La Ley de Protección Integral de la Violencia de Género entró en vigor el 29 de junio de 2005 y desde ese día hasta el 30 de junio de 2020 los juzgados de violencia contra la mujer españoles han recibido 1.896.328 denuncias; se han acordado 375.892 órdenes de protección y los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) han dictado un total de 704.749 sentencias, con un porcentaje medio de condenas del 72,7 %.

En Andalucía, desde el año 2007, fecha desde que se disponen de datos, los juzgados de violencia sobre la mujer han recibido 398.000 denuncias. Esta comunidad es la acumula el mayor número en el periodo analizado. Dejando de lado 2020, muy condicionado por la crisis sanitaria y la declaración del estado de alarma, el número más bajo de denuncias presentadas en toda España fue 2013 con 124.894. A partir de ese ejercicio, fueron aumentando hasta las 168.057 de 2019.

Estos datos figuran en un informe, elaborado por el servicio de Estadística Judicial del Consejo General del Poder Judicial, con el que se pretende mostrar la aplicación de esta ley durante sus quince años de vigencia en cada uno de los tipos de órganos judiciales implicados en la lucha contra la violencia de género.

Respecto a la nacionalidad de las denunciantes, las mujeres que acudieron a los juzgados andaluces en el periodo de tiempo analizado han sido de nacionalidad española en un 76,3%. Además, aquellas que solicitaron órdenes de protección fueron casi todas (77,3%) mayores de edad, frente a un 1,5% de menores. En cuanto a la nacionalidad de los denunciados, un 79,7% eran españoles y el 20,3% extranjeros. 

Órdenes de protección

El porcentaje de órdenes de protección acordadas por los juzgados españoles en funciones de guardia en relación con el número de solicitadas alcanzó su nivel mínimo en 2013, al situarse en el 69,3 %. A partir de ese año, las órdenes de protección acordadas aumentaron de forma progresiva hasta alcanzar, en el primer semestre de 2020, el 78,2 % de las solicitadas.

Los juzgados de violencia sobre la mujer puros adoptaron el 62,9 % de las órdenes de protección incoadas; el porcentaje aumenta hasta el 72 % en los juzgados mixtos, tendencia que se ha mantenido constante durante todo el periodo analizado.

Las medidas penales que más se han adoptado dentro del marco de la orden de protección han sido el alejamiento y la prohibición de comunicación. En general, las medidas se han adoptado, en más de un 90 % de los casos, a petición de la víctima, con la excepción de la privación de libertad, que se ha acordado a instancia de la víctima en el 63,9 % de los casos y a instancia del fiscal en el 33,4 %. En cuanto a las medidas de naturaleza civil, las más frecuentes han sido la atribución de vivienda y la prestación de alimentos, concedidas en el 94 % de los casos a petición de la víctima. 

El atestado policial, el medio por el que llegan las denuncias

El 80,3 % de las denuncias se recibieron en los juzgados por atestado policial, incluyendo este porcentaje las presentadas por la propia víctima, por familiares o por intervención directa de la policía. Las denuncias presentadas directamente por víctima o familiares ante el juzgado alcanzaron su máximo nivel en 2007 (11,6 %) y, desde 2014, experimentaron un descenso hasta llegar al 2,9 % de 2019 o al 2,4 % del primer semestre de 2020.

Si te tiene en cuenta el número de denuncias por cada 10.000 mujeres mayores de edad (medidas con las cifras oficiales de españolas y extranjeras empadronadas), la media global del periodo es de 48,6 víctimas españolas por cada 10.000 mujeres españolas y de 223,1 extranjeras por cada 10.000 de otras nacionalidades diferentes a la española. El dato indica que la violencia de género es más grave entre las mujeres extranjeras, aunque debe matizarse teniendo en cuenta que entre las denunciantes puede haber mujeres no empadronadas.

Dispensas a la obligación legal de declarar

Andalucía, con 40.601 es la comunidad donde se ha dado en mayor número de dispensas a la obligación legal de declarar. Según el informe sobre los quince años de la ley Protección Integral contra la Violencia de Género el análisis de las dispensas a la obligación legal de declarar según la nacionalidad de la víctima muestra que las mujeres extranjeras son más proclives a renunciar a prestar declaración contra sus agresores. Así, el número de dispensas por cada 10.000 mujeres mayores de edad es de 29,7 cuando se trata de víctimas extranjeras y de 5,4 en las españolas.

Personas enjuiciadas y sentencias

En Andalucía el 97,5% de las personas enjuiciadas por violencia de género fueron varones, de los que el 39,4% de los condenados fueron españoles y el 8,5% extranjeros. El 40,7% de los hombres españoles enjuiciados fueron absueltos, la misma sentencia que alcanzó el 8,9% de los extranjeros enjuiciados.

Los juzgados de violencia sobre la mujer, que enjuician delitos leves, dictaron en los quince años analizados un total de 291.272 sentencias. Las sentencias condenatorias sumaron 232.536 (el 79,8 %) y, de ellas, 172.600 se dictaron de conformidad. 

El porcentaje de sentencias condenatorias dictadas durante estos quince años varía según el tipo de órgano judicial. El 78,3 % de las sentencias dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer puros fueron condenatorias, porcentaje que aumenta hasta el 81,3 por ciento si se trata de las dictadas por los juzgados mixtos (que tienen asumidas otras competencias, además de violencia de género). Esta distribución se ha mantenido constante durante todo el periodo. En Andalucía fueron 19.656 condenatorias con conformidad, 42.388 absolutorias y 20.532 condenatorias.

El alejamiento y la prohibición de comunicación vuelven a ser las medidas más frecuentes. El porcentaje en que se aplicó la primera de ellas oscila entre el 36 % de 2014 y el 96,5 % de 2005; la aplicación de la segunda varía entre el 34,3 % de 2014 y el 83,2 % de 2005.

Entre las medidas civiles, la atribución de la vivienda y la prestación de alimentos fueron las más frecuentes.

Juzgados de lo Penal

Los Juzgados de lo Penal han dictado un total de 410.392 sentencias, de las que 218.523 fueron condenatorias, lo que representa el 53,2 % del total. Entre las condenatorias, 103.812 lo fueron de conformidad, es decir, con reconocimiento de los hechos por parte de la persona acusada. 

Si se compara los datos referidos a las condenas en asuntos de violencia contra mujer con los de violencia doméstica y con el resto de tipos de asuntos, se comprueba que, de manera constante a lo largo de los años, el porcentaje de sentencias condenatorias en casos de violencia contra la mujer es ligeramente inferior al de violencia doméstica y significativamente más bajo que en otros tipos de asuntos.

Según el tipo de órgano judicial, el porcentaje medio de condenas de todo el periodo vuelve a ser superior en órganos no especializados en violencia sobre la mujer (53,5 %) que en los juzgados de lo penal especializados (52,4 %).

El número de personas enjuiciadas por los juzgados de lo penal ha sido de 424.875, de las que el 96,7 % eran varones. Fueron condenadas un total de 224.820 personas, lo que representa el 52,9 % de las enjuiciadas. Entre los condenados, 219.891 eran hombres, siendo 152.963 españoles y 66.928, extranjeros. El número de mujeres condenadas ascendió a 4.929, de las que 3.316 eran españolas y 1.613, extranjeras.

Los juzgados de lo penal españoles absolvieron a 200.055 personas, 191.094 de las cuales eran hombres y 8.961, mujeres.

Audiencias provinciales

Las audiencias provinciales han dictado un total de 3.117 sentencias en todo el periodo analizado. El porcentaje de condenas es en general muy elevado (85,2 %), cifra que se eleva hasta el 96,1 % en los procedimientos con jurado.

El número de personas enjuiciadas por las audiencias provinciales ascendió a 4.926, de las que fueron condenadas 3.962 (el 80,4 %). Del total de condenados, el 66 % (2.614) eran españoles y el 98 % (4.834) eran hombres.

Juzgados de Menores

Durante los quince años de vigencia de la ley, los juzgados de menores registraron 3.218 asuntos y dictaron 2.377 sentencias, de las que 2.296 lo fueron en procedimientos por delito y 81 en procedimientos por faltas o delitos leves.

Los juzgados impusieron medidas (el equivalente a la condena) en 2.108 sentencias por delito y en 69 en sentencias dictadas en procedimientos por faltas.

El número de menores enjuiciados fue de 2.175. De ellos, 346 tenían entre 14 y 15 años y 1.829, entre 16 y 17. Eran españoles 1.694.