La juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, que investiga el brote de listeriosis de Magrudis que ha provocado la muerte de tres personas, ha ordenado realizar una investigación del entramado de empresas relacionadas con el administrador de hecho de la sociedad, José Antonio Marín Ponce, y de sus familiares para tratar de averiguar si se ha podido producir además un posible alzamiento de bienes, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales.

En el auto, que tiene fecha del pasado lunes 7 de octubre, la instructora indica que además de Magrudis y Elaborados Cárnicos Mario -en la que figura como administrador otro hijo del dueño-, "existen antecedentes mercantiles, de los que se deduce que José Antonio Marín Ponce ha tenido cinco empresas registradas y cuatro de ellas han quedado sin actividad debido a créditos incobrables". Se trata de Marín y Maldonado SL, Sanmasur SL, Sierra Encina SL, Estirpe de Jabugo SL y Embutidos El Patio SL, siendo las cuatro últimas las que paralizaron su actividad tras acumular deudas, según ha informado este miércoles Facua.

Una de las cinco personas que fueron detenidas el pasado 24 de septiembre está vinculada a dos sociedades, Interweb Imagen SC y Rodríguez & Dorado Alimentación SL, señala la juez, que añade que el 23 de agosto se tuvo conocimiento de la existencia de que la empresa Comercial Martínez León SL comercializaba productos procedentes de la trama investigada, "información que fue ocultada por los responsables de Magrudis".

"Se deduce que con la creación de todas las entidades antes indicadas, se han obtenido grandes beneficios económicos, habiéndose creado una ingeniería mercantil dirigida de forma absoluta a prever los posibles problemas que puedan sobrevenir en el funcionamiento empresarial, tanto a nivel económico como sanitario, para lo cual ha utilizado a diferentes personas en su entorno", expone el auto.

La juez ha acordado encomendar a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia que realice "el estudio de las actividades económicas, tanto en España como en el extranjero, por parte de los investigados y de personas vinculadas por lazos familiares, que pudieran estar realizando labores de testaferro".

Esta oficina se encargará de la localización de los bienes, efectos, instrumentos y ganancias que pudieran provenir de los hechos investigados en relación a nueve personas y diez empresas, tras lo que facilitará los datos que obtenga a los miembros de la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) de la Guardia Civil que llevan a cabo la investigación.

Facua señaló la semana pasada que Pedro Marín Ponce, hermano del administrador de hecho de Magrudis,  figura como administrador único de una empresa cárnica sin registro sanitario, Bellota Finca Santa Marta SL., por lo que solicitará a la juez que incluya también en la investigación a esta sociedad y a Pedro Marín Ponce, máxime teniendo en cuenta que la Guardia Civil concluyó que este hermano participa en el entramado Magrudis.

La juez habla de una "trama organizada"

En el auto, la instructora señala, tal y como había apuntado en su momento la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, que de la investigación llevada a cabo hasta el momento se deduce que "podríamos encontrarnos ante una trama organizada, que ha creado distintas entidades mercantiles, todas con objeto social similar, así como los mecanismos necesarios para eludir el pago de las deudas y obtener cuantiosos beneficios económicos".

La juez continúa indicando que "incluso la última entidad, Magrudis SL, colocó en la cadena comercial de alimentos para personas, carne procesada con presencia de Listeria monocytogenes, lo que ha provocado muertes, abortos y lesiones, por lo que se hace necesario averiguar los activos, bienes, instrumentos, ganancias o efectos provenientes de las actividades ilícitas investigadas, que podrían ser constitutivas de un delito contra la salud pública, homicidio por imprudencia, lesiones al feto con resultado de muerte e insolvencia punible".

La juez aún no se ha pronunciado sobre los recursos presentado por la defensa del propietario de Magrudis José Antonio Marín Ponce y de su hijo Sandro José Marín Rodríguez, que están en prisión desde el pasado 26 de septiembre y que han solicitado su libertad al entender entre otros motivos que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas para mantenerlos privados de libertad.

La instructora ha dadotraslado a la Fiscalía y a las partes personadas para que se pronuncien sobre los recursos presentados, que son de reforma y subsidiarios de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla, y a continuación resolverá sobre si mantiene la medida de privación de libertad o la levanta.