Un abogado de los ERE propone una novedosa atenuante de “penosidad” y culpa al "sistema punitivo del Estado"

El juicio ERE por las ayudas de la Junta de Andalucía a varios empresarios de la Sierra Norte de Sevilla quedó ayer visto para sentencia en la Sección Primera de la Audiencia Provincial. Lo hizo tras una última sesión que dejó como noticia principal el informe del abogado de José María Sayago, el acusado que en su día formó el famoso “tándem de la Sierra Norte” con José Enrique Rosendo, este último ya fallecido. El letrado reconoce un delito de malversación pero pide una condena de tres meses, frente a los tres años que solicita la Fiscalía Anticorrupción. Parte de esa reducción extrema en la pena que reclama para un delito de tal envergadura se basa en una atenuante novedosa y acuñada por él mismo: la “penosidad extraordinaria agravada por medida cautelar prolongada en el tiempo”.

El razonamiento del abogado, Juan Carlos Alférez, se resume en que su cliente ha padecido graves daños colaterales como consecuencia de una investigación a la que además prestó “colaboración máxima”. El 30 de abril de 2014, el Juzgado de Instrucción número 6 le impuso el embargo de bienes y la prohibición de salir de España y de realizar cualquier actividad de comercio. Como aún no hay sentencia, esas restricciones siguen vigentes hoy en día. “El sistema punitivo del Estado lo ha sometido a una penosidad que debe repararse con la atenuante. Se le prohibió la actividad de ser empresario”, denunció el letrado. “La pena debe ser reducida en un grado sólo por esta circunstancia”, añadió.

El abogado defensor insertó esta atenuante, que nunca antes nadie pidió en ningún juicio, en un paquete de tres circunstancias que en su opinión deberían servir para rebajar la pena de su encausado. Las otras dos, más tradicionales, son las de confesión y reparación del daño. Una tiene que ver con la "colaboración máxima" que ha brindado a la Justicia, entre otros motivos porque "desde 2012 no ha presentado ningún recurso" contra las muchas resoluciones judiciales que se fueron dictando en su contra. La otra está vinculada a la devolución de parte del dinero que destinó a un uso ilegítimo. Y además planteó la igualmente clásica atenuante de dilaciones extraordinarias, ya que el proceso ha durado ni más ni menos que catorce años.

Alférez también protestó por el hecho de que la malversación sea considerada agravada por la cantidad defraudada, que asciende a 15 millones de euros. La cantidad, vino a decir, no era lo realmente importante porque no se malversó en un solo ejercicio. En su informe incluso se remontó a la sentencia del caso Noos, que a su juicio respalda su hipótesis. "Una malversación de 100.000 euros en un ayuntamiento de una localidad de 100.000 habitantes es distinta de una malversación de 100.000 euros en los Presupuestos Generales del Estado", puso como ejemplo. "¿Es lo mismo una depredación de 15 millones de euros en un solo año que a lo largo de ocho o nueve años, como es este caso? Evidentemente no lo es, por cuantiosa que sea la cifra", se preguntó y se respondió.

El letrado de Sayago también dedicó un fugaz pasaje de su informe a la ausencia de Rosendo en el juicio. El empresario y concejal socialista en El Pedroso, fallecido a los 50 años, ha sido señalado por todas las defensas como el verdadero responsable de que la Administración subvencionase con más de 30 millones de euros a distintas empresas de la comarca. Alférez lamentó en primer lugar que una acusación particular realizase la "afirmación jocosa" de que "es fácil echar la culpa al muerto". Y después afirmó que la muerte de ese procesado "no ha sido una bendición para el señor Sayago, ha sido una carga". "Quien tenía los contactos y decidía era el señor Rosendo", reiteró.