Juicio por prevaricación

El alcalde de Pruna defiende que actuó en beneficio de los vecinos

  • Es juzgado por unas contrataciones aprobadas en pleno y también por el PSOE que le acusa

El alcalde de Pruna (centro) acudió al juicio apoyado por vecinos y concejales El alcalde de Pruna (centro) acudió al juicio apoyado por vecinos y concejales

El alcalde de Pruna (centro) acudió al juicio apoyado por vecinos y concejales

El alcalde de Pruna, Francisco López Sánchez (Juntos por Pruna), dijo este martes al tribunal que le juzga por presunta prevaricación que hizo los contratos investigados según la ley y para no causar perjuicios a los vecinos.

López Sánchez fue juzgado en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde la Fiscalía pidió para él 8 años de inhabilitación por contratar a un arquitecto como asesor “pese a los reparos de ilegalidad” por parte de la interventora municipal y de los servicios jurídicos de la Diputación.

Las contrataciones fueron hechas en 2011 y 2012, durante el anterior mandato de López Sánchez, y en caso de condena tras este juicio, tendría que dejar la alcaldía que ganó en las elecciones del 26 de mayo.

El alcalde estuvo apoyado durante la vista por su primer teniente de alcalde y por varios vecinos. En su declaración, atribuyó el juicio a una denuncia del PSOE “por motivos políticos”.

“Intentan conseguir en los tribunales lo que no obtuvieron en las urnas”, afirmó López Sánchez a este periódico.

Sin embargo, la acusación particular que ejerce el PSOE retiró su acusación respecto a dos de los cuatro grupos de contratos investigados y solo la mantuvo en lo que se refiere a la contratación del arquitecto municipal y a los trabajadores de ayuda a domicilio.

López Sánchez declaró que contrató a un arquitecto como asesor urbanístico según la Ley de Contratos del Estado porque el Gobierno no les permitía hacerlo como funcionario debido a las restricciones presupuestarias.

También está acusado por las contrataciones para ayuda a domicilio, aspecto en el que manifestó que cuando llegó a la Alcaldía lo que hizo fue regularizarlo, creando una bolsa de empleo negociada con CCOO.

Esa bolsa fue aprobada por el pleno municipal el 1 de febrero de 2012 por unanimidad de todos los grupos, incluso el PSOE que ahora le acusa.

Este es uno de los aspectos en los que la Fiscalía no imputa al alcalde porque las contrataciones de ayuda a domicilio fueron realizadas “por razones de urgencia y necesidad y se llevaron a cabo en relación a demandantes de empleo que figuraban en la bolsa con situación socioeconómica precaria”.

La Fiscalía solo acusó al edil por la contratación del arquitecto dado que la secretaria municipal lo había informado desfavorablemente por carecer de definición y de consignación presupuestaria. También los Servicios Jurídicos de la Diputación le hicieron saber que para esas funciones no procedía la modalidad de contrato administrativo de servicios sino que eran tareas reservadas a funcionarios públicos.

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