La Fiscalía Europea no investigará al ex número 2 del PSOE-A Rafael Velasco por los cursos de formación

La Fiscalía Europea no investigará finalmente al ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco, en relación con la causa que se abrió en el año 2016 sobre cuatro ayudas de la formación concedidas a la empresa Aulacen Cinco. El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, se había inhibido en favor de la Fiscalía Europea pero ésta rechazó asumir la competencia y ahora el Tribunal Supremo ha resuelto que es el juzgado sevillano el que debe continuar con una investigación en la que Rafael Velasco ya fue citado como investigado y se acogió a su derecho a no declarar.

El auto dictado ahora por el magistrado del Alto Tribunal Andrés Martínez Arrieta recuerda que el único punto de discusión para atribuir la competencia de la investigación se refiere a la entrada en vigor de la Fiscalía Europea para la instrucción de los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. Así, la empresa Aulacen Cinco, vinculada a la esposa de Rafael Velasco, recibió cuatro subvenciones de la Dirección General de Formación por importes de 82.593 euros, 41.296,5 euros, 41.296,5 euros y 28.752,30 euros entre los años 2005 y 2009, respectivamente.

En total, Aulacen Cinco, según la instrucción practicada hasta el momento, habría sido beneficiaria "injustamente de una continuada disposición de fondos públicos procedentes de la Junta de Andalucía" que asciende a 193.938,30 euros, que fueron otorgados "al margen de la legalidad vigente, prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido, en claro perjuicio de la generalidad de empresas -en especial, de las del mismo sector de actividad- y desempleados, privándoles de concurrir a su concesión acreditando las condiciones y requisitos habilitantes de su percepción; con desprecio de elementales normas de procedimiento en la gestión de fondos públicos, y con incumplimiento de la disciplina de concesión, control, pago y justificación de subvenciones dirigidas a la Formación para el Empleo".

La Fiscalía de la UE señalaba que estos expedientes se refieren a los años 2005 y 2007 y sólo el último de los relacionados, del año 2009, hace referencia a que el pago del 25% restante de la subvención se realizó el 21 de marzo de 2019, es decir, año y medio después de la entrada en funcionamiento de la Fiscalía europea. Por ello, se oponía a la asunción de la competencia argumentando que los hechos son anteriores a noviembre de 2017. Sin embargo, la propia Fiscalía del Tribunal Supremo presentó un informe a la Sala en la ponía de manifiesto que se trata de un delito continuado y que el último acto, fechado en marzo de 2019, es el pago de la cuarta parte de la subvención, "por lo tanto posterior a noviembre de 2017, lo que permite la competencia de la Fiscalía Europea".

El magistrado del Alto Tribunal resuelve finalmente atribuyendo la competencia al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla porque "el delito se inicia en los años 2005 y siguientes, hasta el 2009, momento en el que el delito aparece como consumado con mucha anterioridad a noviembre de 2017". El juez Andrés Martínez Arrieta prosigue explicando que sólo restaba el pago del 25% del último de los expedientes que "afectaría, no tanto a la consumación del hecho delictivo sino al agotamiento del mismo, al referirse al último abono de una subvención que se inició con expedientes del año 2005 y termina en el año 2009, fechas muy anteriores, diez años, a la entrada en funcionamiento de la Fiscalía Europea".

Diez investigados, la mitad familiares

En esta causa hay diez investigados, entre ellos el ex número 2 del PSOE andaluz Rafael Velasco. Entre los imputados figuran además Antonia M. L., esposa de Rafael Velasco, que aparece como representante legal y administradora única de la empresa Aulacen Cinco; y sus hermanas Rafaela -evaluadora en los cursos de formación subvencionados- e Inmaculada -docente en los cursos de formación subvencionados-; y Pedro Velasco, hermano del ex dirigente socialista y que figura como docente en los cursos.

Tras varias suspensiones de estas declaraciones, los investigados comparecieron en marzo pasado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde la mitad de los investigados -entre ellos los cinco mencionados- se acogió a su derecho constitucional a no declarar. Estas comparecencias se produjeron antes de que se haya conocido este auto del Tribunal Supremo -que tiene fecha del 23 de mayo- en el que se atribuye la competencia de la investigación al juzgado sevillano, dado que el planteamiento de la inhibición de la investigación a la Fiscalía Europea no paralizaba la instrucción de esta pieza de la macrocausa de los cursos de formación.

En el informe elaborado por la Fiscalía del Supremo se recuerda que los hechos investigados pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos, y subrayaba que en relación a este último tipo penal el mismo "perjudica los intereses financieros de la Unión Europea (en cuantía superior a los 100.000 euros), pues las subvenciones eran con cargo a los fondos europeos". Decía el fiscal que en todos los expedientes existe una "indudable continuidad delictiva por existir una unidad de actuación, por cuanto a través de los expedientes Aulacen se habría beneficiado de una continua disposición de fondos públicos procedentes del Servicio Andaluz de Empleo y del Fondo Social Europeo para la realización de actuaciones formativas para desempleados por un total de 193.938,30 euros y esa continuidad delictiva culmina con un último pago de 10.324,12 euros, realizado con fecha 21 de marzo de 2019, fecha posterior a la fijada para la competencia temporal de la Fiscalía Europea".