Juicio a una red con ramificaciones en Sevilla que defraudó 147 millones en IVA

La Audiencia Nacional juzgará en septiembre y octubre a una red de 26 personas acusada de defraudar 147 millones de euros a la Hacienda Pública aprovechando que las adquisiciones dentro de los depósitos fiscales de hidrocarburos se producen con exención de IVA y con suspensión de los Impuestos Especiales.

La red, según la Fiscalía, estaba encabezada por Josep María Torrens, empresario de gasolineras y ex alcalde por CiU en Santa María de Miralles (Barcelona), y la integraban una serie de empresarios del sector, abogados, testaferros y brókers. Tenían ramificaciones en Sevilla con una empresa de servicios petrolíferos y un bufete de abogados, cuyos responsables serán defendidos en el juicio por los letrados Benito Saldaña y Gonzalo Rubio.

La Fiscalía, en un escrito de acusación al que tuvo acceso este periódico, pide para los cabecillas de la red hasta 12 años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública, falsificación, maquinación para alterar el precio de las cosas y blanqueo de capitales.

Alteraban el mercado con precios inferiores a la competencia

Según la acusación, la apropiación de las cuotas del IVA “posibilitó a los responsables de la trama ofrecer los productos a un precio inferior al de sus competidores, con lo que conseguían incrementar sus cifras de ventas” pero alterando las reglas de la libre competencia.

“El comportamiento descrito originó fuertes distorsiones en el mercado y una competencia desleal con los operadores que cumplían con sus obligaciones fiscales", según la Fiscalía.

En el ejercicio de 2011 los acusados dejaron de ingresar por IVA una cuota tributaria de 11,4 millones, en 2012 de 67,3 millones y en 2013 de 68,3 millones de euros, según las investigaciones.

Entre otras actividades, la Fiscalía recoge que la red transfirió 18 millones de euros a Hong Kong “para luego usar como queramos”, según una de las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil a los acusados. Dos de los procesados que colaboraron con la justicia han devuelto a la cuenta judicial 2,4 millones de euros desde un banco de las Bermudas.

Un bufete en Sevilla “solo para la actividad delictiva”

Isabel María C.G, que se enfrenta a 7 años y 9 meses de cárcel, era la administradora de la sucursal del bufete barcelonés en Sevilla, desde donde realizaba la labor de administración de derecho de tres de las compañías. Este despacho “permanecía sin actividad alguna” y estaba abierto “solo y exclusivamente para realizar las labores encomendadas por el cabecilla y todas ellas relacionadas con la actividad ilícita desarrollada por la trama”.

Marcos G.G., para quien la Fiscalía pide también 7 años y 9 meses de prisión, era el administrador de derecho de la empresa de servicios petrolíferos con sede en Sevilla, actuaba como testaferro y realizaba en calidad de administrador de la mercantil numerosa retiradas de efectivo, según la Fiscalía.