Los abogados de los absueltos resaltan lo “disparatado” e “infundado” de la acusación

Los abogados de los dos ex altos cargos absueltos en la sentencia de los ERE -el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez y el ex jefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río- resaltan lo “disparatado” de la acusación contra ellos y el daño moral que les causó estar tantos años investigados y con su honorabilidad cuestionada.

El abogado José Rebollo tiene la doble satisfacción de haber defendido a dos de los tres absueltos en esta fase: Antonio Estepa, ex secretario general de Hacienda exculpado a mitad del juicio, y Manuel Gómez Martínez, ex interventor general de la Junta absuelto en la sentencia.

“Lo reconozco, estoy contentísimo”, afirma a este periódico, y explica que “cuando defiendes a alguien que es culpable, te puede salir mejor o peor y que la condena sea mayor o menor. Pero lo que causa más angustia a un abogado es defender a un inocente que puede acabar condenado”.

Respecto al ex interventor general de la Junta, Rebollo mantiene que fue una especie de mantra al que todos culparon durante el juicio como la persona que debía saberlo todo, y “eso es incierto y disparatado”.

“Desviar la atención es una estrategia legítima de defensa, pero hemos conseguido sacar adelante la tesis de que la actuación del interventor siempre es reglada. Si se sale de esos límites es cuando incurriría en una ilicitud”, mantiene Rebollo, y añade que “no se puede calificar de dolosa la actitud de quien emitió 17 informes diciendo que el sistema de las ayudas no era idóneo y propiciaba la opacidadad”.

“Trato inmerecido” al padre de la normativa jurídica de la Junta

Enrique del Río, que defendió al ex jefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Rio, afirma a este periódico que la acusación contra su cliente “carecía totalmente de fundamento” y, a falta de pruebas, la Fiscalía introdujo sus argumentos para acusar “por vía de informe, cuando ya no se podían combatir”.

Añade el abogado que “solamente ahora, con la absolución, se resarce en parte a Francisco del Río”, y asegura que “una acusación mantenida durante tantos años fue un trato inmerecido contra una persona de carrera profesional íntegra e intachable, que fue el padre jurídico de toda la normativa de la Junta de Andalucía”.

"Sentencia durísima" que resolverá el Tribunal Supremo

Entre los abogados cuyos clientes fueron condenados, la opinión más repetida es que la sentencia “no fue dura, sino durísima”, en palabras de Adolfo Cuéllar. Añade que, aunque su cliente -ex secretario general técnico de Empleo- tuvo la fortuna de ser condenado solo por prevaricación y no por malversación, “mi opinión después de haber estado un año entero en el juicio, es que no había motivo para una condena por malversación”, sostiene.

Muchos defensores tienen ahora puestos sus ojos en el Tribunal Supremo: a juicio de Juan Carlos Alférez, “es evidente que, al ser una sentencia condenatoria masiva, será recurrida y el Tribunal Supremo podrá entrar a valorar lo que los magistrados han establecido como elementos de condena y podrá ser revisada”.

Manuel Salinero, que defendió a la ex secretaria general técnica de Empleo, cree que la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia fue “excesivamente dura y debe ser revocada. Tendría que haber habido más absoluciones por el delito de malversación y la resolución sigue a pie juntillas el relato de las acusaciones”.

Los defensores preparan estos días la comparecencia de prisión para cuatro de los ex altos cargos y, en el caso de Salinero, su recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Adelanta que ha encontrado algunos errores como afirmar que su cliente se reunió varias veces con el IFA, cuando solo fue una, y algunas contradicciones en las funciones que le atribuyen.

“Una sentencia coja si solo valora las pruebas de la acusación”

Miguel Delgado Durán, que defendió a un ex director general de IFA/IDEA, también prepara ya su recurso de casación y destaca que la sentencia notificada el martes “no deja de ser una primera versión y visión judicial”.

Entre las cuestiones que deben comprobar las defensas, “si los magistrados han valorado las pruebas de descargo, porque si solo hubiesen tenido en cuenta las de la acusación, evidentemente la sentencia estaría coja y tendría buenos motivos de casación”.

Su primera petición a la sala ha sido que se amplíe el plazo de cinco días para recurrir al menos hasta los 40 días que tuvieron los abogados del caso Gürtel, Según su cómputo, los 1.821 folios de la sentencia, a un minuto por folio, supondrían 30 horas de lectura efectiva, es decir cuatro días dedicándole siete horas diarias.