El juicio por la muerte del niño de Morón tendrá que esperar: la madre acepta que fue un homicidio imprudente pero el padre se niega

El caso de Antonio David Barroso, el menor de Morón de la Frontera que desapareció y cuya muerte ya ha sido asumida por su madre, ha vivido este lunes un nuevo capítulo judicial. La audiencia preliminar previa al juicio podría haber puesto el punto y final a esta desgraciada historia, ya que la defensa de Macarena Díaz ha anunciado que iba a conformarse con la condena que pide la Fiscalía, que no es de cárcel sino de libertad vigilada y tratamiento en un centro psiquiátrico por un delito de homicidio imprudente con la eximente total de anomalía psíquica. La mujer padece un trastorno bipolar grave, de ahí esa solicitud. Pero no ha sido así. La acusación particular ejercida por el padre del niño ha insistido en calificar los hechos como homicidio cometido por omisión y ha vuelto a reclamar que la causa se dirima en la Audiencia de Sevilla, incluso en un juicio con jurado popular. En consecuencia, el juez se ha dado diez días para resolver estas cuestiones previas y decidir si él mismo celebra la vista oral, que es lo más probable, o si retrotrae el asunto hasta la formulación de los escritos provisionales, en cuyo caso daría la razón al padre.

Todo eso ha sucedido en el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla. Allí se han reencontrado, aunque sin cruzar palabra, tanto la madre como el padre de Antonio, que desapareció cuando tenía 14 años. El rastro del chaval, con una discapacidad que le hacía ser totalmente dependiente, se acabó el 12 de septiembre de 2021. Ese día hizo un viaje con su madre, que en ese momento sufría un brote psicótico de su enfermedad mental. El juzgado que investigó el asunto lo calificó como un homicidio imprudente al creer que el menor murió en Morón poco antes del vaje. La madre, tras dar mil y una versiones, acabó reconociendo que se deshizo del cuerpo y que lo arrojó a un contenedor de basura en Madrid. Los restos, sin embargo, nunca han aparecido.

"Yo creo que sí, que fue una muerte intencionada. Hay indicios de que ella lo dejó morir", ha dicho el padre, Antonio, a la salida del acto judicial celebrado este lunes. "Lo más duro es no saber dónde está. Él no se merecía esto", ha lamentado. "Espero que el juez cambie esto, estudie el caso bien y vea lo que veamos nosotros", ha deseado. En cuanto al otro factor fundamental en esta ecuación, el problema psiquiátrico de su expareja, el progenitor de Antonio ha expresado sus dudas de que al menos lo padeciese cuando hizo desaparecer a su hijo: "No tiene mucho, puede que algo pero no me constaba ni a mí ni a nadie. Ahora sí parece", ha dicho.

El juicio, que ya se suspendió el pasado 9 de enero, confronta dos versiones opuestas. La Fiscalía pide una medida de libertad vigilada para la madre, a la que considera responsable de la muerte de su hijo pero con la eximente completa por su trastorno mental. La pena incluiría la obligación de seguir un tratamiento médico externo o de someterse a un control médico periódico, así como la prohibición de acercarse a su hija menor de edad sin la supervisión de algún familiar o en un punto de encuentro designado y el pago de 110.662 euros para indemnizar al padre. La defensa, que inicialmente solicitaba la absolución, ha confirmado este lunes que se adhiere a esa calificación del Ministerio Público. Pero el padre, en cambio, habla de un delito de homicidio en comisión por omisión, ya que la madre dejó de administrarle al niño su medicación, y reclama veinte años de cárcel.

El problema para la acusación particular es que el caso se investigó como homicidio imprudente y el juzgado de Morón pidió a la acusación particular que adaptara su petición a dicho delito, que se castiga en el Código Penal con penas de entre uno y cuatro años de cárcel. No hubo respuesta y por eso el proceso se mantuvo bajo los parámetros del homicidio imprudente.

La audiencia preliminar

Este lunes, ya ante el juez de lo Penal número 1, la gran novedad es que la defensa de Macarena ha anunciado que su intención era conformarse con el escrito del fiscal. El acusador público, por su parte, no ha planteado ninguna cuestión previa. El abogado del padre, por su parte, sí. Y lo que ha hecho es pedir la nulidad de las actuaciones porque, en su opinión, se ha vulnerado el derecho de su cliente a una tutela judicial efectiva. "Se nos obligaba a acomodarnos a la calificación del fiscal", ha criticado el letrado, Jesús Fernández. "Las calificaciones son exclusivas de las acusaciones", ha recordado. Se refería de este modo a la conclusión del juzgado que investigó el caso, que limitó lo ocurrido a una imprudencia de la madre con resultado mortal, cuando la perspectiva del padre es contraria.

"Se ha generado una evidente indefensión", ha proseguido el abogado, en cuya opinión "es el momento de estimar la nulidad y retrotraer las actuaciones a los escritos provisionales", ha concluido.

Consultado entonces por el magistrado, el fiscal se ha preguntado si la defensa recurrió el auto en el que el caso se convirtió en procedimiento abreviado. Esto es, el auto que puso el punto final a la investigación. La respuesta es que no lo hizo aunque "ese habría sido el momento procesal" para que la acusación por homicidio por comisión hubiese tenido posibilidades de prosperar. "Lo que podría haber hecho es recurrir en reforma e interesar la conversión en sumario o en Tribunal del Jurado", ha agregado el fiscal.

La acusación particular ha tenido después su turno de contrarréplica y ha cerrado cualquier opción de aceptar el escrito de la Fiscalía, al menos de momento. "Lógicamente, la calificación jurídica no puede ser en ningún caso la de homicidio imprudente, así que no podemos llegar a ningún tipo de conformidad", ha apostillado. Su solicitud, por tanto, es que se celebre el juicio. Y si así ocurre, pedirá la pena máxima por el delito de homicidio por imprudencia, que son cuatro años de prisión.

El relato de los hechos

En su escrito, la Fiscalía hace un relato de lo que pudo ocurrirle a Antonio David Barroso. Nacido el 8 de octubre de 2007, a los seis años se le diagnosticó una enfermedad epiléptica denominada síndrome de Lenox-Gastaut que necesita de medicación específica. La madre, por su parte, padece un trastorno bipolar del que se descompensa si deja de medicarse, algo que estaba haciendo desde unos meses antes. De hecho, faltó a dos citas médicas y su psiquiatra la visitó en su domicilio el 31 de agosto de 2021, doce días antes de la desaparición de su hijo.

Macarena, además, había comentado al neurólogo que atendía al niño desde principios de 2020 que estaba buscando una segunda opinión porque su hijo "evolucionaba poco". El médico le advirtió de que si a Antonio David le faltaban algunos de los medicamentos prescritos, podría sufrir "más ataques epilépticos, convulsiones de mayor duración, sialorrea (babeo excesivo) y espumeración por la boca". Uno de los primeros efectos adversos podía ser la fiebre y el aumento de las convulsiones, que a su vez podían desembocar en una dificultad para tragar. "La reiteración de los ataques epilépticos, unida a una dificultad para tragar, puede provocar el fallecimiento", apunta el escrito del fiscal. El facultativo le indicó que debía acudir inmediatamente a urgencias si aumentaban los ataques.

"Macarena, haciendo caso omiso de estas advertencias y recomendaciones, comenzó a retirar la medicación que tenía prescrita su hijo y a suministrar complementos alimenticios en sustitución de los mismos", asegura la Fiscalía. El 8 de septiembre, cuatro días antes de la desaparición, el menor sufrió una recaída y llegó a tener 40 grados de fiebre. Y entonces, según sostiene la Fiscalía, la madre actuó "faltando a los deberes propios de su posición de garante, omitiendo el más elemental deber objetivo de cuidado y desoyendo las recomendaciones y advertencias de los facultativos". En concreto no llevó al niño al médico y lo medicó "con los fármacos que se le ocurrieron", básicamente "paracetamol y apiretal". También le aplicó paños húmedos para bajarle la fiebre y le dio agua en la boca con jeringuillas. A pesar de que el niño no mejoraba y de que llegó a echar "abundante espuma por la boca", no llamó a los servicios sanitarios.

Según el escrito de la Fiscalía, que se basa en un informe del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla, la muerte del niño pudo producirse entre las cinco y las seis de la tarde del domingo 12 de septiembre. Después, Macarena limpió "exhaustivamente la casa y arrojó a la basura una serie de enseres y ropa". Montó al niño en la furgoneta en la que habitualmente lo trasladaban, una furgoneta Citroën Evasión, y se dirigió primero desde Morón hasta Cádiz para luego regresar en dirección Sevilla y emprender el camino por la Ruta de la Plata hacia el norte. Pararon sobre las 17:30 horas en Miajadas (Cáceres) y a las 21:30 llegaron a un hotel de Talavera de la Reina. Allí, Macarena fue atendida por un recepcionista que vio a una persona aparentemente dormida en una silla de ruedas.

Cuatro horas después, a las 0:30 horas del 13 de septiembre, Macarena se marchó del hotel "también acompañada por su hijo en la silla de ruedas". A las 2:11 de ese mismo día llegó hasta las inmediaciones de la calle Pedro Piquer de Madrid, donde "tiene la intención de parar al lado de unos contenedores de basura pero decide continuar el camino". A continuación cogió la salida Aluche-Carabanchel y en la calle Illescas "encuentra varios contenedores de plástico junto a unos edificios rojos que quedan a la izquierda, al otro lado de la A-5". Es ahí donde la madre aseguró que había arrojado el cuerpo sin vida de Antonio David. A pesar de "la intensa búsqueda realizada en los vertederos de Pinto y Valdemingómez, donde se recibían los residuos procedentes de dichos contenedores, no se ha encontrado resto alguno del cuerpo del menor", replica la Fiscalía.

La siguiente ubicación precisa de Macarena es a las 7:30 horas del día 13. La mujer llegó a una estación de servicio de la N-1, en el kilómetro 130, ya sin el niño. La empleada de la gasolinera se puso en contacto con el 112 y le pasó a Macarena el teléfono. Ella dijo que necesitaba un psiquiatra. A las 9:55 se personaron en el lugar los servicios sanitarios y una patrulla de la Guardia Civil de Prádena (Segovia) a la que Macarena le dijo que había lanzado a su hijo menor y discapacitado a un contenedor a la entrada de Madrid. Fue trasladada a la Unidad de Salud Mental del hospital de Segovia, donde permaneció ingresada hasta el 4 de octubre. Ese día pasó al hospital de Valme, que le dio el alta tras estabilización y ajuste de medicación el 28 de octubre de 2021.

Un informe forense hecho a Macarena tras sendos reconocimientos en noviembre y diciembre de ese año concluyó que presentaba "mermas muy importantes de sus capacidades tanto intelectivas como volitivas, debido a descompensación psicótica con actividad delirante autorreferencial, de perjuicio y mística que conducía a un juicio de realidad alterado". Esto, según la Fiscalía, le impedía "conocer la realidad de la situación que estaba viviendo" y abolía su capacidad de raciocinio o cualquier crítica. Por tanto, "su voluntad estaba igualmente afectada".

La defensa se basó en esta anulación de la capacidad mental para pedir que se le aplicase la eximente completa de cualquier culpabilidad. La familia del padre asegura que desconocía por completo esta enfermedad de la madre y se pregunta por qué tenía la guarda y custodia del menor si no estaba en condiciones para ejercerla. Igualmente, asegura en su escrito de acusación que Macarena, "de manera consciente y sabedora del posible resultado que tendría este hecho", empezó a retirar la medicación del niño, con lo que "omitió las más indispensables normas de prudencia en el cuidado del menor dada su posición de garante".