La familia de Marta reclama en los tribunales información sobre el traslado de Miguel Carcaño a Málaga

La familia de Marta del Castillo ha emprendido acciones en los tribunales para reclamar información sobre el traslado de Miguel Carcaño a la cárcel de Málaga-II, ubicada en la localidad de Archidona, después de que en marzo pasado le fuesen intervenidos en la prisión de Herrera de la Mancha una serie de objetos prohibidos, entre ellos un teléfono móvil y conexión a internet, con los que la familia sospecha que el asesino "ha podido interferir en las labores de búsqueda" del cuerpo de la joven asesinada el 24 de enero de 2009. Estas nuevas actuaciones se producen después de que los padres hayan conseguido que se le embarguen 1.300 euros que Carcaño tenía en su cuenta de peculio en la cárcel, dinero procedente del salario que percibía por su labor en la panadería del centro penitenciario.

La abogada de los padres de Marta, Inmaculada Torres, ha dirigido sendos escritos al juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Ciudad Real y a la Audiencia de Sevilla, en los que reclama información sobre el traslado de Miguel Carcaño a la prisión de Archidona. En el primero de los escritos, la letrada explica que la única finalidad que persiguen los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, es "conocer el motivo por el que el condenado, a pesar del incumplimiento de las normas y el comportamiento puesto de manifiesto a lo largo de los años, con una absoluta falta de colaboración para encontrar a Marta, prolongando el sufrimiento de la familia, ha sido privilegiado mediante el traslado a un centro penitenciario que dispone de unas instalaciones de las que carecen la mayoría de los centros penitenciarios en España, incluyendo el centro de Herrera de la Mancha en el que estaba cumpliendo condena, y no ha sido trasladado a otro centro más apropiado a su conducta", asevera la letrada.

La abogada de los padres señala que, gracias a esos objetos prohibidos de los que disponía Miguel Carcaño "sin ningún tipo de control", el asesino ha podido comunicarse con el exterior y de esta forma "ha podido interferir en las labores de búsqueda de Marta del Castillo, hasta el momento, absolutamente infructuosas, revistiendo estos hechos de especial gravedad".

Inmaculada Torres recuerda que el Reglamento Penitenciario considera una falta grave la posesión de objetos prohibidos como los mencionados, una falta que conllevaría la imposición de una "sanción de aislamiento" y aunque no conoce cuál es la sanción que se le ha podido imponer a Carcaño, sí que ha trascendido su traslado a un centro penitenciario en el que "va a disfrutar de unas prestaciones de las que carecía en el anterior centro penitenciario, a modo de privilegio, a pesar de que el condenado ha puesto de manifiesto no sólo la voluntad de incumplir las normas de régimen penitenciario, sino la propia sentencia, en la que fue condenado al abono de la responsabilidad civil, a la que sólo ha hecho frente a una pequeña cuantía como consecuencia del embargo trabado", por el que se le han requisado por ahora esos 1.300 euros de su cuenta.

Por todo ello, reclama que se le dé traslado del contenido íntegro del expediente sancionador y la resolución por la que se acuerda el traslado de centro penitenciario. La letrada recuerda que ha conocido, a través de los medios de comunicación, de la intervención a Miguel Carcaño de un teléfono móvil, un modem USB para la red móvil (4G/5G) con una tarjeta SIM que le permitía conectarse a internet y tener contacto con el exterior, teclado de ordenador, tablet, además de una gran cantidad de tabaco y dinero en efectivo, entre otros objetos.

Un segundo escrito a la Sala que preside Mercedes Alaya

En el segundo escrito, dirigido a la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que actualmente preside la juez Mercedes Alaya -que en su día instruyó las macrocausas-, la abogada de la familia ha solicitado que le sean notificados todos los actos y resoluciones dictados por las autoridades penitenciarias de acuerdo con los artículos 7.1 e) y f) de la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima de los delitos, que recoge el derecho de las víctimas a recibir información de las "resoluciones o decisiones de cualquier autoridad judicial o penitenciaria que afecten a sujetos condenados por delitos cometidos con violencia o intimidación y que supongan un riesgo para la seguridad de la víctima. En estos casos y a estos efectos, la Administración penitenciaria comunicará inmediatamente a la autoridad judicial la resolución adoptada para su notificación a la víctima afectada".

Los artículos mencionados también establecen el derecho de las víctimas a presentar alegaciones ante la posibilidad de aplicar beneficios penitenciarios o la concesión de permisos de salida -hasta ahora a Carcaño se le han denegado todos, más de 35 rechazados-, del tercer grado o la libertad condicional.