El juicio por el crimen del Valme se aplaza a la espera de un acuerdo para rebajar las condenas a los cinco acusados

El juicio por el crimen del Valme, así llamado porque la víctima mortal fue abandonada en el aparcamiento del hospital, se resolverá salvo sorpresa con un acuerdo entre todas las partes que implicará una sustanciosa rebaja de penas respecto a las que inicialmente reclama la Fiscalía. Dos acusados, de hecho, se exponen a una solicitud de más de treinta años de cárcel por matar a un hombre en venganza por un robo de droga y dejarlo agonizando a las puertas del centro sanitario. La Audiencia de Sevilla tenía previsto celebrar este lunes una vista para sellar esa conformidad, pero se ha suspendido porque la negociación entre las acusaciones y las defensas todavía no ha acabado. Según fuentes judiciales, el pacto puede contemplar la eliminación del delito de homicidio y su sustitución por otro de homicidio imprudente, además de una adecuada indemnización económica para la familia de la víctima.

Todo ocurrió el 29 de septiembre de 2023 y así lo cuenta la Fiscalía en su escrito de calificación provisional. W.F. y R.A., ambos narcotraficantes, habían sufrido el robo de “una importante partida de hachís” y se enteraron de que la droga estaba siendo “puesta en circulación” por J.M.D. y su hijo F.L.D. La víctima, un vecino de Lebrija de 42 años, había sido el “intermediario en la compraventa” del hachís sustraído y les había entregado doce paquetes (seis kilos en total). La droga estaba en casa del segundo par de acusados.

“Resueltos a recuperar lo que consideraban que les pertenecía”, W.F. y R.A. “elaboraron un detallado plan” que consistía en reunirse con los poseedores del hachís haciéndose pasar por potenciales compradores para así averiguar dónde estaba el resto de la mercancía. Ambos tenían “la predisposición a emplear todos los medios a su alcance, incluida la violencia tanto física como psicológica”, y además estaban concertados con “un numeroso grupo de individuos que no han podido ser identificados”. El único que sí lo estaba, y por eso irá a juicio, es J.Á.P., dueño de la hacienda El Cuzco, sita en Los Palacios.

El caso es que W. y R. contactaron con J.M.D. y su hijo y quedaron en el aparcamiento del Carrefour de Sevilla Este a las seis de la tarde. Lo hicieron a través de dos personas que no serán enjuiciadas. Los seis se reunieron y fue entonces cuando W. y R., “de forma violenta” y con armas, irrumpieron en el vehículo y se llevaron al padre y al hijo a la hacienda. Durante ese camino, el hijo les contó que la sustancia se la habían comprado a la víctima, así que W. le ordenó que quedase con él. Y así lo hizo, “ante el temor de sufrir un mal mayor en su persona o la de su padre”.

F.L.D. se citó con la víctima en los aparcamientos del Valme. Su padre y los otros dos hombres se quedaron “retenidos contra su voluntad” en la hacienda, donde había casi una docena de individuos “que tenían dispuesta en una mesa toda una serie de herramientas y cuchillos para emplear con ellos en caso de resultar necesario a sus fines”. En otras palabras, que pensaban torturarlos si hacía falta.

A las 20.08 horas, F.L.D. telefoneó a la víctima para indicarle el sitio exacto del aparcamiento donde estaba. Cuando el hombre se acercó al vehículo, W. lo asaltó y “lo empujó violentamente hacia los asientos traseros”. Su objetivo era “trasladarlo a la hacienda a fin de obligarlo a revelar el paradero del resto” de la droga, pero por el camino le propinó “una puñalada en la mejilla” y otra en la pierna derecha. Esa segunda cuchillada entre la tibia y el peroné le causó una herida de seis centímetros de profundidad que afectó a dos arterias. Fue la causa de su muerte.

La víctima llegó viva a la hacienda, pero los acusados comprobaron allí su “grave estado” y decidieron llevarlo de vuelta al hospital. Sobre las 21.15 horas dejaron “su cuerpo abandonado” en la puerta de acceso al centro sanitario. Un cuarto de hora después, falleció por “shock hipovolémico debido a hemorragia aguda”. Es decir, que se desangró.

A partir de ahí, J.Á.P. “limpió y acondicionó” su hacienda “para eliminar cualquier vestigio” mientras J.M.D y su hijo, “presos del pánico”, eran conducidos a su casa por R. y W. Allí fueron “conminados” a que entregaran las “tabletas de hachís” que les había dado la víctima. “Sois un estorbo y no dudaremos en mataros si en dos minutos no nos devolvéis la droga”, les espetaron los cerebros de la macabra operación, según entrecomilla la Fiscalía. También les ordenaron que no contasen nada. El padre y el hijo, visto lo visto, obedecieron y les dieron los seis kilos de hachís.

Seis delitos a juicio

Seis delitos distintos deben ser juzgados en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla. Aunque la Fiscalía establece que el autor material de la muerte es W.F., el que se expone a una pena mayor es R.A., acusado como cooperador necesario del homicidio, porque es reincidente en el tráfico de drogas. La petición para él es de 31 años y 2 meses de cárcel, mientras que para W.F. se queda en 30 años y 8 meses: cinco por un delito de lesiones agravadas en concurso con un delito de homicidio; tres años y once meses por cada uno de los cuatro delitos de detención ilegal (por retener a F.L.D, su padre y los dos varones que intermediaron entre ellos), tres años por un delito de pertenencia a grupo criminal; tres años por un delito de coacciones; y cuatro años y medio (cuatro para W.F.) por un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud pero en el subtipo agravado de notoria importancia (por la cantidad de droga). Al ser uno argelino y otro marroquí y estar ambos en situación administrativa irregular en España, la acusación también solicita que sean expulsados del país cuando cumplan parte de la pena.

En cuanto al dueño de la hacienda, el Ministerio Público pide 23 años y 8 meses: cinco por las lesiones y el homicidio (como cooperador necesario) y las mismas penas que el resto por los secuestros y la pertenencia a grupo criminal. Para J.M.D. y su hijo, la petición es de cuatro años de reclusión y una multa de 40.000 euros por el tráfico de drogas.