El juez pone en libertad a un tercer policía del grupo antidroga de Alcalá de Guadaíra

El juez de Alcalá de Guadaíra que investiga a cinco policías del grupo de estupefacientes de la Comisaría de Alcalá de Guadaíra ha puesto en libertad provisional a otro de los agentes, con lo que ya sólo quedan en prisión provisional dos funcionarios, uno de ellos el jefe de la unidad antidroga. Los cinco agentes fueron detenidos a finales de septiembre de 2024 en el transcurso de una operación antidroga.

En noviembre pasado, el juez ya puso en libertad a dos de los cinco agentes en libertad sin fianza, aunque el juez sí les impuso la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado y, ante la gravedad de los hechos que se les imputan, se acordó además la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio español. Ahora ha decido poner en libertad a un tercer agente, defendido por el abogado Simón Fernández, del bufete Constitución 23, mientras siguen encarcelados dos policías, uno de ellos el responsable de la unidad antidroga.

Junto a los policías excarcelados, el juez ya ha dejado libres con anterioridad a otras cuatro personas, entre ellas los padres del que está considerado como el presunto líder de la organización, quienes salieron de la cárcel tras abonar una fianza de 12.000 euros cada uno.

Los cinco funcionarios fueron detenidos a primera hora de la mañana del 17 de septiembre de 2024 en una operación antidroga desarrollada tanto en Alcalá como en otros municipios cercanos. En sus respectivas comparecencias, estos cinco agentes únicamente respondieron a las preguntas planteadas por sus defensas. En la causa se investigan hasta diez delitos: de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, cohecho, contra la Administración Pública, descubrimiento de secretos, contra el patrimonio, falsedad documental, coacciones, omisión del deber de perseguir delitos y tenencia ilícita de armas.

En la operación fueron inicialmente detenidas 36 personas, aunque la Policía dejó en libertad a media docena de los arrestados sin ponerlos a disposición judicial. Además de los cinco agentes, inicialmente fueron enviados a prisión provisional otras seis personas, mientras que el resto quedó en libertad con las medidas cautelares de comparecencia apud acta los días 1 y 15 de cada mes y la retirada del pasaporte, y varios incluso sin la adopción de ninguna medida cautelar.

Una investigación de seis meses y bajo secreto de sumario

Las pesquisas policiales se iniciaron hace unos seis meses de que se llevaran a cabo las detenciones y permanecieron declaradas secretas durante todo este tiempo. En estos meses se efectuaron escuchas, seguimientos, vigilancias y otras medidas propias habituales en este tipo de casos. Los agentes realizaron 27 registros en Alcalá de Guadaíra y otras localidades, como Utrera, Los Palacios, Mairena del Alcor, Morón de la Frontera o Dos Hermanas, entre otros municipios. En algunos de ellos se intervinieron distintas cantidades de droga, como un kilo de cocaína y pequeños paquetes destinados a la venta al menudeo. Estas sustancias no se hallaron en las casas de los policías, que se registraron sobre las cinco y media de la mañana, antes que las del resto de los implicados. Muchas de las entradas en domicilios se llevaron a cabo en la barriada de Rabesa, una de las más deprimidas de la localidad y precisamente donde se encuentra ubicada la comisaría.

Una de las cuestiones que se están investigando, según indicaron a este periódico fuentes del caso, es la posible reventa de efectos intervenidos en operaciones antidroga. Para ello, los policías investigados requerían de la colaboración de un chatarrero de Alcalá, que también fue detenido en la operación. Este chatarrero era la persona encargada de hacerse con objetos y herramientas utilizadas para las plantaciones de marihuana, tales como focos, balastros, conectores y aparatos de aire acondicionado. En teoría, se las entregaban para que las destruyera y emitiera el correspondiente certificado garantizando la eliminación de estos residuos. Sin embargo, se le investiga por revenderlas y repartir supuestamente el dinero entre todos. No ha trascendido el grado de implicación de cada uno de los cinco agentes y si todos participaban de estas actividades irregulares, o al menos las conocían.