Dos testimonios sobre la "igualdad" en el concurso de Aznalcóllar y una repetición íntegra de la supuesta "extorsión" de Magtel a Emerita

El juicio por el concurso de la mina de Aznalcóllar contó ayer con dos testimonios favorables a las dieciséis personas que se sientan en el banquillo de los acusados por Emerita, la compañía que perdió la competición frente a Minorbis. Una de las protagonistas fue Pilar Trujillano, la analista de Invercaria que asesoró a la Mesa y la comisión técnica en la valoración de la solvencia de las dos finalistas, Minorbis-México y Emerita-Forbes&Manhattan. Criticada en general por los empleados públicos encausados, he aquí que la testigo les echó una mano al resaltar que concedieron “igualdad” de trato a las dos candidaturas a la hora de analizar sus datos financieros. En cuanto a la segunda testigo, era la entonces subdirectora de Industria, Energía y Minas y que fue presidenta de Navantia, Susana Sarriá, quien ha sentenciado que los responsables de puntuar a las licitadoras trabajaron “de forma independiente”.

Trujillano, que era técnica analista de inversiones cuando se convocó el concurso en 2014, explicó ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla que Invercaria la designó para “solventar las dudas” que pudieran tener los funcionarios que iban a puntuar las candidaturas “de un día para otro”. Para la primera reunión, por ejemplo, recibió un correo un viernes para que se incorporase el lunes. Y además no recibió ninguna documentación, ni las bases del concurso ni los proyectos de Minorbis y Emerita.

“Nunca había visto a nadie”, aseguró esta testigo en alusión a los componentes de la Mesa con quienes compartió unas horas de trabajo en el primer encuentro y a los de la comisión técnica, a la que acudió en segundo lugar. “No estudié nada en profundidad. Yo respondía a lo que me preguntaban. Eran preguntas muy sencillas sobre cosas muy concretas. No me pidieron que emitiera ninguna valoración”, señaló. “Mi jefe me dijo que fuese a resolver dudas, no a verificar la solvencia de una empresa”, insistió también antes de reseñar que no escuchó ninguna indicación, ni en la Mesa ni en la comisión técnica, de que hubiese que puntuar mejor a Minorbis que a Emerita. De hecho, preguntada por si consideraba que la forma de analizar las dos candidaturas fue la misma, respondió que hubo “igualdad”.

Sarriá, por su parte, no sólo defendió la independencia y la falta de injerencias en el trabajo de la Mesa y la comisión técnica del concurso. También desmintió o matizó algunas frases que le atribuyen los responsables de Emerita y que, de ser ciertas, serían un signo bastante irrefutable de que el concurso no fue todo lo limpio que debería ser. Por ejemplo, la de que la unión entre Minorbis y Grupo México era “un matrimonio que no iba a pasar de la noche de bodas”, en teoría dicha para apostar por una alianza entre Minorbis y Emerita. “Nunca di ninguna impresión sobre esa unión. Nunca he utilizado esa expresión de la noche de bodas”, afirmó ayer.

De hecho, al contrario de lo que defiende la empresa acusadora, aclaró que fue esta compañía la que se interesó por esa posible fusión entre rivales y “nunca” fue iniciativa de la Junta: “Emerita nos preguntó si sería posible llevar un proyecto conjunto. Siempre respondimos que eso era una negociación privada entre las empresas”, alegó.

Otra declaración controvertida que se le imputa era la advertencia a los dirigentes de Emerita de que “no siempre gana el mejor proyecto”. “Eso se lo decíamos a todas las empresas en cualquier licitación. Puede que haya proyectos muy buenos que no presentan la documentación requerida. Un proyecto puede ser muy bueno, pero hay que cumplir todas las formalidades”, explicó Sarriá ante el tribunal.

El relato del "intento de extorsión"

La novena sesión del juicio también albergó la declaración de un nuevo testigo por parte de Emerita, un geólogo que en la época de los hechos era gerente de logística y que desde hace dos años ha vuelto a formar parte de la plantilla de la multinacional canadiense. Lo fundamental de su comparecencia es que corroboró punto por punto, frase por frase y palabra por palabra la denuncia que el lunes lanzó su jefe, Joaquín Merino, respecto a un “intento de extorsión” por parte de Mario López Magdaleno, principal responsable de Magtel, durante una reunión celebrada el 11 de abril de 2014.

El testigo, Juan Luis Álvarez, recordó que aquel día se quedaron “muy sorprendidos” de la visita de su rival y matizó que, aunque él no estuvo en la sala donde se vieron los dos presidentes, sí escuchó “perfectamente” lo que hablaron porque los dos despachos estaban cerca y la puerta permaneció “entreabierta”.

“Llega un momento en que [Mario] le dice ‘Joaquín, no te estás enterando, yo quiero un 15%, tengo la llave del concurso y te van a hacer una llamada en cinco minutos y te van a hacer cambiar de opinión’. Él no quería saber nada del concurso, quería el 15% de lo que costase aquello. Y no llegaría a tres o cuatro minutos y Joaquín recibió una llamada de Vicente Fernández [secretario general de Industria, Energía y Minas, también acusado en este caso] con una invitación directa a que hubiera un acuerdo”, narró.

“Puede ser que fuera un farol”, admitió el testigo a preguntas de una de las defensas. “Aunque lo que me llegó es que Mario López Magdaleno tenía mucho peso en la adjudicación del concurso. Y si el secretario de la Junta llama inmediatamente después, me da la sensación de que no era un farol”, apostilló Álvarez.