Veredicto: culpable. Por mucho que su abogada proclamase que nunca había perdido un juicio con jurado popular, el teniente de la Guardia Civil de Sevilla acusado de corrupto y de colaborar con bandas de narcotraficantes comprobó este viernes con desazón que el augurio de su representante no se cumplía, más bien todo lo contrario, y que él era declarado responsable de todos los delitos que le atribuía la Fiscalía. En total, cinco: cohecho, tentativa de narcotráfico, revelación de secretos y dos intentos de hurto. Uno fue el de 100.000 euros que creía que estaban ocultos en un vehículo estacionado en la Comandancia, aunque allí no había nada, y otro el de 29 fardos de hachís también en el cuartel de la Benemérita.

Los nueve jurados alcanzaron por unanimidad esta conclusión y la de que los otros acusados también eran culpables: José María C.C., el intermediario entre el teniente Raúl P.M. y varios traficantes; y su primo Roberto O.C. Al primero le admitieron al menos las atenuantes de confesión (reconoció los hechos al ser detenido) y dilaciones indebidas (el proceso judicial se ha alargado más de la cuenta sin que él haya sido el causante de la demora), pero no la de drogadicción. Su familiar sí se beneficiará de las tres.

Tras oír el veredicto, la Fiscalía mantuvo su petición de doce años y un mes de prisión para Raúl P.M.: ocho por cohecho continuado (más catorce de inhabilitación especial), tres por tentativa de narcotráfico (más una multa de 1,5 millones de euros), nueve meses por una tentativa de hurto y cuatro meses por la otra. La reclamación en contra de José María C.C. es de tres años (uno y medio por cohecho, uno por intento de narcotráfico y seis meses por tentativa de hurto) más otros dos meses por la segunda tentativa de hurto, que por ley se sustituyen por una multa de 720 euros. Y para Roberto O.C., un año por narcotráfico en grado de tentativa, tres meses por un intento de hurto y el mismo castigo pecuniario por el otro. A los dos primos les exige el fiscal sendas multas de 600.000 euros por el delito contra la salud pública.

De acuerdo con el veredicto, el teniente tenía “relaciones cordiales” con José María C.C., que trabajaba en un negocio de motos de agua, y a través de él “tuvo conocimiento y contacto con personas relacionadas con el tráfico de drogas”. Accedió a colaborar con ellas “por dinero” y para eso “atrajo” a un agente encubierto, testigo clave del caso, que era jefe del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) y podía entrar en bases de datos que eran inaccesibles para él. El teniente corrupto recibió varios pagos procedentes de la droga para que buscase información, por ejemplo sobre si los narcos estaban siendo investigados. También fue él quien “organizó la operativa para apoderarse” de los 29 fardos de hachís y sustituirlos por 16 que estaban rellenos de arena el 7 de agosto de 2020.

El jurado estableció por unanimidad que Raúl P.M. es “culpable de obtener dinero” procedente de narcotraficantes y “culpable de participar” en los dos “hurtos intentados”.