Accidente mortal en el hospital de Valme

Accidente en el ascensor del Valme: La juez amplía un año la investigación

  • Autoriza el desmontaje del ascensor siniestrado y reclama información sobre las "medidas de seguridad" que deben adoptarse en los traslados de los pacientes por parte de los celadores-camilleros

  • El SAS se persona en la causa y en defensa del celador investigado, que declarará el 20 de septiembre

Uno de los accesos del Hospital de Valme. Uno de los accesos del Hospital de Valme.

Uno de los accesos del Hospital de Valme. / Belén Vargas

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La juez que investiga la muerte de la joven Rocío Cortés Núñez, que quedó atrapada el 20 de agosto de 2017 en un ascensor del Hospital de Valme tras dar a luz a su tercer hijo, ha decidido ampliar un año la instrucción de la causa, tras la petición realizada en este sentido por la Fiscalía de Sevilla y a la espera de que se practiquen todas las diligencias e informes solicitados.

En un auto dictado el pasado 2 de agosto, la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla, Elvira Alberola, ha acordado la ampliación de la instrucción durante doce meses a partir de que finalice los seis meses que se habían fijado en febrero pasado. En la resolución, la juez accede igualmente al desprecinto del ascensor siniestrado, una medida que había solicitado la Consejería de Salud para proceder a cambiar dicho elevador y que la juez ha acordado después de que las peritos hayan descartado la necesidad de hacer un nuevo análisis del ascensor.

La instructora ha acordado la ampliación del plazo de investigación porque entiende que se dan las circunstancias para la concesión de este segundo "plazo extraordinario", toda vez que están pendiente entre otras la declaración como investigado del celador que trasladaba a la paciente fallecida, así como resolver sobre la "solicitud del tráfico de llamadas así como el informe pericial a elaborar por la Unidad Central de Criminalística, pudiendo resultar de las mismas la necesidad de práctica de nuevas diligencias de instrucción esenciales a tales fines". La juez considera que si no se prorroga el plazo "sería imposible" practicar esas diligencias.

En  concreto, la juez ha requerido a las operadoras telefónicas, a petición del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, información sobre el tráfico de llamadas que se produjo entre las 14:28 y las 14:38 horas del 20 de agosto de 2017 de cuatro centralitas, de la centralita operadora y de la centralita de avisos de código de parada y de aviso de incendio, además del control de enfermería. También se han reclamado a otra compañía las llamadas entrantes y salientes del celador de quirófano, el ascensorista, el jefe de la guardia, el supervisor de enfermería de la guardia, el encargado del turno de celadores y de varios Facultativos Especialistas de Área (FEA).

El hospital de Valme tiene 963 teléfonos fijos y 295 móviles, de las cuales 11 líneas están asociadas a la centralita, una a la empresa de mantenimiento del ascensor Orona, tres al jefe de Guardia, supervisor de guardia y encargado de turno del hospital, entre otros. La juez considera imprescindible el acceso a los registros de llamada de los minutos anteriores y posteriores al siniestro, teniendo en cuenta que se investiga un delito de homicidio por imprudencia grave, por lo que considera que se cumplen los principios de “necesidad, excepcionalidad e idoneidad” con la finalidad de “esclarecer las causas del siniestro y su autoría”.

La magistrada también ha requerido a la dirección del hospital de Valme para que aporte documentación relativa a las "medidas de seguridad" relativas al traslado de enfermos por parte de los celadores-camilleros, que deben figurar en el plan de seguridad y salud del centro hospitalario, precisa la juez, que también reclama la documentación relativa a la "formación dada en dicha materia" al celador A. J. F. G., quien está citado a declarar en calidad de investigado el próximo día 20 de septiembre. 

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) se ha personado en la causa y en defensa precisamente del celador investigado, según consta en una diligencia de ordenación del mismo juzgado del pasado 2 de agosto.

De la misma forma, la juez ha solicitado a la dirección del hospital y a los responsables de la entidad Orona, o de Schindler que instaló el ascensor en 1992, para que informen acerca de qué "empresa o entidad es la suministradora del hardware/software del dispositivo CPU del ascensor siniestrado", todo ello de acuerdo con la petición realizada por la Unidad Central de Criminalística y por la Fiscalía.

En la causa también está imputado el ascensorista F. C. D., que estaba de guardia la tarde del accidente, y quien declaró en enero pasado que no tuvo ninguna “intervención o manipulación” en el aparato que determinara el trágico suceso, si bien los peritos de la empresa Atisae, que han elaborado un informe técnico por encargo de la Delegación de Industria, descartan que el ascensor tuviera ningún tipo de problema técnico que incidiera en el suceso y atribuyen lo ocurrido a un “fallo humano”.

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