El crimen del Valme se reduce a un homicidio imprudente y condenas de siete años y medio de cárcel para dos narcos

El juicio por el crimen del Valme, así llamado porque la víctima mortal fue abandonada en el aparcamiento del hospital, se ha resuelto este miércoles en la Audiencia de Sevilla con un acuerdo entre todas las partes que ha provocado una sustanciosa rebaja de penas para los cinco implicados respecto a las que inicialmente reclamaban las acusaciones. Los dos homicidas, que se exponían a solicitudes de más de treinta años de cárcel por matar a un hombre en venganza por un robo de droga y dejarlo agonizando a las puertas del centro sanitario, han acabado firmando una condena total de siete años y medio de prisión más una multa. Una de las claves es que el delito se ha reducido a homicidio por imprudencia. La otra, que entre ambos ya han consignado 130.000 euros para indemnizar a los familiares del fallecido.

Todo ocurrió el 29 de septiembre de 2023 y así lo contaba la Fiscalía en su escrito de calificación provisional, que tras el acuerdo ha sido elevado a definitivo. Walid F. y Rachid A., ambos narcotraficantes, habían sufrido el robo de “una importante partida de hachís” y se enteraron de que la droga estaba siendo “puesta en circulación” por Juan Manuel D.V. y su hijo Francisco Luis D.F. La víctima, un vecino de Lebrija de 42 años, había sido el “intermediario en la compraventa” del hachís sustraído y les había entregado doce paquetes (seis kilos en total). La droga estaba en casa del segundo par de acusados.

“Resueltos a recuperar lo que consideraban que les pertenecía”, Walid y Rachid “elaboraron un detallado plan” que consistía en reunirse con los poseedores del hachís haciéndose pasar por potenciales compradores para así averiguar dónde estaba el resto de la mercancía. Ambos tenían “la predisposición a emplear todos los medios a su alcance, incluida la violencia tanto física como psicológica”, y además estaban concertados con “un numeroso grupo de individuos que no han podido ser identificados”. El único que sí lo estaba, y por eso ha ido a juicio, es José Ángel P.B., dueño de la hacienda El Cuzco, sita en Los Palacios. Él también se ha visto beneficiado de una impresionante rebaja: frente a la petición provisional de 23 años y 8 meses entre rejas, al ser considerado cooperador necesario del crimen, su condena final se ha reducido a dos años por un simple delito de encubrimiento.

El caso es que Walid y Rachid contactaron con Juan Manuel D.V. y su hijo y quedaron en el aparcamiento del Carrefour de Sevilla Este a las seis de la tarde. Lo hicieron a través de dos personas que no han sido enjuiciadas. Los seis se reunieron y fue entonces cuando los dos homicidas, “de forma violenta” y con armas, irrumpieron en el vehículo y se llevaron al padre y al hijo a la hacienda. Durante ese camino, el hijo les contó que la sustancia se la habían comprado a la víctima, así que W. le ordenó que quedase con él. Y así lo hizo, “ante el temor de sufrir un mal mayor en su persona o la de su padre”.

Francisco Luis se citó con la víctima en los aparcamientos del Valme. Su padre y los otros dos hombres se quedaron “retenidos contra su voluntad” en la hacienda, donde había casi una docena de individuos “que tenían dispuesta en una mesa toda una serie de herramientas y cuchillos para emplear con ellos en caso de resultar necesario a sus fines”. En otras palabras, que pensaban torturarlos si hacía falta.

A las 20.08 horas, Francisco Luis telefoneó a la víctima para indicarle el sitio exacto del aparcamiento donde estaba. Cuando el hombre se acercó al vehículo, Walid lo asaltó y “lo empujó violentamente hacia los asientos traseros”. Su objetivo era “trasladarlo a la hacienda a fin de obligarlo a revelar el paradero del resto” de la droga, pero por el camino le propinó “una puñalada en la mejilla” y otra en la pierna derecha. Esa segunda cuchillada entre la tibia y el peroné le causó una herida de seis centímetros de profundidad que afectó a dos arterias. Fue la causa de su muerte.

La víctima llegó viva a la hacienda, pero los acusados comprobaron allí su “grave estado” y decidieron llevarlo de vuelta al hospital. Sobre las 21.15 horas dejaron “su cuerpo abandonado” en la puerta de acceso al centro sanitario. Un cuarto de hora después, falleció por “shock hipovolémico debido a hemorragia aguda”. Es decir, que se desangró.

A partir de ahí, José Ángel P.B. “limpió y acondicionó” su hacienda “para eliminar cualquier vestigio” mientras Juan Manuel D.V. y su hijo, “presos del pánico”, eran conducidos a su casa por Rachid y Walid. Allí fueron “conminados” a que entregaran las “tabletas de hachís” que les había dado la víctima. “Sois un estorbo y no dudaremos en mataros si en dos minutos no nos devolvéis la droga”, les espetaron los cerebros de la macabra operación, según entrecomillaba la Fiscalía. También les ordenaron que no contasen nada. El padre y el hijo, visto lo visto, obedecieron y les dieron los seis kilos de hachís.

Los términos de la sentencia

El caso se ha cerrado este miércoles después de un primer intento fallido de acuerdo, a finales de noviembre, y de una jornada maratoniana que ha concluido con el dictado de una sentencia firme a eso de las dos de la tarde. Antes, la Sección Cuarta tuvo que pedir a la prisión que trasladase a uno de los acusados porque la comunicación no se produjo antes. Después, los abogados tuvieron que acabar de pulir los últimos detalles de una conformidad que, a la vista está, resulta extremadamente beneficiosa para sus clientes. Total, que entre una cosa y otra, el juicio comenzó casi a la hora de comer.

Después de recabar el visto bueno de todos los presentes a los términos del acuerdo, con ciertas reticencias por parte de Walid, la presidenta del tribunal procedió a anticipar las distintas condenas. Todas son firmes, como es natural teniendo en cuenta que se trataba de un pacto. Los dos principales encausados se conformaron con tres años de cárcel por un delito de lesiones agravadas en concurso ideal con un delito de homicidio por imprudencia; un año para cada uno de los cuatro delitos de detención ilegal de los que eran acusados (cuatro años en total); seis meses por un delito de pertenencia a grupo criminal; y una multa de 2.160 euros por un delito de coacciones. En todos excepto los de grupo criminal y coacciones se les aplica la atenuante muy cualificada de reparación del daño.

Como Walid es argelino y Rachid marroquí, el acuerdo y por tanto la sentencia también establecen que serán expulsados de España cuando cumplan dos terceras partes de sus penas. La vigencia de esas expulsiones alcanza en total los veinte años. Este punto generó el único conflicto de la sesión. Su abogada ya había adelantado que, cuando llegue el momento, intentará frenar esa expulsión porque su cliente tiene arraigo aquí. Pero se ve que ese anuncio no dejó del todo satisfecho al homicida, que directamente le dijo al tribunal que no piensa regresar a su país. "Mi sangre está aquí. Si me mandan a mi país, a Marruecos, yo volveré porque aquí están mis hijos", espetó. "Yo no le aconsejo que diga eso", le respondió la presidenta de la Sala mientras la letrada del acusado lo miraba con cierto estupor, por llamarlo de alguna manera.

Y falta el capítulo de indemnizaciones, también fundamental para rematar el acuerdo y evitar el juicio. Los 130.000 euros ya adelantados por los dos homicidas son sólo un adelanto de lo que deberán abonar, ya que quedan pendientes estas cantidades: 27.387 euros para la madre y el padre del fallecido, 38.212 euros para la pareja, 62.419 euros para cada uno de los dos hijos y 10.202 euros para el hermano. Así pues, les faltan por abonar 228.026 euros, con lo que la indemnización total ascenderá a 358.026 euros.

El resto de condenas

En cuanto al resto de procesados, el padre y el hijo traficantes aceptaron dos años de reclusión y sendas multas de 10.000 euros por el delito contra la salud pública, a lo que el primero deberá sumarle otra multa de 1.620 euros por un delito contra la seguridad vial (condujo uno de los vehículos sin tener el carnet en vigor) con la agravante de reincidencia. Y José Ángel P.B., como queda dicho, aceptó dos años de cárcel por encubrimiento. Ahora bien, todos seguirán de momento en libertad porque la Audiencia, a petición de las defensas, acordó suspender la ejecución de esas penas. Por tanto, no entrarán en la cárcel si cumplen varios requisitos, entre ellos el de realizar trabajos en beneficio de la comunidad.

Las peticiones antes del acuerdo

Seis delitos distintos fueron juzgados en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla. Aunque la Fiscalía establecía inicialmente que el autor material de la muerte era Walid F., el que se expone a una pena mayor era Rachid A., acusado como cooperador necesario del homicidio, porque es reincidente en el delito de tráfico de drogas. La petición inicial para él era de 31 años y 2 meses de cárcel, mientras que para Walid F. se quedaba en 30 años y 8 meses: cinco por un delito de lesiones agravadas en concurso con un delito de homicidio; tres años y once meses por cada uno de los cuatro delitos de detención ilegal (por retener a Francisco Luis D., su padre y los dos varones que intermediaron entre ellos), tres años por un delito de pertenencia a grupo criminal; tres años por un delito de coacciones; y cuatro años y medio (eran cuatro para Walid) por un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud pero en el subtipo agravado de notoria importancia (por la cantidad de droga). Al ser uno argelino y otro marroquí y estar ambos en situación administrativa irregular en España, la acusación pública también solicitaba que sean expulsados del país cuando cumplan parte de la pena.

En cuanto al dueño de la hacienda, el Ministerio Público pedía 23 años y 8 meses para José Ángel P.B.: cinco por las lesiones y el homicidio (como cooperador necesario) y las mismas penas que el resto por los secuestros y la pertenencia a grupo criminal. Para Juan Manuel D.V. y su hijo, la petición era de cuatro años de reclusión y una multa de 40.000 euros por el tráfico de drogas.