La futura Ciudad de la Justicia de Sevilla, que según la Junta de Andalucía será la “segunda mayor y la más moderna de España”, ya está en marcha sobre el papel a falta de que los primeros juzgados comiencen a funcionar sobre el terreno a lo largo de este mismo año. El reacondicionamiento de los siete edificios de Abengoa, la construcción de uno nuevo y la mudanza de los centenares de órganos judiciales repartidos ahora mismo por la ciudad, todos en el eje Prado-Buhaira-Viapol, será un proceso largo, como mínimo de cinco años, y el remate final será el traslado de la sede más emblemática: la Audiencia Provincial. Ahora radicado junto a la Pasarela, el vetusto edificio que comenzó a funcionar en 1972 alberga cuatro Secciones de lo Penal, otras cuatro de lo Civil y la sede sevillana del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Y falta por saber qué destino tendrá en Palmas Altas todo lo que hay allí dentro ahora mismo.

A día de hoy, según fuentes de la Consejería de Justicia y con la prudencia propia de una decisión que se tomará a su debido tiempo, hay dos alternativas. Una, que el edificio de nueva planta que se levantará junto a la SE-30 contenga todo lo relacionado con la jurisdicción penal. Es decir, las cuatro Secciones de la Audiencia (Primera, Tercera, Cuarta y Séptima), los 20 juzgados de Instrucción y los 16 juzgados de lo Penal. En otras palabras, una macrosede de más de 50.000 metros cuadrados con 40 órganos judiciales. El proyecto arquitectónico de este edificio, dicho sea de paso, aún no se ha licitado.

La segunda vía, más continuista, sería mantener la estructura actual del inmueble de la avenida de Carlos V y calcarla en uno de los bloques que ya existen en Palmas Altas, que obviamente debería ser reacondicionado (como todos en realidad) para ubicar allí las ocho Secciones de la Audiencia, las penales y las civiles, más los despachos de la Fiscalía Provincial, la delegación de la Fiscalía Anticorrupción y la planta que ahora ocupa el TSJA, específicamente dedicada a los asuntos contencioso-administrativos (la parte penal está en Granada).

Esta última opción implica que las Secciones penales de la Audiencia seguirían separadas, como ahora, de los juzgados de Instrucción (actualmente en el edificio contiguo del Prado) y de los juzgados de lo Penal (la mayoría en el Noga y una minoría junto a la Audiencia). Esos 36 órganos, los que más tráfico de personas generan diariamente, ocuparían en ese caso una sede distinta, posiblemente el macroedificio de Palmas Altas.

Esa decisión aún no se vislumbra en el horizonte de la Administración. De hecho, el criterio es que primero se muden las jurisdicciones que requieren de menor asistencia de personas, y que por tanto provocan un menor tránsito de justiciables, y las que necesiten instalaciones menos complejas y se adapten antes a lo que ya existe en Abengoa. La construcción y ocupación del octavo edificio sería lo último, lógicamente.

Recreación de la Ciudad de la Justicia, con un esbozo del nuevo edificio al fondo.

De momento, como avanzó el pasado 3 de febrero el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, durante la primera reunión del grupo de trabajo constituido con el Ayuntamiento, autoridades judiciales, sindicatos y colegios profesionales, este año ya cambiarán de sitio los trece juzgados de lo Contencioso-Administrativo y cuatro de lo Mercantil. Su nueva sede será el edificio A de Palmas Altas, que se está reformando con un presupuesto de 588.682,27 euros para que entre en funcionamiento a partir de junio. La mudanza de todos estos órganos se adelanta un año respecto al plan inicial.

Los trabajos en este primer inmueble consisten fundamentalmente en la modificación de elementos de compartimentación interior para así aumentar el número de despachos y convertir salas de formación y reuniones en salas de vistas. También se están realizando ajustes en iluminación, electricidad, contraincendios, climatización y telecomunicaciones.

En este edificio A también acabarán, pero ya en 2024, cuatro juzgados de Primera Instancia. El resto de órganos de esta última jurisdicción (son 30 en total) se irán al edificio B entre junio y septiembre del año que viene. En todos estos casos se trata de juzgados situados ahora mismo en las sedes de la Buhaira y Viapol, que no son propiedad de la Administración. Cuanto antes se produzca el traslado, antes dejará la Junta de desembolsar importantes cantidades por esos alquileres. De todas formas, la obra del edificio B tampoco está licitada.

El doble de superficie

El Gobierno andaluz formalizó el 27 de diciembre de 2021 la compra del Campus Palmas Altas y de dos parcelas anexas por un importe de 70,6 millones de euros. La superficie total es de 110.000 metros cuadrados divididos en tres parcelas. En la que ya está edificada hay siete bloques construidos que representan 48.306 metros cuadrados sobre rasante y dos sótanos, con 1.300 plazas de aparcamiento. En la segunda parcela, la Junta construirá ese macrocomplejo de 53.280 metros cuadrados. La tercera parcela será para más aparcamientos.

El coste total de la transformación de Palmas Altas, según la Junta, superará los 200 millones de euros sin contar la inversión prevista en la línea 3 del Metro, que en teoría acabará ampliando su recorrido desde Los Bermejales para llegar hasta Bellavista previa parada en la Ciudad de la Justicia. Cuando las obras concluyan, en principio en 2028, Sevilla dispondrá del doble de superficie dedicada a sedes judiciales respecto a la que tiene ahora.