El ex consejero de la Presidencia de la Junta Gaspar Zarrías ha pedido al juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana que archive la nueva causa abierta contra él y contra el ex presidente Manuel Chaves, en relación con un préstamo-puente de 5,8 millones concedidos en 1999 a la empresa cárnica Hijos de Andrés Molina (Hamsa) -luego Campocarne y Primayor-, porque la agencia IDEA ha acreditado que desde 2007 está reclamada por la Junta en la vía judicial la devolución de los 3,7 millones de euros que quedaban pendientes de dicho crédito.

El abogado Gonzalo Martínez-Fresneda ha presentado un escrito en el juzgado, en el que recuerda que el actual director económico-financiero de la agencia IDEA ha reconocido, en un certificado emitido el 20 de diciembre de 2019, que este préstamo se encuentra reclamado desde el 11 de septiembre de 2007 en el concurso de acreedores presentado por Primayor en un juzgado de Segovia, por lo que "se mantiene contabilizada la deuda vencida y pendiente de cobro".

El letrado considera que la sospecha inicial de la Fiscalía Anticorrupción y del instructor respecto a que nunca habría existido voluntad de cobro ni devolución del préstamo ha "desaparecido por completo" con esta respuesta de IDEA. La defensa del ex alto cargo recordó que el juez había señalado en su resolución que la eventual infracción investigada "habría de entenderse consumada cuando el importe del préstamo deja de ser considerado un activo (un derecho de crédito) para la entidad prestamista -en este caso, el IFA/IDEA- y, a consecuencia de su impago o amortización fallida, pasa a ser considerado como un pasivo, una pérdida".

En este sentido, argumenta la defensa que si se dice que el delito "se consuma cuando el importe deja de ser considerado un activo y resulta que a día de hoy el importe del préstamo sigue contabilizado como un activo pendiente de cobro, entonces el argumento del juzgado conduce ineludiblemente al archivo de estas diligencias previas sin más análisis".

En cualquier caso, Zarrías "no participó en modo alguno en la concesión de aquel préstamo, cuyas vicisitudes concretas nunca conoció", y los datos objetivos sirven para "demostrar la completa y absoluta regularidad de cuanto se hizo".

Carmpocarne Andalucía se disponía a crear 300 empleos y a invertir dinero en una comarca "muy castigada económicamente", y la normativa andaluza, al igual que la nacional, preveía entonces, "como prevé hoy, un conjunto de ayudas a la inversión y creación de empleo; estas ayudas eran de concesión reglada a todos aquellos que acreditasen su decisión de invertir o crear tales puestos de trabajo".

Así, el consejo rector del IFA acordó el 29 de octubre de 1999 anticipar a Campocarne Andalucía las subvenciones que por creación de empleo y nueva inversión habrían de corresponder a esta empresa "para poner en marcha la actividad industrial, en el bien entendido de que cuando estas subvenciones le fueran efectivamente concedidas a Campocarne, el dinero iría automáticamente a amortizar este adelanto sin pasar siquiera por las cuentas de Campocarne".

Por todo ello, la naturaleza del préstamo-puente era "plenamente legal y legítima", y tras ser ratificado por el Consejo de Gobierno de la Junta el 9 de noviembre de 1999, el préstamo se instrumentalizó en una escritura pública el 22 de diciembre de 1999.

Campocarne adquirió al IFA ciertos activos de Hamsa, siempre con el compromiso de invertir y mantener un elevado número de puestos de trabajo, pero finalmente desistió de la iniciativa, que vendió en 2004 a la sociedad Primayor Alimentación Andalucía, del grupo segoviano Proinserga. Esta empresa, al quedarse con los activos y las cargas, "devino en titular del préstamo otorgado a Campocarne; sin embargo, Primayor desistió de solicitar más subvenciones, al no conseguir mantener sus compromisos, con lo que el préstamo-puente quedó parcialmente sin devolver" y Proinserga presentó concurso de acreedores en los juzgados de Segovia, donde la Junta ha reclamado una devolución que a día de hoy "sigue viva".

Por último, la defensa de Zarrías alega que en todo caso las eventuales responsabilidades derivadas de estos hechos habrían prescrito hace ya más de cinco años, dado que los hechos se remontan al 22 de diciembre de 1999, cuando se transfirió el dinero a Campocarne y de aceptar el mayor plazo de prescripción éste se habría consumado el 22 de diciembre de 2014.