juicio de los ERE

Un ex director de IDEA alega que nadie le advirtió de "anomalía o ilegalidad" alguna sobre las ayudas

  • La defensa de Jacinto Cañete dice que cuando se incorpora en 2008 a la agencia, IDEA llevaba "siete años materializando los pagos del programa 31L"

Jacinto Cañete Jacinto Cañete

Jacinto Cañete / Efe

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La defensa del ex director general de IDEA Jacinto Cañete ha asegurado este martes en el juicio de los ERE que nadie le advirtió de "anomalía o ilegalidad" alguna a su llegada a la agencia en relación con las ayudas que se pagaban por encargo de la Consejería de Empleo.

El abogado Juan Carlos Alférez, que representa a Jacinto Cañete, ha explicado que cuando se incorporó a IDEA, en mayo de 2008 -estuvo en el cargo hasta diciembre de 2009-, "nadie le informó de anomalía o tacha de ilegalidad en el hecho de que Idea firmara los convenios y acatamiento de las órdenes de pago de la Dirección General de Trabajo".

El letrado ha indicado que los secretarios generales, directores de Administración y Finanzas y los asesores jurídicos de Idea "no veían la menor irregularidad"; y como director general de la agencia, su actuación en el programa "comenzaba y terminaba con la firma del convenio, que sólo era la aceptación de una orden de pago con cargo a fondos previamente transferidos por Empleo".

A la llegada de Cañete, la Agencia Idea llevaba ya "siete años materializando los pagos del programa 31.L de la Consejería de Empleo y dicha actividad, era una actividad absolutamente residual y tangencial para el ente público", dado que esta partida suponía el 7,42% del presupuesto total de la agencia, que tenía un papel de “mera caja pagadora de las ayudas” concedidas por Empleo. "Cuando mi mandante tomó posesión del cargo y despachó con su antecesor, Miguel Ángel Serrano Aguilar, es fácil entender que ni éste, ni el secretario general ni nadie de la agencia Idea le hiciera la menor referencia ni advertencia de anomalía de clase alguna respecto a un programa, el 31.L ni de nada de especial relevancia, dado que el director general no tenía que tomar la menor decisión al ser Idea una mera caja pagadora", ha insistido.

Esta defensa, como han hecho otras tantas que le han precedido, ha denunciado el "desordenado relato de hechos" que imputan las acusaciones, respecto a los cuales, "es imposible engarzarlos en una concreta subsunción típica, por parte de las acusaciones no se ha realizado el menor esfuerzo de detallar qué concreto hecho, por acción o por omisión, por autoría directa o por coautoría, por complicidad o por coparticipación, es tributario de ser subsumido en qué concreto delito" se les atribuye, ha aseverado.

Alférez ha mantenido que el único rol de la gencia Idea era el de ser "caja pagadora, sin la menor participación ni conocimiento del expediente administrativo" de tramitación de la concesión de las ayudas, y ha defendido que Jacinto Cañete actuó en todo momento "siguiendo el criterio marcado por la secretaría general de la agencia, la asesoría jurídica y la dirección de Administración y Finanzas".

De la misma forma, la defensa ha afirmado que nadie trasladó ni su cliente ni éste leyó "ni uno solo de los informes anteriores a los notificados a Idea bajo el mandato de Cañete", ya que "no era función del director General analizar todos y cada uno de los informes que recibía. Le fueron notificados sólo tres informes y un cuarto a escasos días de cesar".

Por último, ha señalado que IFA/IDEA no es una entidad colaboradora, es un "ente instrumental" al servicio de la Consejería, como medio propio de la administración en el seno de una encomienda administrativa.

 

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