Separaciones, acuerdos de divorcio y tutelas de menores son asuntos habituales en Derecho de Familia y donde, a menudo, la solución final depende de una sentencia. Los equipos psicosociales de los juzgados funcionan de una manera deficiente o muy deficiente y pueden tardar en emitir sus informes más de un año, según se desprende de la última encuesta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA). Esta circunstancia resulta ”extremadamente grave”, puesto que los informes de estos profesionales -psicólogos y trabajadores sociales- suelen resultar decisivos a la hora de determinar las medidas personales para establecer en procedimientos contenciosos de familia. De hecho, el informe de los equipos psicosociales son determinantes en las decisiones que toman los jueces sobre la guarda y custodia de los hijos menores y el régimen de visitas tras un divorcio.

La mayoría de los abogados de familia califica el funcionamiento de los equipos psicosociales es muy negativa. De hecho, el 45% de los encuestados califica esta actividad de deficiente o muy deficiente, un 40% de regular y solo un 15% manifiesta estar satisfecho con su labor. El informe de Aefa subraya varios puntos débiles en esta práctica forense. La falta de especialización de los profesionales, la ausencia de protocolos técnicos unificados y la escasez de medios son las tres mayores carencias detectadas. 

Desde la asociación de abogados de familia se ha reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de reducir los tiempos en las resoluciones de procesos de separación. Según la experiencia de los má de 2.000 abogados que forman parte de esta asociación, la mayoría andaluces, esta situación de dilaciones es caldo de cultivo para los conflictos entre la pareja que se está separando. Aseguran que el sistema provoca una parte importante de la violencia de género.

La principal función de los equipos psicosociales en los juzgados consiste en efectuar un apoyo técnico a la labor de los jueces informándoles sobre las capacidades parentales de los progenitores y, en definitiva, la idoneidad en cada caso del modelo de guarda, el régimen de visitas y la comunicación del menor con sus padres. El estudio de la AEAFA se ha elaborado a partir de una encuesta entre sus asociados dentro del proyecto Observatorio del Derecho de Familia.

Del primer estudio se pudo aclarar que en España transcurre una media de año y medio a dos años entre que se plantea las cuestiones de la ruptura de una pareja ante el juzgado hasta que se establece la primera sentencia. En un juzgado no especializado la apelación puede llevar de dos años y medio a tres en el 90%. Esto sin contar que la primera resolución que se obtiene en las medidas provisionales puede transcurrir hasta un año.

Hasta más de un año en los peritajes

Un periodo que prácticamente coincide con los plazos de emisión de los informes por parte de los equipos psicosociales. La encuesta efectuada a través del Observatorio de Derecho de Familia revela que en el 60% e los casos la demora supera los seis meses, pudiendo tardar un año o más en tres de cada diez peritajes. Solamente el 34% de las evaluaciones se realizaría dentro de un plazo asumible de seis meses.

A este respecto, el Defensor del Pueblo Andaluz, en su informe de 2018, ya advierte de que "muchos procesos judiciales" en materia de familia, además de sus propias demoras endémicas, "han de superar un nuevo reto por los retrasos en la emisión de los informes por los equipos psicosociales, con un agravante añadido ya que los procesos judiciales de ruptura de la pareja poseen unos componentes emocionales, psicológicos y sociales que no se suelen dar en otras controversias. La tardanza en resolver el modo de relacionarse con los hijos tras la ruptura de la pareja incide negativamente en las ya complicadas relaciones familiares". La presidenta de la AEAFA, María Dolores Lozano, en su intervención ante el Senado también incidió en esta grave disfunción de este sistema y de los perjuicios irrogados a la ciudadanía.

Sin protocolos uniformes

El 51% de los encuestados, consideran según su experiencia como abogados de familia, que la actuación de estos equipos se desarrolla sin protocolos específicos e instrumentos de evaluación psicométrica apropiados para examinar a los integrantes de una familia. 

Entre las recomendaciones que hace el Defensor del Pueblo de España se incide en este aspecto: "Los protocolos deben incluir el número mínimo de personas que deben formar cada equipo psicosocial, cuál debe ser su formación teórica y su contribución al informe, así como los criterios y metodología de la evaluación psicosocial pericial y de la elaboración del informe final. Debería detallar el número y duración de las entrevistas, los plazos en los que se debe elaborar la pericia, la obligatoriedad de la firma de los profesionales que intervienen, la estructura del informe y la descripción de las pruebas realizadas, documentos utilizados y fundamentos en los que se basa el informe, entre otras cuestiones”.

Formación específica para los equipos psicosociales

La importancia de los informes emitidos por los equipos psicosociales cada día es mayor, debido a múltiples factores como el aumento de la litigiosidad; la singular conflictividad judicial en la que se transforman los asuntos de Familia; la enorme complejidad técnica de dichos conflictos; y el amplio abanico de disciplinas sociales que influyen en los procesos de Familia.

Una de las cuestiones más llamativas es la ausencia de una regulación específica y común de los profesionales de los Equipos Psicosociales. La encuesta del Observatorio del Derecho de Familia de la Aeafa revela que solamente un 27% de los encuestados considera que las personas que están incorporadas en los equipos psicosociales tienen una formación y especialización adecuada, frente a un 73% que considera que es regular, deficiente o muy deficiente.