La familia de Moisés, el menor de 16 años que falleció el 9 de febrero al caerle un muro en la Hacienda del Rosario, ha recurrido la decisión del juez de Instrucción número 7 de Sevilla de enviar la investigación a la Fiscalía de Menores para que este mismo órgano investigue la "evidente y objetiva responsabilidad del Ayuntamiento" en lo ocurrido, según el recurso presentado por el abogado Joaquín Moeckel.

Aunque esta acusación particular no se opuso a que los tres menores citados a declarar comparecieran ante la Fiscalía de Menores, entiende que la instrucción debe continuar en el juzgado de Instrucción número 7, pues "no todos los intervinientes en el accidente son menores, al ser la Administración Pública la propiedad del inmueble que ha incumplido las mínimas normas de seguridad legales para haber evitado el grave siniestro".

El recurso de Moeckel recuerda que el atestado realizado por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional constata el "peligro" que supone para cualquier persona por el estado ruinoso del cortijo, que además "no cuenta con las más elementales medidas de seguridad, no teniendo siquiera un vallado perimetral que pudiese impedir el acceso a personas ajenas al lugar".

Dice el informe que hay postes de vallado que carecen de alambrada y además justo donde se produjo la muerte de Moisés hay un "pozo de agua sin la más básica medida de seguridad o señalización", lo que constituye a juicio de la Policía un "elemento de potencial peligro para las personas que puedan transitar por la zona", dado que se trata de un lugar de "fácil acceso" para cualquier persona.

Un cartel junto al nuevo vallado advierte ahora del "peligro de derrumbe".

Los investigadores señalan asimismo que la estructura de todo el edificio se encuentra "bastante dañada, existiendo elementos estructurales muy deteriorados, que suponen un peligro para cualquier persona que acceda a dicho inmueble".

El Consistorio ya ha vallado la zona y Moeckel asegura que si el Ayuntamiento actúa ahora "es que tenía que haberse hecho antes", aseveró el letrado, que añadió que a un particular le habrían obligado a "tabicar el cortijo con más de un metro de altura".