Los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, dueños de la empresa Magtel, se han acogido este jueves a su derecho a no declarar ante la juez de Intrucción número 3 de Sevilla, a la que no obstante han presentado una declaración por escrito en la que niegan haber recibido un "trato de favor" por parte de la Junta, de los funcionarios, empleados públicos o personal de la Administración andaluza en el proceso administrativo seguido para la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar.

En el escrito, que los dos empresarios han ratificado en su comparecencia ante la instructora, Mario e Isidro afirman que "ni tienen ni han tenido relación personal ni de amistad, ni de ninguna otra clase que pudiera conducir al menor tráfico de influencias" ni con el ex secretario general de la Consejería de Innovación y ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández -que también ha declarado como investigado recientemente- ni con la ex directora general de Minas María José Asensio Coto -que declara hoy-, "ni con ni uno solo del resto de los investigados en la presente causa, ni en relación al concurso internacional de derechos mineros de las minas de Aznalcóllar ni en relación a ningún otro asunto".

De la misma forma, los representantes de Magtel aseguran que es "radicalmente incierto que ni la pareja de Vicente Fernández ni nadie de su entorno jamás les haya facilitado ni contactos, ni relaciones, ni nada relacionado con la empresa Oderetch en Brasil a Grupo Magtel, ni en ningún otro lugar del mundo ni relacionado con ninguna otra empresa".

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Por último, también tilda de incierto que el 11 de abril de 2014 o cualquier otro día tanto ellos como alguién de Magtel afirmaran al representante de Emerita, Joaquín Merino, denunciante del caso, que "Magtel tenía la llave del concurso", ni que en cinco minutos recibiría una llamada de la Junta confirmando lo anteriores. "Es completamente falso que Mario o Isidro o alguien del Grupo Magtel realizare llamada alguna a Vicente Fernández dicho día, ni ningún otro día a tal efecto, como inciertamente se afirma por la acusación particular", concluyen.

En la comparecencia ante la juez, los dueños de Magtel han aclarado asimismo que "el licitador era sólo Minorbis y Grupo México participaba en el concurso como portador de solvencia técnica y financiera, lo cual es habitual en este tipo de concursos públicos".

El abogado Juan Carlos Alférez, que representa a los propietarios de Magtel, ha explicado a este periódico que las declaraciones de todos los investigados tras la reapertura de la causa descartan cualquier indicio de delito en el concurso público. "Respetando al máximo a las acusaciones, creemos que tras la tanda de declaraciones practicadas, es imposible encontrar el menor indicio de tráfico de influencias ni de cualquier otro ilícito penal que pudiere afectar a mis clientes", ha aseverado el defensor.

Tras la comparecencia de los representantes de Magtel, la juez ha citado a declarar a la ex directora general de Minas María José Asensio, quien ya compareció en el juzgado en septiembre de 2015. En aquella declaración, la ex directora aseguró que la Junta había actuado absolutamente dentro de la legalidad e incluso se había sido "especialmente exquisito" en la tramitación del concurso. La ex directora aclaró todas las fases del procedimiento del concurso de Aznalcóllar, destacando la "rigurosidad de la actuación de la mesa del concurso, la legalidad de su actuación y la igualdad de trato otorgada a las empresas", también a la perdedora, Emerita Resources.

Con estas declaraciones, concluye la ronda de declaraciones acordada por la instructora tras la nueva reapertura de la causa. La magistrada de la Audiencia de Sevilla Mercedes Alaya reabrió por segunda vez la investigación por las supuestas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar porque entiende que hay "poderosos indicios" de un delito de prevaricación, entre otros, por la adjudicación a Minorbis-Grupo México del concurso público para la reanudación de la explotación minera.

El auto de la juez Alaya, dictado el 26 de septiembre, "ordenaba" a la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla que tomara declaración en calidad de investigados a los responsables de Magtel, Isidro y Mario López Magdaleno, y al presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández -que dimitió tras conocer la resolución-, al tiempo que requería a la Junta de Andalucía para que informe sobre los "ascensos" que se hayan realizado a los miembros de la mesa de contratación y la comisión técnica del concurso.