Emerita denuncia un "intento de extorsión” de Magtel y cuestiona la capacidad de los funcionarios en el concurso de Aznalcóllar

El octavo capítulo del juicio por el concurso de la mina de Aznalcóllar, que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, tuvo un único protagonista: Joaquín Merino. El presidente y director de Emerita Resources, la compañía que se presentó junto a Forbes&Manhattan y perdió frente al tándem Minorbis-Grupo México, copó las más de siete horas que duró la sesión, tan maratoniana que empezó pasadas las nueve y media de la mañana y acabó sobre la hora de la merienda. Además de recordar un supuesto “intento de extorsión” por parte del empresario ganador, el testigo y denunciante lamentó que los funcionarios que puntuaron las dos candidaturas no estaban cualificados para valorar la suya, una crítica basada sólo en que “no tenían experiencia en una mina”. También habló de un “sesgo notorio” a favor de Minorbis, pero sobre ese tráfico de influencias que les atribuye no aportó más pruebas que el comentario de que “todos eran parte del mismo Gobierno”.

“El concurso fue un despropósito”, dijo Merino durante la investigación judicial. En el juicio fue algo más comedido: “Se podía haber hecho mejor”, aseveró ayer. Después reconoció que no conocía a ningún miembro ni de la comisión técnica ni de la Mesa, es decir, doce de los dieciséis acusados; que desconocía cualquier vínculo entre ellos y el grupo ganador; y que tampoco le constaba que hubiese criterios de valoración a la medida de su “competidor”, al contrario de lo que afirma su escrito de acusación. “Que yo recuerde ahora mismo, no”, respondió cuando se le preguntó si la comisión técnica inventó algún criterio. En todo caso, sí habló de criterios “ambiguos” y criticó a los funcionarios de la Junta de Andalucía porque “no han trabajado en ninguna mina en activo”. “Para tener experiencia, necesitas trabajar en minería. Sé que había gente con la titulación, pero no con experiencia en una mina”, explicó.

Otra parte de su acusación se ciñe a los presuntos ascensos que recibieron esos mismos empleados públicos por su participación en el concurso. Merino admitió que no conocía ningún caso. En realidad, muchos fueron cesados cuando empezó la investigación judicial. Merino admitió que tampoco conocía eso. Y respecto a la presunta influencia de Vicente Fernández, entonces secretario general de Innovación, Industria y Energía, en los susodichos funcionarios... “Entendemos que todos eran parte del mismo Gobierno y de la misma Administración”, contestó. Esta versión que defiende la acusación particular ejercida por Minorbis no es compartida por la Fiscalía, que pide la absolución de todos los procesados, incluidos los funcionarios, todos ellos trabajadores de la Junta de Andalucía tras entrar vía oposición.

El otro gran eje de la declaración de Merino fue el presunto “intento de extorsión” que, siempre según el denunciante, protagonizó el igualmente acusado Mario López Magdaleno. El responsable de Magtel, que ganó el concurso como accionista principal de Minorbis, se reunió con él en abril de 2014 “con la intención de participar conjuntamente en el concurso”. “Llega un momento en el que me dice que él tiene interés en un 10 o un 15% del proyecto. Llegó a proponerme que trajésemos un tasador, como si se tratara de una vaca”, rememoró. “Me dijo ‘vengo aquí a pedirte un 15% a cambio del proyecto’. Y a renglón seguido me dijo que tenía la llave del concurso. A partir de ahí, negociaciones pocas. Mi reacción fue terminar la reunión ahí”, relató.

“Lo interpreté como ‘tú me das esto y yo te doy lo otro’. Y cuando se despide, me dice que iba a hacer una llamada y que después yo recibiría otra que me haría cambiar de opinión”, prosiguió Merino. Su versión, que el propio Mario López Magdaleno negó cuando compareció en el juicio, es que “a los tres o cuatro minutos” en efecto lo llamó Vicente Fernández. “Me preguntó cómo iba el proyecto, yo le dije que acababa de estar Mario y él me dice que no tiene nada que opinar de las relaciones entre las empresas pero que vería bien que llegáramos a un acuerdo”, finalizó. Su deducción, por tanto, es que Magdaleno “tenía influencia” sobre el alto cargo de la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

Hubo un episodio similar poco después, según Merino. Fue durante un evento en Sevilla. Fernández le hizo juntarse con López Magdaleno y, tras comunicarles que ambos pasaban a la segunda fase del concurso, “por segunda vez” le comentó “que vería con buenos ojos que hubiera una unión entre las empresas”. “Raro sí me resultó”, resaltó el testigo ante el tribunal.

Aunque aquel comportamiento le pareciese extraño, Merino no lo denunció. Tampoco recurrió las bases del concurso, por mucho que después lo calificase de “despropósito”. “Las entendimos y las aceptamos, nunca estuvimos en contra”, aseguró. Otra cosa fueron las puntuaciones: “Fueron dadas con cierto favoritismo hacia nuestro rival”, espetó el ejecutivo de Emerita.

Estar en causa de disolución "no es importante"

Cuando la sesión ya enfilaba su quinta hora, el abogado de los hermanos López Magdaleno interrogó a Joaquín Merino sobre las cuentas de Emerita, que en los años del concurso eran realmente negativas: en 2015 tenía -1,7 millones de euros de fondos propios y presentó pérdidas por tercer año seguido. “No es importante”, respondió el testigo. “La sociedad vale mucho”, añadió, además de insistir varias veces en que Forbes&Manhattan, que ejercía de apoyo financiero, también era el “socio principal” de la empresa. “Lleva 40 años financiando muchos proyectos de cientos de millones de dólares”, apuntó también frente a las dudas de la defensa, que criticó la “opacidad” de sus cuentas o que oficialmente es propiedad de una sola mujer: “Ojalá la señora del banco fuese mi señora, por el dinero que tiene”, ironizó.