causal por una cuestión ocurrida en su esfera privada y familiar”, activando “una respuesta desproporcionada e inmediata, siendo clara la influencia y abuso de poder como delegado de Seguridad, por lo que incurriría en un claro caso de prevaricación y abuso de poder”.

El escrito de Vox recuerda que el dueño del Princi.Pico sí cumplió la normativa Covid para el 6 de enero y considera “alarmante” que “por una cuestión familiar” del señor Cabrera la Policía Local “se ponga a comprobar el número de comensales que podían estar sentados en una misma mesa el día 6 de enero”.

Para finalizar, la acusación popular entiende que los testimonios de Medina Arteaga son “inciertos” y “reflejo de la sumisión a su subordinado”, indicando que el mando “debe estricto cumplimiento al Código Deontológico del Cuerpo del que forma parte, en el sentido de exponer los hechos de manera objetiva e imparcial sin realizar juicios de valor”, unos valores que a su juicio no se cumplen tras la intención del Medina de “descargar al señor Cabrera de toda responsabilidad en la prosecución de los hechos”, tras asegurar en el informe que éste “no promovió ni sugirió la activación de tal dispositivo”.

Todo ello se une al detallado informe de efectivos empleados en el despliegue que desvela una “proporcionalidad inverosímil e increíble” para esta acusación. Y también a la versión completamente diferente aportada por el subinspector, quien sí asegura que el dispositivo se puso en marcha tras recibir una llamada a las 14:30 horas para un requerimiento por parte de intendente de servicio, debido a que “al parecer el Delegado había tenido una incidencia en dicho establecimiento”.