La Fiscalía ha rebajado mínimamente las penas de cárcel que pide para el teniente de la Guardia Civil que está siendo juzgado bajo la acusación de intentar traficar con droga, ayudar a organizaciones dedicadas a esa actividad ilícita y tratar de robar varios fardos de hachís que estaban custodiados en la Comandancia donde él trabajaba como jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic). Inicialmente solicitó un total de catorce años y cuatro meses por cuatro delitos y este viernes, en el trámite de conclusiones definitivas, modificó su escrito para dejar la reclamación en doce años y un mes.

Cuando comenzó la vista oral ante un jurado popular en la Audiencia de Sevilla, el Ministerio Público pedía para Raúl P.M. ocho años por un delito continuado de cohecho; cuatro años y una multa de tres millones de euros por un delito de tráfico de drogas; dos años por un delito de hurto; y cuatro meses por otro delito de hurto en grado de tentativa; además de una multa de 2.880 euros y tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de revelación de secretos.

Tras el desarrollo del juicio, el fiscal reconsideró dos de esos delitos, el de narcotráfico y el de hurto, ambos vinculados a la sustracción de 29 fardos de hachís el 7 de agosto de 2020, y llegó a la conclusión de que ambos no llegaron a ser ejecutados completamente por el acusado, entre otras cosas porque la Guardia Civil estaba en preaviso gracias al agente encubierto que se hizo pasar por corrupto ante Raúl P.M. y frustró aquella operación.

"La droga siempre estuvo bajo control policial", argumentó el representante de la Fiscalía ante el jurado popular y la magistrada-presidenta del Tribunal para justificar por qué dejaba ambos delitos en el grado de tentativa, con la correspondiente rebaja. Por el intento de narcotráfico pasó de cuatro a tres años y por el intento de hurto, de dos años a nueve meses. La reducción total es de dos años y tres meses. Y a eso hay que sumar la disminución en la multa que propone la acusación pública por el delito contra la salud pública, que empezó siendo de tres millones de euros y definitivamente se queda en la mitad, un millón y medio.

En cambio, el fiscal no tocó ni el cohecho (ocho años) ni la otra tentativa de hurto (cuatro meses por la sustracción también fallida de 100.000 euros que creían que había en un vehículo almacenado en la Comandancia) ni la revelación de secretos (por filtrar a varios narcos información sensible sobre ellos).

La defensa del agente, que hace algo menos de un año rechazó un acuerdo con la Fiscalía por el que se le habrían impuesto dos años de reclusión, no se mostró nada conforme con la calificación e insistió en pedir la absolución, aunque cambió un matiz y alegó que lo reclamaba "por delito provocado". Es decir, que apuntó de nuevo al agente encubierto como instigador de las acciones que cometió o ideó Raúl P.M.