Un total de 23 personas van a ser juzgadas en Sevilla por un entramado de empresas y una academia de formación que dieron de alta de forma ficticia a 16 personas, lo que les permitió cobrar prestaciones por desempleo de hasta 8.991 euros en uno de los casos.

La Sección Séptima de la Audiencia convocó hoy a los acusados para un intento de alcanzar una conformidad, pero al no prosperar el juicio quedó fijado para los días 13 a 17 de diciembre próximo.

El escrito de acusación de la Fiscalía, al que tuvo acceso este periódico, indica que el acusado Jesús Miguel R.G., con la finalidad de simular relaciones laborales inexistentes y obtener beneficios derivados de las cotizaciones a la Seguridad Social, constituyó en 2013 la empresa denominada Creamdellacream, con un amplio objeto social que abarcaba la construcción, el mantenimiento y el comercio.

“Puesto de común acuerdo con el acusado José Ángel G.B.” que por su profesión de graduado social conocía las ayudas a las empresas, creó una academia “a los solos efectos de ser utilizada como instrumento para una ficticia formación de trabajadores contratados” por la empresa de Jesús Miguel, tras lo cual la academia facturaba por “inexistentes gastos de formación”. Ambos acusados, añade la Fiscalía, se beneficiaban de las reducciones de cuotas que le devengaban saldos acreedores frente a la Seguridad Social, que sufrió un perjuicio de 61.606 euros.

Un tercer acusado es José Enrique R.A., “hombre de paja” que creó una sociedad con la finalidad de dar altas a trabajadores con contratos de formación inexistentes.

Altas ficticias de 16 trabajadores e incluso una baja por enfermedad

De las altas ficticias  se beneficiaron 16 trabajadores, que luego percibieron prestaciones por desempleo de hasta 5.722 y 8.991 euros, recuerda el escrito de acusación. El importe total a que asciende el perjuicio causado al Servicio Estatal de Empleo (SEPE) es de 40.594 euros, correspondiente a 12 personas ya que otras cuatro no llegaron a cobrar el paro al ponerse en marcha una  inspección de la Seguridad Social. Una de las falsas trabajadoras, Ana V.L., llegó a cobrar 114 euros de la mutua Fremap por una baja por enfermedad.

Los dos principales acusados se enfrentan a seis años de cárcel por delitos continuados contra la Seguridad Social y falsedad en documento, junto a sendas multas de 81.188 y 184.820 euros, mientras que los perceptores  pueden ser condenados a penas de entre 8 meses y un año y medio de cárcel, según si llegaron o no a percibir las prestaciones.