Los abogados andaluces expresan al TSJA su "preocupación" ante las "posibles disfunciones" por la huelga de jueces y fiscales

Ante la huelga convocada los días 1, 2 y 3 de julio por la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales de España, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca) expresó este martes la "profunda preocupación" que genera entre el colectivo profesional el anunciado paro laboral. Por ello, "sin perjuicio del absoluto respeto de la Abogacía andaluza al derecho de huelga de jueces, magistrados y fiscales", el Cadeca ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una comunicación en la que advierte sobre "los perjuicios que la huelga causará a la ciudadanía y a los profesionales que actúan en su representación y defensa", así como al normal desarrollo de la actividad judicial.

En este sentido, con el objetivo de "minimizar en la medida de lo posible el impacto de la movilización", la Abogacía andaluza ha solicitado al TSJA que requiera a jueces y magistrados "que comuniquen su intención de secundar el paro laboral a la mayor brevedad e indiquen todas las actuaciones judiciales que se van a ver suspendidas".

Del mismo modo, el Cadeca ha pedido al TSJA que le haga llegar, y también a los colegios de abogados de Andalucía, los juicios, declaraciones, vistas y demás actuaciones afectadas por la huelga. Y que lo haga "con antelación suficiente" para así "evitar desplazamientos innecesarios y facilitar una correcta organización profesional". Se trata en definitiva de "aunar esfuerzos para que el derecho a la huelga incida lo menos posible en otros derechos constitucionales de ciudadanos y profesionales".

El Consejo Andaluz también ha trasladado la importancia del urgente señalamiento de las actuaciones judiciales suspendidas para "no agravar más de lo imprescindible la situación de retraso" que padece la Administración de Justicia.

En cualquier caso, la Abogacía andaluza ha reiterado al TSJA su "firme compromiso con la tutela judicial efectiva" y se pone a disposición de los órganos de gestión de la Administración de Justicia "para colaborar en cuanto sea necesario para lograr un correcto funcionamiento del sistema" en la comunidad.