El ex director financiero de producción de Isofotón Óscar López García reveló ayer en su declaración ante la juez de Instrucción número 3 de Sevilla que la Junta de Andalucía se había comprometido a conceder ayudas por importe de 35 millones antes de la compra realizada por el grupo Affirma, propiedad de los hermanos Ángel Luis y Diego Serrano, que adquirió en 2010 el 80% de Isofotón y el 20% restante la surcoreana Top Tec, por un “precio simbólico de un euro”.

Según declaró el ex responsable financiero, esa ayuda de 35 millones se había acordado previamente a la entrada de los hermanos Serrano en Isofotón y sin concretarse cómo se iba a articular la misma o con cargo a qué partida concreta.

El investigado también dijo que la quiebra de la empresa se produjo a partir de finales del año 2011 porque China comenzó a hacer “dumping” en relación con el mercado de la energía solar y la fabricación de las placas fotovoltaicas.

El ex directivo, que es el primero de los 38 investigados en esta macrocausa que declaró ante la juez, explicó que hasta el año 2010 esta empresa malagueña era viable y fue a partir de finales de 2011, cuando el país asiático comienza a hacer dumping –a vender por debajo del precio de mercado para eliminar a los competidores– cuando se producen los problemas económicos de Isofotón y tienen que recurrir a la financiación mediante los avales y préstamos con fondos públicos. Hasta ese momento, el investigado señaló que la situación de la empresa era de “viabilidad y plena confianza” en la continuidad de su actividad, destacaron fuentes del caso.

El ex responsable financiero indicó en su comparecencia, que se prolongó por algo más de una hora, que en los años 2010 y 2011 Isofotón facturaba “muchísimo”, las expectativas del negocio relacionado con la fabricación de las placas fotovoltaicas eran de continuidad y de aumento del negocio, llegando a afirmar que los datos de facturación en el mercado italiano y alemán eran muy buenos, por lo que en esa época no había ningún dato que pusiera de manifiesto que la empresa podía desaparecer. Incluso una auditoría realizada por la firma Pricewaterhousecoopers avalaba las buenas expectativas de la sociedad.

Además, afirmó que en el contexto de la crisis económica mundial del año 2008 la empresa malagueña necesitaba financiación para cubrir la actividad normal de la misma, como la contratación de personal y la compra de materia prima, y por eso se solicitaron los avales a IDEA en 2010 y 2011, por importes de 5, 12 y 12 millones que fueron otorgados el 12 abril y el 27 de agosto de 2010 y 29 de abril de 2011.